¿Cuántas veces puede declararse insolvente una persona en Colombia? Esto es lo que dice la ley

Las deudas son una herramienta financiera poderosa que se vuelve positiva cuando el dinero prestado se utiliza para generar más ingresos o construir patrimonio. En lugar de ser un obstáculo, puede convertirse en un impulso estratégico bajo varias condiciones. Sin embargo, no todos manejan estas deudas de manera inteligente, pues antes de pagar a tiempo y de saldarlas, lo que hacen es entrar en mora y empezar a acumular intereses, para luego acumular más obligaciones y llegar al punto en que no pueden lidiar con ninguna. En este punto, muchas personas deciden acogerse a la insolvencia, que es un mecanismo legal que permite a personas naturales y empresas renegociar o liquidar sus deudas cuando no tienen la capacidad económica para pagarlas. Su objetivo principal no es evadir el pago, sino brindar una “segunda oportunidad” para establecer un plan de pagos viable.Una de las dudas más recurrentes en los procesos de insolvencia es la que apunta a cuáles son los tiempos para acogerse a este proceso y si es posible hacerlo en repetidas ocasiones. Es importante detallar que una persona se considera insolvente en el momento en el que cumple dos o más obligaciones vencidas con diferentes acreedores durante más de 90 días. Además, se aplica si enfrenta al menos dos procesos de cobro o demandas ejecutivas simultáneamente. Estas deudas deben representar mínimo el 50 % del total de obligaciones económicas que tenga el deudor, para que proceda este mecanismo. La ley colombiana indica que quien cumpla un acuerdo de pago dentro de la insolvencia deberá esperar cinco años para volver a solicitar un nuevo trámite de este tipo.Es importante saber que existen algunas excepciones para este proceso, relacionadas directamente con procesos de liquidación y obligaciones naturales. En dichos casos, el tiempo de espera puede aumentar hasta los 10 años. Tenga en cuenta que el proceso de insolvencia permite la suspensión de procesos ejecutivos y embargos, lo que impide que los acreedores continúen acciones de cobro. La persona bajo este proceso no podrá adquirir nuevas deudas sin autorización judicial o de la Superintendencia de Sociedades. También tiene prohibido vender, transferir o disponer libremente de bienes sin aprobación previa.