Confidenciales
El mismo día en que se conoce fallo contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, se anuncian cambios en la junta directiva de la empresa
Se retira de la junta Guillermo García, mientras que Ángela Robledo asume la presidencia de esta corporación.
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La Junta Directiva de Ecopetrol, en su sesión de este 27 de noviembre de 2025, eligió a Ángela María Robledo Gómez y a Álvaro Torres Macías como presidenta y vicepresidente de esta corporación, respectivamente.
Además, se informó de la renuncia de Guillermo García Realpe como miembro independiente de la Junta Directiva, aduciendo motivos personales. Al parecer, la decisión estaría relacionada con la posibilidad de que su hijo, el exviceministro del Interior, Gustavo García, se lance por una curul al Senado de la República por el movimiento del precandidato Roy Barreras.

La renuncia de García Realpe se hará efectiva a partir del 12 de diciembre y se suma al retiro de Mónica de Greiff, quien ocupó la presidencia de la junta y salió en medio de tensiones por anuncios del Gobierno, como, por ejemplo, la decisión de vender la participación de la estatal petrolera en los campos que tiene, junto con la Oxy, en el Permian, en Estados Unidos.
Estos anuncios coinciden y se dan el mismo día en que se conoció la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que en Sala Plena votó en favor de la ponencia de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, que pedía la sanción económica contra la campaña presidencial que llevó al poder a Gustavo Petro en 2022, por la violación de topes electorales y financiación prohibida.

Con la votación, que quedó 6 a 3, se determinó sancionar a Ricardo Roa Barragán, hoy presidente de Ecopetrol, quien fue gerente de la campaña. También a Lucy Aydee Mogollón, en calidad de tesorera, y a María Lucy Soyo Caro como auditora interna de la campaña en primera vuelta presidencial por 2.252 millones de pesos.
Adicionalmente, sancionaron de manera solidaria a Ricardo Roa Barragán, Lucy Aydee Mogollón y María Lucy Soto Caro por otros 2.447 millones por violación de topes electorales en la primera vuelta presidencial.

