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En medio de la confusión, los miembros del Ejército salieron despavoridos ante el sonido de las explosiones.

VENEZUELA

Maduro aprieta el puño contra Colombia

Luego del supuesto “magnicidio en grado de frustración”, el presidente vecino desató acciones represivas que presagian algo más grande, mientras acusa a Bogotá de urdir su muerte. En los cuarteles lo toman en serio, aunque muchos cuestionan las consecuencias.

11 de agosto de 2018

Una fuente con acceso a los cuarteles militares, donde finalmente se decide o se avala buena parte de las acciones de gobierno de Venezuela, afirmó a SEMANA que el atentado a Nicolás Maduro realmente se produjo. “Allí no hubo ‘show’ ni lo planeó el gobierno. La expresión de Cilia (Flores, la primera dama) lo dice todo, demuestra miedo y sorpresa”.

Según la tesis oficial, respaldada por supuestas confesiones de 3 detenidos, al menos 11 sicarios contratados ejecutaron el atentado, con la complicidad de un funcionario colombiano que habría facilitado el paso de uno de los sujetos hacia Venezuela. Según Resolución 0877 del 10 de abril de 2018, Migración Colombia habría nombrado a esa persona, Mauricio Jiménez Pinzón, oficial “en periodo de prueba” en Cúcuta. El régimen precisamente vincula al diputado opositor Juan Requesens con los sospechosos por una llamada en la cual le pidieron ayuda migratoria para pasar la frontera e irse del país. “Creo que no los ayudó, pero quedó ese registro ahí”, comenta un diputado opositor que pide reservar su identidad.

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Maduro acusó a los diputados Juan Requesens y Julio Borges del atentado.

Según la versión oficial, en el atentado también participó como autor intelectual el diputado Julio Borges, quien permanece fuera de Venezuela tras amenazas que recibió en pleno proceso de negociación con el gobierno en República Dominicana. Desde entonces ha hecho vida en Colombia junto con su familia. Allá también estuvo esta semana un expreso político venezolano, el expolicía Salvatore Lucchese, quien aseguró en Bogotá haber formado parte del plan. “Teníamos un objetivo y al momento no se pudo materializar”, dijo durante la toma de posesión de Iván Duque, aunque luego matizó sus palabras.

Las diferencias son notables en cada caso. El gobierno de Juan Manuel Santos tuvo relaciones estrechas con la oposición venezolana en los últimos tiempos, especialmente desde que se constituyó el Grupo de Lima. El entonces mandatario recibió a Borges cuando tuvo que buscar dónde ubicar a su esposa y sus cuatro hijos pequeños en febrero pasado. Y todo indica que Iván Duque conservará esa relación. Este jueves, el diputado afirmó que el canciller Carlos H. Trujillo le había expresado “todo el apoyo y la solidaridad” ante las acusaciones de Maduro y también consiguió el respaldo de varios senadores. En su partido Primero Justicia confían en que Borges está protegido y seguro. “Maduro no podrá llegarle”, afirman.

El caso de Lucchese es muy distinto. Ni Casa de Nariño ni ningún actor de la oposición ha explicado su presencia en Colombia. “Es el gran misterio”, dice una diputada de Voluntad Popular, partido en el que militó el expolicía hasta enero. “Él se apareció allí y más nada. No fue representando a nadie. Una semana antes estuvo en Venezuela en una boda, entonces sacó a su familia hacia Miami y él viajó a Bogotá”, agrega una fuente cercana a su familia.

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, pidió a Estados Unidos colaborar con la extradición de un supuesto financista residente en Miami. “Con Colombia pidieron también una reunión, pero no han tenido respuesta de la embajada. Veremos qué postura asumirá Duque cuando le empiecen a pedir deportaciones”, le dijo un integrante de la Constituyente chavista a SEMANA.

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Maduro también acusó a Santos de ser cómplice y dijo no tener dudas de su participación. Pero el fiscal general Tarek William Saab no lo ha mencionado y el resto de la vocería oficial lo excluyó de los señalamientos. Su nombre no fue citado en la ‘confesión’ de uno de los detenidos.

Aún existen muchas dudas sobre la veracidad del supuesto atentado. Buena parte de la sociedad, así como los políticos de oposición hablan de montaje, de autoatentado. Se basan en que, por ejemplo, la parada militar de ese día tuvo lugar en una locación inédita, incluso las prácticas habían sido cuatro días antes en otra parte. ¿Cómo podían los conspiradores saber dónde sería la actividad? Según esa hipótesis, un victimizado Maduro podría beneficiarse de una militancia que cierra filas, justamente, ante la inminencia de medidas económicas impopulares, mientras crece la confrontación interna en el chavismo.

Pero no tanto en los cuarteles como en el gobierno algunos dan absoluta credibilidad al suceso. “No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar”, cuenta el integrante de la Constituyente cuando le recuerdan las 17 veces que Maduro afirmó que querían matarlo. “El suceso fue real. Muy mal planeado y ejecutado, pero real. Otra cosa es lo que ha hecho el gobierno después”, insiste el informante militar a SEMANA. Se refiere, por ejemplo, a las endebles pruebas que sostienen el encarcelamiento de Juan Requesens o la acusación a Rayder Russo y Osman Delgado, inculpados de ser “infiltrados del gobierno” en el grupo Resistencia por Óscar Pérez, el policía sublevado en junio de 2017 y asesinado en enero de 2018.

Ha habido allanamientos sin órdenes judiciales, por ejemplo, al hotel Pestana de Caracas, perteneciente a una cadena portuguesa. Ha habido precalificación de delitos por el propio fiscal y hasta por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, quien habló de “acción terrorista motivada por el odio y con el propósito de crear caos”. En un solo tuit ya se adelantó a toda una investigación, apenas dos horas después del hecho.

Durante un desfile militar en Caracas, Nicolás Maduro pasó momentos de pánico. El presidente venozolano no demoró en decir que todo fue una conspiración desde Colombia para asesinarlo.

Ha habido detenciones ejecutadas por la policía política, como la de Requesens que además violó la inmunidad parlamentaria. Una protección constitucional que solo puede ser levantada por la propia Asamblea Nacional, pero que la Constituyente chavista igual desconoció. Además, alteraron los lugares donde ocurrieron los hechos, pues desde el miércoles comenzaron a reparar el edificio donde explotó uno de los drones. Y por si fuera poco una humilde mujer, Limbania Ramírez, fue desalojada con su familia de una vivienda de protección oficial en Caracas porque supuestamente su esposo se burló del atentado a Maduro en un chat vecinal de WhatsApp.

“Verdad o mentira, Maduro ha encontrado un conveniente ‘leitmotiv’ para victimizarse y para emprender una nueva ola de represión masiva”. Lo dijo Inti Rodríguez, defensor de derechos humanos de la ONG Provea, el mismo sábado 4. Fue una premonición. Ya el fin de semana el ministro de Interior, Néstor Reverol, hablaba de seis detenidos. El gobierno expuso nombres, rostros, documentos de identidad y apodos. La averiguación “en tiempo récord” acabó con la presunción de inocencia, entre otras irregularidades.

Un victimizado Maduro podría beneficiarse ante la inminencia de medidas económicas impopulares

La fuente militar consultada por SEMANA afirma, además, que en el Ejército hay muchas burlas y vergüenza por lo ocurrido, especialmente porque siempre han visto a la Guardia Nacional, protagonistas de los eventos de ese sábado, como un cuerpo menor. Cuando estalló el primer dron, los uniformados corrieron en estampida. Transmitido en televisión, el pobre espectáculo hirió el orgullo del resto de oficiales, pues el código de honor de la Fuerza Armada Nacional reza que los soldados guardarán “culto al valor” y “celosamente el prestigio”. La ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional establece que “no puede ser militar el cobarde”. Fue la última imagen registrada en la transmisión oficial. Una estampida que dejó en ridículo al cuerpo castrense.