Thomas Greg & Sons hizo oficial su denuncia penal contra el abogado y exmagistrado de la Corte Constitucional Luis Guillermo Pérez, jurista cercano al petrismo, por las declaraciones que dio en medio de las elecciones presidenciales de este 2026.
El apoderado de esa compañía, Mauricio Pava, presentó oficialmente ese proceso ante la Fiscalía General de la Nación por las afirmaciones que hizo Pérez en meses recientes y en las que se mencionó a esa firma, vinculándola con supuestas irregularidades que podrían ocurrir en los comicios.
En el documento presentado ante el ente acusador la empresa deja claro que su misionalidad era la de “un operador estrictamente logístico y tecnológico” que “no cuenta votos ni consolida resultados”, contrario a lo que Pérez y hasta el presidente Gustavo Petro le atribuyeron en medio de sus declaraciones de los meses recientes.
“El denunciado, conociendo esta realidad, tergiversó el funcionamiento normal del software de la Registraduría para crear zozobra”, se detalla en la denuncia penal contra el abogado Pérez.
El documento de 19 páginas presentado por el apoderado de Thomas Greg & Sons recoge las publicaciones que el abogado Pérez difundió en sus redes sociales refiriéndose a las elecciones y al funcionamiento de los formularios E-14, en las que habló de un supuesto fraude.
Estas fueron divulgadas entre el domingo 21 de junio y el lunes 22, cuando el preconteo de votos informó a Abelardo De La Espriella como ganador de la segunda vuelta, y en días posteriores cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya adelantaba el proceso de escrutinio con el que se ratificó ese resultado.
Thomas Greg señala a Pérez por los presuntos delitos de perturbación al certamen democrático y hostigamiento, subrayando que sus publicaciones habrían contribuido a la desinformación sobre el proceso electoral.
Una batalla de larga data
Ya desde febrero de este año, a menos de un mes de las consultas interpartidistas y las elecciones al Congreso, los ruidos que minaban la confianza en los resultados y que provenían desde la Casa de Nariño preocupaban.
El 18 de febrero, por ejemplo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, lanzó una fuerte advertencia desde Cúcuta, en Norte de Santander, donde lideró una Comisión de Seguimiento Electoral. Entonces, habló de un “error” en el tarjetón diseñado por la Registraduría y se refirió al riesgo de un posible “fraude”.
“El tarjetón para las consultas no tiene el espacio en blanco. Entonces si el elector no marca el tarjetón queda abierta la posibilidad de que lo marque otro. Esa fue para mí una falla, una falla que puede dar pie a un fraude. Porque ¿quién garantiza que el tarjetón no marcado no lo puedan marcar después? Nadie”, respondió Benedetti.
Eso lo dijo horas después de que el presidente Gustavo Petro manifestará públicamente su molestia con el registrador, Hernán Penagos, porque explicó que en el diligenciamiento del formulario E-14 las casillas en blanco no debían marcarse y advirtió que llenarlas con símbolos podía generar dificultades técnicas e inconsistencias en el proceso de consolidación de datos.
Petro, molesto, respondió a través de su cuenta oficial de X: “Dejar casillas en blanco en los formularios de las mesas firmadas por jurados lleva al fraude electoral. Las casillas deben llenarse con X para que no sean transformadas en números falsos ante mesas que no logran tener testigos electorales. La Registraduría debe impedir este tipo de estímulos al fraude”.
En otra oportunidad, en 2024, Petro lanzó críticas contra la Registraduría. “El software de la Registraduría con que se hacen los escrutinios es maleable, es modificable, es débil, es manipulable desde adentro y desde afuera, y fue a través del software que se hizo el fraude al Partido Mira, en beneficio de otros que ya no vale la pena recordar”, denunció.
Gustavo Petro tampoco confiaba en Thomas Greg & Sons, la firma privada que contrató la Registraduría para la logística de las elecciones del 2026. Lo paradójico es que esa empresa ha organizado las cuatro elecciones en las que él ha participado y triunfado.
Entonces, Petro, contra todo pronóstico jurídico, emprendió una batalla para quitarles el millonario contrato de pasaportes.
“Absolutamente inmoral que candidatos de alta gama de la oligarquía dirijan la empresa que hace los cómputos. Enorme burla a la democracia”, dijo el presidente en su momento.
“Yo no quiero aplazar elecciones. Pero eso de traer una empresa que fue detectada por su software en un fraude electoral, ni más ni menos que por la justicia de Colombia, pone en riesgo, por completo, la transparencia electoral”, manifestó en otro.
Gustavo Petro no sustentó sus afirmaciones con pruebas.