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“El Gobierno tendrá que reglamentar el suicidio asistido en Colombia”: representante Juan Fernando Reyes

El representante del Partido Liberal, quien ha impulsado la reglamentación de la eutanasia, explica la más reciente decisión de la Corte Constitucional sobre el derecho a morir dignamente, que tanta polémica provoca en el país.


SEMANA: ¿Qué opina de la decisión sobre el suicidio asistido?

JUAN FERNANDO REYES: La decisión de la Corte va en línea de garantizar el derecho fundamental a morir dignamente. Lo principal aquí es garantizar ese derecho y que se pueda decidir con autonomía si se quiere morir con sufrimiento o con dignidad. Es la autonomía para decidir cuando se encuentran bajo una enfermedad incurable que les esté generando un sufrimiento insoportable.

SEMANA: ¿Cuál es la diferencia con la eutanasia?

J.R.: La diferencia es que en la eutanasia, por poner un ejemplo coloquial, el botón lo hunde un médico porque le proporciona el medicamento al paciente para que muera tranquilo y dignamente. El suicidio asistido es el mismo paciente el que a través de algún mecanismo se suministra, él mismo, el medicamento que lo hace morir con dignidad. Básicamente, esa es la diferencia. Los requisitos de fondo se conocerán en la sentencia de la Corte, que no ha salido, pero en principio son los mismos para acceder al suicidio asistido: que tengan una enfermedad incurable que le esté generando un sufrimiento insoportable, que el paciente lo pida voluntariamente y bajo observación de un especialista.

SEMANA: ¿Pero habrá reglamentación del Congreso?

J.R.: Con la decisión de la Corte, se puede empezar a practicar de inmediato porque es un derecho fundamental, y las sentencias de la Corte son de aplicación inmediata. Sin embargo, a mi juicio, la ley se necesita porque en muchas clínicas los médicos se escudan diciendo que no hay reglamentación y violan el derecho fundamental a morir dignamente de muchas personas. Muchos médicos dicen que las sentencias de la Corte son ambiguas y por ese camino no cumplen con lo estipulado. Si existe una ley, hay más seguridad para que la gente pueda aplicar este derecho.

SEMANA: Ahí se enreda el tema porque el Congreso lleva años intentando reglamentar la eutanasia y no ha sido posible…

J.R.: Así es. Yo espero que el Congreso nuevo, que se posesionará el 20 de julio, que es un Congreso aparentemente un poco más progresista y más liberal, asuma de nuevo la responsabilidad y reglamente estos temas.

SEMANA: ¿Cómo queda Colombia frente a otros países en esta materia del suicidio médicamente asistido?

J.R.: Sí, Colombia ha sido pionera en América Latina, y en Europa hay varios países que también lo permiten.

SEMANA: ¿Por qué el Gobierno se opuso con un concepto negativo del Ministerio de Justicia?

J.R.: No quieren garantizar este derecho porque ponen sus convicciones por encima de lo que dice la Constitución y la Corte Constitucional, eso no lo pueden hacer los servidores públicos. Independientemente de sus ideologías, de su religión, los funcionarios tienen que cumplir con la Constitución y garantizar los derechos fundamentales.

SEMANA: Hay mucha gente que no está de acuerdo con la eutanasia ni con el suicidio asistido. ¿Qué les dice a los críticos?

J.R.: Estamos hablando de libertades. ¿Por qué se tienen que meter en las decisiones de los demás? Lo que estamos reclamando aquí es autonomía, porque quiénes somos nosotros para decirle a la gente cuánto tiene que sufrir y hasta dónde debe aguantar. Cada quien que decida hasta dónde quiere aguantar, si quiere acceder o no a este procedimiento, de acuerdo con sus convicciones, su religión, su cosmovisión.

SEMANA: ¿Los médicos podrán seguir haciendo uso de la objeción de conciencia?

J.R.: La objeción de conciencia se mantiene, eso se ha defendido y no hay discusión sobre ese tema, aunque el suicidio médicamente asistido es diferente a la eutanasia, y habrá que esperar qué opinan sobre ello los médicos.

SEMANA: Hay quienes critican, sobre todo en el Congreso, a la Corte por asumir el papel del legislador…

J.R.: Nos guste o no, en la Constitución de 1991 nos pusimos de acuerdo en que había un órgano que se llamaba la Corte Constitucional, que iba a salvaguardar la Constitución. Incluso, creamos un mecanismo que es la acción de tutela para que cada juez, incluso más allá de la Corte, pueda aplicar directamente la Constitución. Así que no entiendo a los críticos, por qué habría que cambiar el modelo, pero en el actual está actuando la Corte Constitucional y lo ha venido haciendo bien. Uno no puede defender la institucionalidad cuando le gusta y cuando conviene, pero cuando no le conviene se ataca la institucionalidad.

SEMANA: ¿En esta materia del derecho a morir dignamente queda algo más por hacer?

J.R.: Claro, la ley estatutaria y que el Gobierno reglamente estas decisiones de la Corte a través de resoluciones. El próximo Gobierno tendrá que reglamentar el suicidio médicamente asistido en Colombia; claro, el que llegue en agosto a la Casa de Nariño.