En Texas, cualquier ciudadano podrá demandar por pastillas abortivas y ganar hasta 100.000 dólares

El debate sobre las pastillas abortivas en Texas ha entrado en una nueva fase con la aprobación esta semana de una propuesta legislativa que les permite a ciudadanos comunes demandar a cualquiera que fabrique, distribuya o envíe medicamentos abortivos a personas dentro del estado.

Esta medida, reflejo de la estrategia de vigilancia civil introducida en 2021 con la llamada Heartbeat Act, establece sanciones de al menos 100.000 dólares por cada presunta violación y espera el visto bueno del gobernador Greg Abbott.

Las mujeres que reciben estas pastillas quedan exceptuadas de responsabilidad penal o civil, y la ley añade salvaguardas para preservar la privacidad y evitar que familiares abusivos o agresores sexuales puedan beneficiarse de las demandas.

Quienes protestan contra esta norma advierten que abre la puerta a una especie de caza de recompensas legal, habilitando a vecinos, conocidos o incluso personas sin vínculo alguno con la usuaria a demandar y recibir hasta 10.000 dólares, mientras que el resto del dinero iría a una entidad benéfica.

El temor más grande radica en que estas medidas vulneren los derechos reproductivos, genere hostigamiento comunitario y desafíe las leyes de protección vigentes en otros estados que garantizan la privacidad y la práctica médica.

Desde el punto de vista institucional, el antecedente inmediato es la ley SB 8 de 2021, la cual también delegó la ejecución de una prohibición de aborto a ciudadanos, y ha resistido múltiples impugnaciones por esa vía.

Más allá de ese precedente, este nuevo proyecto, House Bill 7, pretende cerrar un vacío legal. Incluso si los proveedores de pastillas operan desde estados con leyes protectoras llamadas “shield laws”, podrían ser demandados solo por enviar o distribuir el medicamento hacia Texas.

Se espera que la medida enfrente desafíos judiciales importantes, especialmente considerando que algunas jurisdicciones democráticas han reforzado sus escudos legales para proteger a los proveedores fuera de Texas.

Al tiempo, las autoridades de Texas y Florida han impulsado acciones para revisar la aprobación federal de la medicación mifepristona, utilizada en abortos médicos, argumentando preocupaciones sobre su seguridad, aunque la comunidad médica afirma que el medicamento es seguro y eficaz.

Hasta hoy, el acceso a abortos por medicación en Texas era cada vez más complicado, pese a que Telemedicina y “shield laws” en estados azules permitían que muchas personas lo obtuvieran con gran facilidad.

Ahora, con el nuevo mecanismo legal sobre la mesa, esa vía podría verse amenazada, alterando aún más el ya restringido panorama reproductivo en Texas.