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12 recomendaciones de la Comisión del Gasto que cambiarían la inversión pública en Colombia

Aumentar la edad de pensión y los copagos del servicio de salud, limitar los beneficios de los maestros y militares, y ponerle un tatequieto a los jueces son algunas de las soluciones que este grupo propone para despejar el panorama fiscal del país a mediano.

19 de abril de 2018

El día de ayer se dio a conocer el informe definitivo de la Comisión de Estudio de Eficiencia del Gasto Público y la Inversión, un grupo de nueve de expertos en materia económica nombrados por el Gobierno hacia principios de 2016 que se dedicaron durante varios meses a revisar todos los temas relacionados con el gasto e inversión que hace del Gobierno.

Las conclusiones de la comisión son preocupantes no solo porque muestran la crítica situación fiscal del país a mediano plazo sino porque evidencian que las soluciones que se tendrán que tomar a futuro no serán fáciles. Cada una de las múltiples recomendaciones planteadas por los expertos son temas de gran calado y difícil implementación, incluso varias de ellas requieren cambios constitucionales y reformas de ley.

Las conclusiones son preocupantes no solo porque muestran la crítica situación del país a mediano plazo sino porque evidencian que las soluciones a futuro no serán fáciles.

El panorama fiscal del país no está despejado. Según la comisión, las proyecciones del Gobierno -consignadas en su Marco Fiscal de Mediano Plazo- muestran que está confiando demasiado en los ingresos provenientes de la formalización de la economía y los esfuerzos de gestión de la Dian para compensar la reducción que tendrá la tarifa del impuesto de renta corporativa al 33 por ciento en 2019 (desde el 40 por ciento actual incluyendo la sobretasa). Por esto, prevén que para cumplir las exigencias de la regla fiscal tendrá que hacerse un esfuerzo mucho más grande en reducción de gastos que lo proyectado por el Gobierno (1,2 por ciento del PIB entre 2017 y 2020). Algo bastante complicado considerando las fuertes restricciones y la inflexibilidad del gasto público en Colombia.

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El estudio además resalta cómo el gasto público en el país en muchos casos es ineficiente, ineficaz y no contribuye a mejorar la distribución del ingreso. Por el contrario, hay gastos altamente regresivos como el de las pensiones. También resalta la gran deficiencia en materia de sistemas de información que hay en muchos frentes: litigios contra el Estado, contratación, empleo público y subsidios, entre otros.

Por esto, plantea cambios profundos, muchos de ellos bastante polémicos que tardarán tiempo en lograrse. De hecho, muchas de las reformas planteadas no son para este sino para los próximos gobiernos. Habrá que preguntarles a los diferentes candidatos a cuáles darán prioridad pues de esto dependerá quién llevará los costos del inevitable ajuste que tendrá que hacer el país en sus finanzas públicas en los próximos años.

La primera recomendación –si bien el mandato de la Comisión no fue el estudio de los ingresos– es que el Gobierno “evalúe de nuevo medidas para lograr un mayor recaudo y un sistema tributario más eficiente y equitativo”. Esto es, una nueva reforma tributaria de tipo estructural y propone que esta vez se complemente con un mayor esfuerzo propio por parte de las entidades territoriales (dado el potencial que existe).

Los cambios que recomienda son profundos y van desde una reforma pensional hasta una racionalización de los beneficios de maestros y militares.

En cuanto al ajuste en el gasto, los cambios que recomienda son profundos y van desde una reforma pensional y una nueva modificación al régimen de regalías, hasta una racionalización de los beneficios de maestros y militares. Además, plantean cambiar el proceso presupuestal y modificar las rentas de destinación específica y los gastos inflexibles determinados por leyes, entre otros temas. A continuación, algunas de las propuestas planteadas por la Comisión del Gasto luego de 10 meses de estudio.  

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1. Una reforma pensional urgente. Alrededor del 28 por ciento de los impuestos pagados por los colombianos al Gobierno nacional se destina a pagar pensiones. Por esto, la Comisión considera que es urgente una reforma que elimine el arbitraje entre los dos regímenes pensionales existentes e incluso plantea marchitar el Régimen de Prima Media (que las nuevas cotizaciones vayan solo a los fondos privados), entre otras propuestas.

Para reducir la magnitud de los subsidios y la inequidad que se genera en el RPM propone reducir el tope existente para las pensiones en este régimen (que actualmente se ubica en 25 salarios mínimos) y calcular el ingreso base de liquidación con el promedio del salario de toda la vida laboral o al menos el de los últimos 20 años (en vez de los últimos 10 que se utilizan actualmente).

Sin embargo, para asegurar la sostenibilidad del sistema pensional colombiano también propone aumentar la edad para pensionarse y los porcentajes de cotización al 18 por ciento, así como establecer un gravamen a las pensiones altas.

Para asegurar la sostenibilidad del sistema pensional colombiano propone aumentar la edad para pensionarse y los porcentajes de cotización al 18 por ciento.

2. Racionalizar los beneficios de maestros. Dado que dos terceras partes del desequilibrio pensional corresponden a los regímenes especiales que todavía persisten, como los de maestros y militares y policías, la comisión considera que hay que racionalizarlos.

Por ejemplo, considera que hay que eliminar la diferencia en relación con la edad de jubilación que tienen los maestros frente al régimen general. En la actualidad, la edad de jubilación de un profesor es actualmente de 57 años, tanto para hombres como para mujeres. Además, afirman que la administración de los pasivos pensionales de los maestros debería pasarse del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio (FOMAG) a Colpensiones.

3. Y de los militares. Si bien reconocen la necesidad de tener algunas condiciones especiales a la fuerza pública acordes con su dignidad y labor, proponen simplificar y hacer más transparentes sus sistemas de remuneración, así como revisar los sistemas de pensiones y asignaciones de retiro en el espíritu del sistema general de pensiones. Además, afirman que, la pertinencia de un sistema de salud especial para los soldados y policías es clara, pero que la cobertura para sus familiares debería hacerse a través del sistema general de seguridad social en salud.

La pertinencia de un sistema de salud especial para los soldados y policías es clara, pero la cobertura para sus familiares debería hacerse a través del sistema general de seguridad social en salud.

4. Cambiar el proceso presupuestal. Hay que facultar al Gobierno para que modifique la gran cantidad de rentas de destinación específica y los gastos inflexibles determinados por ley que hoy existen. Además, proponen unificar el proceso presupuestal, tanto a nivel nacional como regional, y avanzar hacia un esquema de presupuestación por programas. Esto permitiría no solo una mejor priorización de los recursos sino una mayor evaluación y un control más estricto al tener sistemas de información integrados y transparentes. En este frente, también afirman que se requiere una ley para reglamentar y ponerle límites a todo el tema de las Vigencias Futuras.

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5. Reforma a las regalías. La caída de los ingresos por regalías en los municipios productores es una de las principales causas que explica la proliferación de las consultas antimineras y el bajo apoyo a los proyectos petroleros, se propone una nueva reforma a las regalías que modifique además los porcentajes de destinación específica establecidos en las normas constitucionales. Además, según la comisión se debe permitir que con estos recursos las entidades territoriales paguen sus deudas en salud, pensiones y fallos judiciales adversos, entre otros.

6. Legislar con sostenibilidad. La Corte Constitucional debería contar con un equipo económico que analice el impacto de sus decisiones sobre las finanzas públicas. En este mismo sentido, proponen crear una entidad independiente y altamente técnica que analice y cuantifique los costos de iniciativas de gasto contenidas en los proyectos de ley y que le haga seguimiento crítico al MFMP y a la política fiscal y presupuestal. Una especie de Secretaría Técnica del Comité de Regla Fiscal como existe en otros países que rinda cuentas públicas.

7. Facilitar el despido de los empleados públicos. Hay que flexibilizar los parámetros para la desvinculación del servicio público. Es decir, facilitar esquemas de retiro de empleados públicos que contemplen condiciones de despido con justa causa y que eviten demandas contra el estado. Dado que los concursos hoy son escasos y poco transparentes, la comisión propone revisar la institucionalidad existente y las funciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), así como el papel de la ESAP en la capacitación de servidores públicos.

Facilitar esquemas de retiro de empleados públicos que contemplen condiciones de despido con justa causa y que eviten demandas contra el estado.

8. Mayor control a la contratación en las regiones. Ampliar el uso de mecanismos de agregación de demanda para la provisión de bienes y servicios por parte del Estado, como los acuerdos marco que promueve Colombia Compra Eficiente (CCE), hacia los entes territoriales. Es más, si bien no se presente menoscabar la autonomía fiscal de los gobiernos locales, la comisión propone hacerlos obligatorios cuando se ejecutan recursos del Gobierno Nacional y de regalías.

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9. Freno a jueces y abogados. En materia de litigios contra el estado que son una fuente creciente de desangre de las finanzas públicas, la Comisión propone reglamentar la figura jurídica de la Responsabilidad Civil del Estado (artículo 90 de la Constitución Política). En particular, afirma que hay que limitar la discrecionalidad de los jueces y endurecer las faltas de los abogados, así como reglamentar sus honorarios en los litigios contra el Estado.

Hay que limitar la discrecionalidad de los jueces y endurecer las faltas de los abogados.

10. Mayor gasto de bolsillo en salud. Aumentar los copagos y cuotas moderadoras que realizan los usuarios del sistema de salud, para “racionalizar” la demanda por servicios médicos. De igual manera, aumentar la cotización para beneficiarios con capacidad de pago, como los rentistas de capital, que hoy aparecen como dependientes. De hecho, proponen revisar el valor de la UPC.

Como se requieren nuevas fuentes de recursos, proponen que un punto porcentual de los cuatro puntos de aporte que hoy se asignan a las cajas de compensación se destine al sistema de salud, además de impulsar nuevamente los impuestos a las bebidas azucaradas y a otros productos que generan externalidades negativas en la salud. Hay que flexibilizar la normatividad sobre integración vertical entre las EPS y las IPS.

11. Mayor contribución de los entes territoriales. Incentivar a los municipios grandes a contribuir de manera más activa a la financiación del gasto para la educación inicial y la atención integral a la primera infancia, así como al plan de alimentación escolar. Con esto, recursos nacionales como los del ICBF se podrían focalizar mejor en las zonas rurales y más vulnerables. En materia de educación, también proponen revisar la ley de financiación de universidades públicas, trasladar el Sena al Ministerio de Educación y crear la Superintendencia de Educación, para tener la capacidad de intervenir las secretarías de educación y las instituciones educativas.

12. Ojo con el proyecto de ley de subsidios. Para la comisión, el proyecto de ley (186 de 2016) que actualmente cursa en el Congreso de la República para regular el gasto público en subsidios, no cumple con todos los propósitos que se planteó. Además, ante la multiplicidad de subsidios que hoy existen, proponen dejar marchitar aquellos programas que no pasen una evaluación de impacto rigurosa, y concentrarse en los programas que resulten bien evaluados.