Después de una noche de carpas, los trabajadores que tienen relación con el sector del etanol y ven amenazados sus lugares de trabajo, siguen parqueados en el Ministerio de Minas, en espera de lograr un acuerdo para lo que llaman, una crisis.
Los flagelos que amenazan a este combustible, considerado renovable y más limpio que la gasolina son complejos y, de hecho, motivaron la interposición de una denuncia que los trabajadores oficializaron ante la Procuraduría General, una de las entidades que ha estado en la mesa de negociación.
Además del sobreabastecimiento de etanol, con más de 50 millones de litros en el mercado, lo que está superando la demanda; los trabajadores denuncian presunta corrupción para dejar entrar el producto de contrabando, con una menor calidad que el producido localmente.
En consecuencia, aparte del sobreabastecimiento, lo que de por si ya conduce al bajo precio, por ley de oferta y demanda, también entra producto del exterior que puede ser vendido a menor precio, porque no se somete a las reglas de la legalidad.
Según confirmaron los manifestantes que están frente al Ministerio de Minas, el camino para llegar a un acuerdo aún no está despejado. Eso sí, resaltan el avance logrado para tener una mesa de diálogo en la que pueden ser escuchados.

En la jornada de protesta, que según los voceros de los sindicatos, continuará hasta que se resuelva la situación, se concentran más de 200 líderes de los sindicatos del sector cañero y de palma africana.
El tema general que exigen los manifestantes es la garantía para la sobrevivencia del sector etanol, en el entendido en el cual, habría desprotección a la producción nacional.
Entre los sindicatos que participan en la jornada están la CGT, la CTC y la CUT.

Peticiones
1.Formulación inmediata de una política pública integral para el etanol.
2.La instalación de una mesa de diálogo social tripartita.
3.Garantías plenas de estabilidad laboral.
4.Protección de los ingresos y condiciones de trabajo.
5.Adopción de decreto de abastecimiento.
Para adelantar el diálogo no solo ha estado en el lugar la Secretaría de gobierno de Bogotá, que está allí desde el 18 de febrero, sino también representantes del Ministerio de Minas, al igual que algunas de las entidades que hacen parte del Ministerio Público, como la Procuraduría General.
