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| 12/7/2018 9:35:00 PM

Las grandes discusiones que le faltan a la tributaria

Las comisiones ya aprobaron un paquete que en el papel le generaría al fisco la mitad de los recursos que necesita para financiar su presupuesto de 2019. Pero algunos temas gruesos podrían enredar de nuevo la discusión.

Las grandes discusiones que le faltan a la reforma tributaria (Ley de Financiamiento) En el Congreso se presentó un duro debate para aprobar en primer debate la Ley de Financiamiento, que incluyó la caída de algunos artículos impopulares. Lo mismo podría ocurrir la próxima semana, cuando esta iniciativa pasará a las plenarias de Senado y Cámara. Foto: Guillermo Torres - Semana

Las cuentas del recaudo que generará la Ley de Financiamiento siguen muy descuadradas. Aunque esta semana las comisiones conjuntas terceras y cuartas de Senado y Cámara aprobaron en primer debate la ponencia que le permitirá al gobierno recaudar alrededor de 7,5 billones de pesos, a última hora recortaron algunas iniciativas por incorporar temas álgidos, lo que le podría generar al fisco un faltante ADICIONAL de al menos medio billón de pesos. Y todavía le esperan a esta iniciativa los debates en las plenarias de Senado y Cámara, que eventualmente podrían representar nuevos descuadres.

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Aunque ya se sabe que una cosa es la propuesta de ley que entra al Congreso y otra la que sale aprobada, en el caso de la Ley de Financiamiento ha tenido cambios extremos en menos de mes y medio. La iniciativa radicada el 31 de octubre por el ministro Alberto Carrasquilla buscaba obtener 14 billones de pesos que, según el gobierno, el país necesita para financiar algunos de los principales programas sociales incorporados en el presupuesto de 2019. De esta cifra, 11 billones provendrían de la ampliación del IVA a la canasta familiar, propuesta derrotada en medio de un fuerte debate con más argumentos populistas que técnicos.

Esto dio paso a una verdadera maratón en el Congreso en la que todos los partidos comenzaron a proponer nuevos gravámenes para reemplazar el billonario faltante. Sin embargo, no ha resultado una tarea fácil en buena medida por el desconocimiento que exhiben muchos de los parlamentarios sobre el tema tributario, por la desinformación de quienes buscan pescar en río revuelto; por los intereses de quienes, en vez de proponer nuevas fuentes de ingresos, plantean otros temas para generar mayores gastos; y porque algunas de las propuestas arreglan el recaudo, pero descuadran el consumo o la inversión. En últimas, los congresistas terminaron enredados en un juego en el que cada pieza debía encajarse de manera milimétrica para no desarmar toda la ponencia. Pero aún no se ha logrado el equilibrio total.

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Esta semana todo parecía concertado y la nueva propuesta de Ley de Financiamiento con un recaudo de 7,5 billones de pesos estaba lista para su votación. Pero en ese momento aparecieron nuevas controversias que, si bien no impidieron que la iniciativa de 113 artículos quedara aprobada en primer debate de comisiones conjuntas, sin duda regresarán la próxima semana en los debates finales. Se trata de cinco temas gruesos que podrían generar nuevos obstáculos y cuya solución permitirá que las cuentas fiscales cuadren o definitivamente lo impedirán.

1- Un plurifásico enredado

Un debate muy acalorado se vivió en el Congreso durante la discusión del cambio del sistema de cobro del IVA para bebidas azucaradas y cerveza. El impuesto busca generar 960.000 millones de pesos al cobrar el IVA durante varias fases del proceso, desde la producción hasta la venta final. Actualmente, el cobro es monofásico, pues solo se paga en fábrica, lo que facilita el recaudo. Pero al volverlo plurifásico el gobierno planea cobrarlo en la distribución, comercialización y punto de venta final. El tema provocó fuertes enfrentamientos, pues mientras algunos congresistas insisten en que esto le pondría una mayor carga fiscal, otros aseguran que el cobro es legítimo, ya que la mayoría de productos procesados ya lo pagan así. Quienes rechazaron la medida argumentaron que en el caso de las cervezas estas tienen ya que pagar un impuesto al consumo del 48 por ciento que va directamente a los departamentos. Los gobernadores se pronunciaron también contra este impuesto al señalar que un aumento en la carga impositiva disminuirá el consumo y podría incluso bajar el recaudo con destino a los departamentos en una cifra cercana a los 160.000 millones de pesos al año. La discusión se calentó cuando salió a relucir el tema del fuerte cabildeo de las compañías de bebidas porque hubo acusaciones mutuas de dejarse convencer de los lobistas para tumbar esta medida. Al final se impuso la voz de la mayoría de los congresistas, que decidieron aprobar el IVA plurifásico a estas bebidas. Pero sin duda este tema podría regresar en las sesiones plenarias de la próxima semana y hay quienes apuestan porque esta medida podría caerse.

2- ¿Y de los contratistas qué?

Todo un escándalo desató en el país la iniciativa de reducir el umbral para que paguen IVA de 19 por ciento los trabajadores independientes que ganen más de 99 millones de pesos al año, es decir, más de 3.000 UVT (unidad de valor tributario equivalente a 33.156 pesos). Actualmente, esta es una obligación para quienes devengan más de 3.500 UVT al año, es decir, más de 116 millones de pesos. Pero la información inicial, divulgada por algunos parlamentarios de oposición, indicaba que la ponencia creaba un IVA a los contratos de servicios de los trabajadores independientes. Aunque se trataba de una información inexacta, esto provocó una ola de protestas en redes sociales, que subrayaban que el gobierno buscaba castigar una vez más a la clase trabajadora. Por eso, a última hora el senador Richard Aguilar anunció oficialmente la salida de este artículo de la ponencia que irá a sesiones plenarias de la próxima semana. Curiosamente, este IVA recaería en las empresas del sector privado y en el Estado, que según el representante Óscar Darío Pérez es el principal empleador de contratistas por prestación de servicios.

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3- La sobretasa de la discordia.

Luego de que se cayó la ampliación del IVA a los productos de la canasta familiar, los congresistas empezaron a buscar nuevos ‘bolsillos’ para aumentar el recaudo del año próximo. Y en un momento surgió la idea de gravar con una sobretasa del 5 por ciento en impuesto sobre la renta a los dos sectores económicos con mejor desempeño reciente: el financiero y el minero-energético. Esto implicaría que para el próximo año estos sectores no pagarían 33 por ciento de renta, como los demás, sino 38 por ciento. El gobierno insistió, durante la elaboración de la ponencia para primer debate, en que estos resultaban discriminatorios, inconvenientes y que representan un cambio en las reglas de juego para los inversionistas. Y al final no fueron incorporadas estas sobretasas en la ponencia aprobada en primer debate. Pero desde el mismo momento de la discusión el senador David Barguill, uno de los más beligerantes en el tema, anunció que en las sesiones plenarias de Senado y Cámara de la próxima semana volverá a presentar su propuesta y que ya cuenta con un número importante de congresistas que la apoyan. La preocupación en el sector financiero crece debido a las declaraciones de algunos congresistas que la atacan duramente.

4- ¿Mordiéndose la cola?

También podría generarle un lío jurídico de grandes dimensiones al Estado, en las discusiones de la próxima semana, el artículo 113 de derogatorias. El texto dispone eliminar el artículo 264 de la Ley 223 de 1995 que permite a los contribuyentes actuar con base en conceptos, fallos y doctrinas emitida por la Subdirección Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de manera que “puedan sustentar sus actuaciones en la vía gubernativa y en la jurisdiccional con base en los mismos”. Al eliminar este artículo, los contribuyentes no podrían basarse en la doctrina y en los conceptos emitidos por la misma Dian para defenderse o actuar en materia tributaria cuando hay controversias, lo que para gremios y empresarios resulta paradójico. Por eso, los 22 gremios del Consejo Gremial Nacional ya le plantearon al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que para el segundo debate corrija este tema porque, de lo contrario, los efectos prácticos de eliminar este artículo serían muy graves en materia de estabilidad jurídica.

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5- ¿Ley de desfinanciamiento?

La Ley de Financiamiento no está recaudando lo esperado y el gobierno tendrá que complementarla con un fuerte ajuste del gasto público para 2019 –el presupuesto tendrá que recortarse de 260 a 253 billones de pesos–, pero los analistas no ven problemas para que en 2019 el país cumpla con la regla fiscal. Sin embargo, muchos advierten que habrá problemas con la sostenibilidad fiscal futura y con el cumplimiento de la reducción del déficit fiscal a partir de 2020. Richard Francis, director para Latinoamérica de Fitch Ratings, asegura que con la Ley de Financiamiento la meta de déficit fiscal del 2,4 por ciento para 2019 no tendría problemas y el gobierno podrá hacer una reducción de gasto factible. Pero al reducir la carga tributaria a las empresas los problemas llegarían en 2020. “Con la caída en los ingresos tributarios de un punto del PIB para 2020, cuando la meta fiscal es del 2,2 por ciento del PIB, veo un gran hueco difícil de cubrir”, afirma el analista. Algo similar habían advertido analistas como Guillermo Perry y Sergio Clavijo, quienes habían calificado la iniciativa del gobierno como “una ley de desfinanciamiento”. Para el director de Anif, Sergio Clavijo, la reducción en la tasa del impuesto de renta corporativa del 33 al 30 por ciento y el cúmulo de descuentos (ICA, 4 X 1.000 y devoluciones de IVA de los bienes de capital) provocarán una caída en el recaudo empresarial. Clavijo cree que Colombia corre el riesgo de perder un escalón en su calificación crediticia antes de 2020 y, seguramente, su “grado de inversión” hacia 2021. En sus columnas el exministro Perry ha dicho que, al confiar demasiado en los ingresos provenientes de la normalización y en el mayor control de la evasión, el gobierno está jugando y comprometiendo la sostenibilidad fiscal del país para 2020. 

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