Colombia apenas comienza a dimensionar lo que significa repararse después del terremoto que golpeó al país. Mientras se atiende a las comunidades afectadas, se recuperan vías, hospitales, escuelas y servicios esenciales, y se empiezan a definir las prioridades de una reconstrucción que no da tregua y será de largo aliento, aparece una nueva amenaza que no podemos esperar a que se materialice para actuar: el Fenómeno de El Niño.
Dos fenómenos distintos, pero una misma exigencia para el país: capacidad de respuesta.
Una emergencia de esta magnitud nos recuerda algo que con frecuencia olvidamos: la infraestructura crítica no puede evaluarse solamente por su funcionamiento en condiciones normales. Tiene que ser capaz de sostener al país cuando las condiciones son exigentes.
Por eso, la energía está en el centro de esta discusión. Después de un desastre, un hospital necesita electricidad para seguir atendiendo, los sistemas de agua necesitan energía para operar, las comunicaciones dependen de ella y las actividades productivas requieren que el servicio pueda restablecerse rápidamente. Una falla en el sistema eléctrico no es solamente una falla del servicio: puede convertirse en un obstáculo para la recuperación de un territorio entero.
Y Colombia tiene, además, una segunda presión en el horizonte. La materialización de un nuevo Fenómeno de El Niño obliga a prepararnos desde ahora para un escenario de menor disponibilidad hídrica y mayores exigencias sobre el sistema eléctrico, precisamente cuando el país necesita garantizar la continuidad del servicio y acompañar la recuperación de los territorios afectados por el desastre.
Por eso, la pregunta no es únicamente cuánta energía necesita Colombia, sino con qué infraestructura, qué capacidad disponible y qué combinación de fuentes vamos a garantizarla cuando las condiciones sean adversas.
Aquí, las pequeñas centrales hidroeléctricas pueden aportar mucho más de lo que hasta ahora se les ha reconocido. Las PCH aportan generación renovable y continua mientras exista disponibilidad del recurso hídrico y complementan naturalmente fuentes variables como la solar y la eólica. Además, su distribución en diferentes cuencas permite que el riesgo hidrológico no esté concentrado en un único punto del sistema y fortalece la infraestructura eléctrica de las regiones.
Esto no significa desconocer el aporte de otros tipos de energía al territorio. Significa entender que no todas las tecnologías cumplen la misma función dentro del sistema y que la confiabilidad requiere complementariedad.
Colombia necesita aprovechar todas las fuentes y toda la capacidad disponible.
Y aquí hay una decisión que puede tomarse desde ahora.
Mientras el país se prepara para escenarios de mayor exigencia, existen proyectos hidroeléctricos que llevan años enfrentando barreras regulatorias, administrativas, prediales o de conexión. Algunos están técnicamente avanzados y próximos a entrar en operación. No necesitan que Colombia invente una nueva política energética. Necesitan que el Estado termine de tomar decisiones.
Solo entre los proyectos identificados por CEERA hay 26 iniciativas hidroeléctricas, equivalentes a cerca de 819 MW, en fases avanzadas de desarrollo y cuya construcción depende principalmente de resolver trámites regulatorios, ambientales o de conexión.
El desafío, en muchos de estos casos, no es tecnológico ni financiero: es institucional. A veces, a estos proyectos les falta, literalmente, «el centavo para el peso»: una firma, una habilitación, la definición de un punto de conexión o la actuación de alguna de las instancias que intervienen en el proceso para ver la luz.
En circunstancias normales, estos pendientes podrían parecer parte de los tiempos habituales de un proyecto. En las circunstancias que vive hoy Colombia, no podemos tratarlos como si fueran asuntos ordinarios.
Por eso proponemos algo concreto: que el Gobierno establezca, por un periodo determinado, una ruta rápida interinstitucional para los proyectos de generación que estén próximos a entrar en operación, con un inventario público de los cuellos de botella pendientes, responsables identificados y plazos definidos para resolverlos.
No se trata de eliminar controles ni de desconocer las normas ambientales, técnicas o de seguridad. Se trata de que las entidades públicas coordinen sus decisiones y de que un proyecto técnicamente viable no permanezca detenido indefinidamente porque una decisión que puede tomarse en semanas termina tardando meses o años. Eso también es gestión del riesgo.
La misma lógica debería aplicarse a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Hay que reconstruir mejor, no simplemente reconstruir igual. Y eso incluye pensar desde el principio en una infraestructura energética capaz de soportar mejor las contingencias y en soluciones que fortalezcan la capacidad de respuesta de los territorios.
El Atlas Hidroenergético de Colombia estimó en 56,1 GW el potencial técnicamente aprovechable del país. Es una dimensión que recuerda algo elemental: Colombia es un país de agua y esa ventaja comparativa debe hacer parte de cualquier discusión seria sobre seguridad energética.
El sector de las pequeñas centrales tiene proyectos, conocimiento técnico, empresas y presencia territorial. Tenemos capacidad para aportar ahora, no solamente en el largo plazo.
Por eso hacemos un llamado al Gobierno entrante para que incluya la seguridad energética y la resiliencia de la infraestructura eléctrica como prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, pero también para que adopte medidas inmediatas que permitan aprovechar la capacidad que ya existe.
No estamos planteando que las PCH sean la única respuesta. Estamos diciendo algo mucho más sencillo: Colombia no puede darse el lujo de dejar ninguna respuesta viable por fuera de la conversación.
Y aquí sí cabe hablar de fair play. No pedimos privilegios ni que se relajen las reglas. Pedimos que, ante una situación excepcional, exista una respuesta excepcionalmente coordinada: que se juegue limpio, que se respeten las condiciones para todos y que, al mismo tiempo, el Estado no deje represadas soluciones que pueden contribuir a enfrentar lo que viene.
El terremoto nos obliga a reconstruir; El Niño nos obliga a anticiparnos. Y ambos deberían llevarnos a una misma conclusión: Colombia necesita una infraestructura más resiliente y un sistema eléctrico preparado para condiciones que no siempre serán favorables.
El Gobierno que comienza tiene la oportunidad de hacer de esta coyuntura algo más que una sucesión de emergencias. Puede convertir la reconstrucción y la preparación frente a El Niño en el punto de partida de una política de Estado sobre resiliencia, infraestructura y seguridad energética. Porque Colombia tiene que atender lo urgente sin volver a aplazar lo importante.
Para eso tendrá que escuchar a todos los sectores capaces de aportar. Desde el sector de las pequeñas centrales hidroeléctricas estamos listos para hacerlo. No pedimos un lugar en la mesa: ponemos nuestra capacidad sobre esa mesa.
Catalina Rueda Callejas, directora ejecutiva, Centro de Estudios de la Energía Renovable y el Agua (CEERA)