Eran las once de la noche cuando Marcela escribió en el buscador de su celular “qué pasa si mi expareja me empujó una vez y no denuncié.” La pantalla era la única luz del cuarto. Los niños ya dormían. Borró la búsqueda antes de que cargara, como quien retira la mano del fuego por reflejo, y siguió revisando cualquier otro tema en redes sociales.
Sabía exactamente lo que había pasado. Sabía también que los gritos tienen una manera de escalar, que el primer empujón rara vez es el último, y que ella había decidido alejarse a tiempo. Pero denunciar le parecía más peligroso que callar. Así que calló y siguió sola, que era lo que sabía hacer.
Lo que Marcela no sabía esa noche es que su silencio tenía un precio, y que ese precio no lo pagaba solo ella.
Lo que le pasa a Marcela no tiene nombre en los discursos del Día de la Madre. No aparece en las flores, en los desayunos sorpresa ni en las campañas que ese domingo llenan las redes de frases sobre el amor más grande del mundo. Lo que le pasa a Marcela es invisible porque ella misma aprendió a hacerlo invisible. En público dice que todo está bien; en el grupo de amigas comenta que está cansada de pelear por la pensión alimentaria, que en el fondo le da miedo que le quite a sus hijos y, en las noches, hace cuentas y cuentas para intentar multiplicar sus ingresos. ¿Cuánto cuesta el silencio?, ¿cuánto vale esperar que alguien, en alguna institución de este país, le devuelva la llamada?
Para 2024, Colombia tenía 35.804 solicitudes activas relacionadas con cuotas alimentarias en el ICBF, y Marcela hacía parte de esa cifra. La ley prometió protegerla. El artículo 44 de la Constitución es uno de los mandatos de protección a la infancia más garantistas de América Latina. El Código Penal castiga la inasistencia alimentaria con hasta seis años de prisión y hasta ocho por violencia intrafamiliar. El papel aguanta todo.
El ‘no’ del sistema
Según la Fiscalía General de la Nación, el 93 por ciento de las denuncias por inasistencia alimentaria se estancan en etapa de indagación. Solo entre el 3 y el 5 por ciento termina en sentencia.
El abandono no llega solo en forma de inasistencia económica. Llega también en formas que cuestan más y duran más. Marcela lo sabía. Por eso se fue antes de que escalara. Pero irse no es lo mismo que ser escuchada, y ser escuchada es exactamente lo que el Estado niega.
En 2024, el sistema reportó 164.141 casos de violencia de género e intrafamiliar, un aumento del 150 por ciento frente a 2023. La violencia intrafamiliar contra menores creció un 32 por ciento en un solo año. Y cuando las mujeres que sí denunciaron llegaron al Estado para pedir que alguien protegiera a sus hijos, el 98,1 por ciento de esas noticias criminales terminó 2024 en etapa de indagación (fase inicial del proceso). Cuando los casos llegan a juicio oral, la tasa de absolución supera el 80 por ciento.
El Estado, desbordado y sin voluntad política para priorizar lo que no tiene lobby, encontró una salida elegante para su propia inoperancia. El principio de oportunidad —que permite suspender procesos penales— se aplica en el 70,6 por ciento de los casos de violencia intrafamiliar. Es decir, cuando el sistema ya no da abasto, suelta primero los casos donde hay una mujer y unos hijos esperando justicia.
Y mientras tanto, los niños crecen. Crecen huérfanos aunque su padre siga vivo; crecen con hambre en la barriga y en el corazón. Crecen aprendiendo que pedir ayuda no sirve de nada. Crecen mirando a sus madres respirar despacio para no aumentar el dolor. Eso tiene un nombre: orfandad impune. Solo que nadie la llama así porque el padre está vivo, tiene WhatsApp y manda audios impositivos, llenos de excusas, los martes en la noche para no transferir la cuota.
Y las que no denunciaron —las que, como Marcela, calcularon que callar era más seguro que hablar— no aparecen en ninguna estadística. Son el subregistro más grande y más honesto de todos: el de las mujeres que dejaron de creer en el sistema.
El gobierno actual viene profundizando una crisis estructural con su propio silencio y su inejecución. No hay una política pública articulada que entienda que detrás de cada niño desprotegido hay una mujer que ya avisó. Que ya fue. Que ya esperó. Que el sistema le respondió con ese silencio burocático que es la forma más cobarde de decirle a alguien que no es tan importante.
El costo no es solo humano. Es el costo que ningún presupuesto nacional se ha atrevido a calcular: una generación de niños criados en la precariedad del abandono institucionalizado, que llega al sistema educativo con rezagos, que entra al mercado laboral fracturada y alcanza la adultez repitiendo historias, después de aprender que las reglas están escritas, pero no existen en la realidad. Invertir en escuchar a las madres que alertan no es gasto social. Es una de las inversiones con mayor retorno que tiene Colombia y que el país, de manera sistemática, se niega a hacer.
Este mes de la Madre no estoy pensando en flores. Estoy pensando en Marcela y en que ella podría ser cualquiera. Podría ser la madre que recordamos con una admiración injusta, o tu compañera de oficina, que siempre resuelve y nunca pide ayuda. Podría ser tu hermana, que dice que todo está bien con esa voz a la que ya aprendiste a no creerle del todo. Podría ser tu hija, dentro de quince años, sosteniendo sola lo que debería sostenerse entre dos.
Por eso decidí fundar Waias. No porque tuviera una respuesta, sino porque entendí que lo primero era escuchar. Que una mujer que se siente escuchada ya empezó a resolver.
Aunque no es la solución, sí es una prueba de que, cuando nos duele lo que verdaderamente importa, la posibilidad de cambiar empieza a existir. Lo único que no puede seguir pasando es que nos mantengamos en la comodidad del silencio y en la costumbre de no escuchar a las que sí deciden hablar. Si quieres sumar, hablemos.
Carolina Solano Medina es abogada y fundadora de Waias, plataforma legaltech de impacto social para mujeres en Colombia.