Cada vez que aparece una tecnología que transforma la manera en la que se vive en las ciudades, la conversación suele comenzar por el mismo lugar: ¿Quién la regula? Es una pregunta necesaria, pero quizá no es la primera que deberíamos hacernos.
Antes de hablar de regulación, deberíamos preguntarnos cómo crear las condiciones para que esa innovación genere valor, resuelva problemas reales y fortalezca la confianza entre ciudadanos, empresas y gobiernos. En América Latina existe una tendencia recurrente: responder a la velocidad de la innovación con la misma velocidad para regular o, en el extremo opuesto, dejar que avance sin reglas claras. Ninguno de esos escenarios suele producir buenos resultados.
Muchas veces esa reacción nace de preocupaciones legítimas. Otras, de la incertidumbre que genera cualquier modelo nuevo. Pero también hay un fenómeno que merece mayor atención: la tentación de trasladar soluciones regulatorias diseñadas para otros mercados, bajo la premisa de que ‘si funcionaron allí, funcionarán también aquí’.
Aunque observar experiencias internacionales siempre será una buena práctica de política pública, el problema comienza cuando dejamos de aprender de ellas para simplemente copiarlas.
Las ciudades no deberían competir por importar la regulación más reciente, sino por construir la más pertinente para su propia realidad. Porque la buena regulación no se mide por lo novedosa que sea, sino por su capacidad para responder a las necesidades de las personas y su contexto.
La manera en la que se mueve Bogotá no es la misma de São Paulo. Las dinámicas económicas de Medellín son diferentes a las de Guadalajara. Y las necesidades de quienes utilizan, operan o desarrollan soluciones de movilidad en América Latina difícilmente pueden entenderse solo desde modelos regulatorios construidos para otras geografías.
Regular no debería consistir en trasladar respuestas, sino en entender primero el problema. Para lograrlo, escuchar deja de ser un gesto de cortesía para convertirse en una herramienta de política pública. Escuchar a quienes operan diariamente los servicios, a quienes conocen el comportamiento del mercado, a quienes desarrollan tecnología, a quienes toman decisiones desde la administración pública, pero, sobre todo, escuchar a los ciudadanos, que son quienes finalmente experimentan los aciertos, y también las consecuencias de cualquier regulación.
Construir confianza
Desde el área de Asuntos de Gobierno, existe una percepción que vale la pena desmontar: con frecuencia se piensa que su función consiste únicamente en representar intereses empresariales frente a los gobiernos.
En realidad, nuestro trabajo consiste en construir puentes de confianza entre el sector público y el privado, en traducir las preocupaciones del regulador al lenguaje de la operación y las dinámicas del mercado al lenguaje de la política pública para poder tomar mejores decisiones, sustentadas en evidencia, datos y conocimiento técnico. Eso es especialmente relevante en sectores como la movilidad.
Durante los últimos años hemos visto surgir plataformas digitales, sistemas de micromovilidad compartida, herramientas basadas en inteligencia artificial y soluciones de analítica urbana capaces de transformar la manera en la que las personas se desplazan. Sin embargo, su desarrollo muchas veces depende menos de la tecnología que de la capacidad institucional para ofrecer un entorno regulatorio estable, predecible y técnicamente sólido.
Cuando las reglas cambian constantemente, cuando cada ciudad interpreta de manera distinta un mismo fenómeno o cuando las decisiones responden únicamente a la coyuntura, la innovación pierde velocidad. Y eso se traslada a las ciudades, las inversiones y, sobre todo, a los ciudadanos.
La innovación necesita reglas, supervisión y estándares. Pero también necesita un entorno de confianza que incentive la inversión, fomente la competencia y premie la innovación responsable: Confianza para que una empresa decida invertir, para que un gobierno pueda exigir altos estándares sin desalentar la innovación, para que los ciudadanos entiendan que las decisiones públicas responden a evidencia y no únicamente a la urgencia del momento.
Porque cuando existe confianza, la regulación deja de ser una barrera y se convierte en un habilitador del desarrollo.
En una región donde las ciudades enfrentan enormes desafíos en movilidad, transformación digital y competitividad, la confianza deja de ser un concepto abstracto y se convierte en un activo estratégico. Y esa infraestructura institucional solo puede construirse cuando gobiernos, empresas, academia y ciudadanía se sientan en la misma mesa, con la disposición de escuchar antes de regular y comprender antes de decidir.
Colombia tiene hoy la oportunidad de demostrar que es posible impulsar la innovación sin renunciar a la protección del interés público. El verdadero reto no es importar las regulaciones más exitosas del mundo ni replicar modelos ajenos: es construir reglas diseñadas para nuestra realidad, capaces de generar confianza, atraer inversión y responder a las necesidades de nuestras ciudades.
Porque cuando la regulación entiende el contexto, la innovación deja de ser un riesgo y se convierte en una oportunidad para todos.
María Villate Gaitán, gerente de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Yango Colombia