En la noche del pasado 19 de febrero, el presidente Gustavo Petro, tras citar a una jornada de marchas en todo el país para que los colombianos protestaran contra la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto de salario mínimo, anunció un nuevo decreto.
El mandatario aseguró que mantendría el aumento, por lo que firmó un nuevo decreto presidencial de un incremento del 23,7 %. En este expuso algunas de las razones para mantener el valor del aumento, que quedó fijado en $ 2.000.000.
Tras esta decisión, es clave entender si los argumentos que dio el Gobierno nacional son suficientes para soportar el aumento, que para muchos fue desmedido y superó las expectativas. Hay que tener en cuenta que el incremento que planteaban empresarios era del 7 %, mientras que las centrales obreras proponían un 16 %.
El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, habló en SEMANA sobre el análisis detallado de los puntos en temas macroeconómicos que expuso el Gobierno.
Aseguró para iniciar que, tal como lo había anticipado, el Gobierno ratificó el aumento y los colombianos que lo recibieron no se verán afectados. Sin embargo, en el Consejo de Estado se desencadenará un debate sobre los criterios para aumentar el salario mínimo en los próximos años, qué debería evitarse a toda costa para que estos aumentos sean desproporcionados y cómo deberían seguir criterios de la ley y la Constitución.
“Dentro del análisis que debe hacer el Consejo de Estado está si el estudio de la OIT era un estudio apropiado para la definición del salario vital o si, por el contrario, modificó los criterios del concepto de salario vital que se tenían históricamente en el país. Lo que ha sucedido garantiza los aumentos, pero simultáneamente se va a dar una reflexión de fondo sobre cuáles son los caminos que debería seguir un Gobierno técnicamente para que un aumento no genere mayores niveles de inflación y pérdida de poder adquisitivo en los colombianos”, indicó.
Estos fueron los argumentos que dio Restrepo frente al incremento y las razones para hacerlo.
SEMANA: ¿Fue acertado el argumento sobre el que se incremento el salario mínimo?
José Manuel Restrepo (J. M. R.): El borrador del decreto, para mi gusto, muestra un esfuerzo técnico y jurídico curioso para una decisión como esta, pero en el fondo busca justificar a posteriori una decisión política ya tomada: el aumento del 23 %.
Anque es cierto que la inflación rondaba el 5,1 %, el Gobierno suma mecánicamente inflación, productividad, PIB y participación salarial hasta llegar a 13,6 %, y luego incorpora de forma discrecional un “cierre de brecha” del 9,4 % basado en una estimación muy discutible del salario vital, para completar exactamente el 23 %.
SEMANA: ¿Está sustentado el uso del salario vital?
J. M. R.: Ese uso del salario vital se apoya en supuestos frágiles sobre composición de hogares e ingresos, y convierte un referente orientador en una variable casi obligatoria. Además, el decreto sobredimensiona los efectos positivos sobre empleo y pobreza, sin reconocer que muchos responden al rebote pospandemia y al ciclo económico, no solo al salario mínimo. Al mismo tiempo, minimiza los riesgos sobre informalidad, empleo juvenil y microempresas.
En síntesis, el aumento no es ilegal ni carente de datos, pero sí técnicamente forzado, económicamente riesgoso y más cercano a una decisión política revestida de lenguaje técnico que a una política salarial estructural basada en productividad y formalización.
SEMANA: ¿Cree que el incremento y concepto de salario vital obedece a una decisión técnica o política?
J. M. R.: Creo que al final lo único que demuestra este decreto es el interés político que tiene el Gobierno, porque si genuinamente se tuviera este interés sobre el salario vital, no lo hubiera adoptado en la última parte del Gobierno sino a lo largo de todo el Gobierno.
El concepto de salario vital que se está usando es un concepto muy dudoso por la OIT y que modifica el concepto que ya funcionaba en el país y que se había obtenido en 2022. Este concepto ya existía, ya se había logrado alcanzar el salario vital y ahora con un concepto dudoso de la OIT, entidad que ha señalado que no debería usarse para este propósito, el Gobierno utilizando y modificando algunos factores como miembros de la familia, intenta llegar al 23 %.
Este decreto es una maniobra jurídica para llegar al aumento del 23 %, pero tiene debilidades.
SEMANA: Respecto a la inflación y poder adquisitivo, ¿el Gobierno sustenta esta protección?
J. M. R.: El Gobierno afirma que el aumento del salario mínimo protege el poder adquisitivo, impulsa el consumo, no afecta el empleo y reduce la desigualdad, pero sus argumentos son parciales y débiles. Es cierto que había que compensar la inflación, pero el ajuste fue muy superior a la inflación proyectada y no está respaldado por aumentos equivalentes en productividad.
Puede haber un impulso inicial al consumo, pero en una economía con alta informalidad el efecto es limitado y se traduce en más costos de hecho. Ya Raddar mostró caída del buen comportamiento del consumo significativa este mes, más precios y menos contratación, especialmente para jóvenes y microempresas. La reducción de desigualdad solo beneficia al sector formal y deja por fuera a la mayoría de trabajadores vulnerables.