Trump desata polémica nacional al cerrar clínicas de Planned Parenthood en California con nueva ley antiaborto

California ha comenzado a enfrentar el cierre permanente de cinco clínicas de Planned Parenthood en el norte y centro del estado como consecuencia de un recorte federal en los reembolsos de Medicaid conocido como Medi‑Cal, que impacta de forma directa a pacientes de bajos ingresos.

El recorte se implementó bajo la nueva legislación federal firmada el 4 de julio de 2025, y parte del proyecto denominado One Big Beautiful Bill, que prohíbe durante un año financiar a organizaciones que ofrecen abortos y recibieron más de $800.000 dólares del sistema en 2023.

Estas clínicas ubicadas en South San Francisco, San Mateo, Santa Cruz, Gilroy y Madera pertenecen a Planned Parenthood Mar Monte, la mayor afiliada de la organización en California y Nevada, que administra alrededor de 30 centros de salud y atiende a más de un millón de pacientes anualmente.

Aproximadamente el 80 % de esos pacientes dependen del programa Medi‑Cal, lo que convierte a este golpe a los fondos federales en una amenaza directa para el acceso a atención básica, incluyendo exámenes de bienestar, control prenatal, detección de cáncer y tratamiento de enfermedades crónicas.

En pocos días, Planned Parenthood reportó pérdidas inmediatas superiores a 1,7 millones de dólares en ingresos por reembolsos suspendidos, y proyecta una reducción de alrededor de 8,4 millones de dólares al final de mes, lo que compromete la sostenibilidad de sus operaciones.

El personal ha visto reducción de servicios fundamentales como medicina familiar, salud mental y atención prenatal incluso en clínicas que permanecen abiertas, como las de San José.

Ante la situación, el fiscal general de California, Rob Bonta, junto con los fiscales de 22 estados demócratas, presentó una demanda federal argumentando que la ley viola derechos constitucionales, como la primera enmienda, la cláusula de debido proceso y el principio de gastos claros del Congreso, calificándola de “proyectil contra Planned Parenthood” y un intento de chantaje político mediante el financiamiento.

Un juez federal en Massachusetts, la jueza Indira Talwani, emitió el pasado 28 de julio una medida cautelar que restaura temporalmente el reembolso de Medicaid a Planned Parenthood en todo el país, ampliando una orden preventiva anterior más limitada. Sin embargo, esa orden no ha logrado reabrir las cinco clínicas ya cerradas en California.

La CEO de Planned Parenthood Affiliates of California, Jodi Hicks, definió la medida federal como un “aborto por la puerta trasera” y advirtió que millones de pacientes podrían perder atención preventiva esencial.

Aunque la organización mantiene que no planea detener servicios de aborto, el conjunto de restricciones amenaza la estabilidad de su red sanitaria.

Por su parte, el congresista Jimmy Panetta expresó que la clausura de la clínica Westside en Santa Cruz es una consecuencia directa de la ley federal y anunció esfuerzos legislativos y judiciales para revocar la disposición, incluyendo el apoyo a la Restoring Essential Health Care Act.

Mientras tanto, los líderes estatales intentan reforzar el acceso con recursos propios, como los 90 millones de dólares adicionales aprobados en 2024 y el rechazo a recortes en el presupuesto estatal.

El futuro de los pacientes vulnerables pende de las decisiones judiciales y legislativas que podrían restablecer los fondos federales o forzar a California a asumir gastos sin precedentes, con costos de salud pública que podrían superar los 30 millones de dólares en cinco años según estimaciones estatales.