Reforma laboral: ni chicha ni limonada

Acabamos de cerrar el primer mes de ejecución de la Ley 2466 de 2025, la llamada “reforma laboral”. Quizá estemos ante el proceso legislativo más tortuoso en la historia reciente del país. No por su contenido técnico, sino por el contexto político que la rodeó.

Sucumbimos ante una presión indebida, disfrazada de consulta popular, que escondía la intención del presidente Petro de embarcarse en una asamblea constituyente para permitir la reelección presidencial.

El Congreso, dócil y sin mayor resistencia, aprobó una reforma que no consultó la realidad del mercado laboral, que ignoró la creciente informalidad y que, como se nota en una lectura sencilla de su texto, fue hecha a las carreras.

Un mes basta para empezar a percibir los efectos nefastos de esta reforma. El primero, es la virtual desaparición del contrato de aprendizaje. La norma, al declarar que los aprendices en etapa práctica y dual son trabajadores, impone sobrecostos que duplican el valor actual de estos contratos. En empresas con acuerdos colectivos, hay que sumar el costo de la conflictividad.

Pero el problema no es solo económico, porque ahora a los aprendices se les paga como trabajadores, pero se les exige como estudiantes. Una contradicción que desincentiva su contratación y los convierte en “colaboradores” sin funcionalidad real.

¿El resultado? Las empresas están cancelando convenios con las entidades y pensando seriamente en la posibilidad de detener la contratación de nuevos aprendices, cerrando la puerta a miles de jóvenes que veían en el contrato de aprendizaje una oportunidad de ingreso al mundo laboral.

A esa tragedia laboral se suma el caos que ha generado la nueva regulación sobre las jornadas de trabajo. La redacción ambigua sobre el intercambio de dominicales por otros días de la semana ha llevado a muchas empresas a considerar la eliminación del domingo como día de descanso obligatorio.

Algunas empresas proponen a sus trabajadores descansar los lunes en lugar de los domingos y así, eludir el pago de más de diez festivos al año, perdiéndose el único día en que las familias coincidían.

Y como si fuera poco, el anuncio de que el recargo nocturno se pagará desde las 7:00 p. m. a partir del 25 de diciembre de 2025, ya genera efectos. Los empleadores rediseñan sus turnos para el primer semestre de 2026, buscando mitigar el impacto de una medida que altera la lógica operativa y económica de múltiples sectores, como el entretenimiento, restaurantes, centros de formación e incluso, servicios médicos.

Tampoco puede pasarse por alto el impacto de disposiciones que, aunque bien intencionadas, generan efectos contrarios. La posibilidad de que los trabajadores lleven mascotas de compañía al trabajo o que se garantice el derecho de quienes tienen responsabilidades de cuidado lleva a muchas empresas a replantear sus procesos de selección.

Hoy, ante la incertidumbre de tener que adaptar espacios físicos o esquemas laborales para atender estas situaciones, algunas compañías optan por no contratar personas que manifiesten necesidades de acompañamiento emocional o familiar. Lo que antes se resolvía con buena fe y solidaridad, hoy se convierte en una fuente de temor. Y el temor, inevitablemente, genera discriminación.

Finalmente, aunque no ha entrado en vigor la cuota de contratación de personas con discapacidad, no existe en el país el número suficiente de personas para cumplirla. La medida no consultó la realidad del mercado ni las necesidades de las personas con discapacidad. Nadie se preguntó si esas personas están disponibles, si desean o pueden trabajar en los sectores obligados. Se impuso una cuota sin diagnóstico, sin planeación, sin estrategia.

Esta reforma no es ni chicha ni limonada. No es una transformación estructural del modelo laboral ni una modernización que responda a las nuevas dinámicas del trabajo. Es una colcha de retazos, con medidas populistas que, en lugar de generar empleo, lo ahuyentan. Y lo más grave: fue aprobada sin diálogo social real, sin estudios técnicos serios y sin escuchar a quienes generan empleo en este país.

El tiempo dirá si esta reforma sobrevive a la realidad. Por ahora, lo que vemos es un retroceso. Y como en tantas otras ocasiones, serán los jóvenes, los informales, las personas con discapacidad y los más vulnerables quienes paguen el precio de una norma que nació mal concebida y peor ejecutada.