Trump elimina TPS a hondureños y nicaragüenses: miles enfrentan deportación pese a fallos judiciales en EE. UU.

A partir de este mes de septiembre, más de 75.000 personas originarias de Honduras y Nicaragua pierden el amparo legal del Estatus de Protección Temporal (TPS), una condición que les permitía trabajar y residir en Estados Unidos sin temor a ser deportados.

El Departamento de Seguridad Nacional, mediante una decisión anunciada el 8 de julio de 2025, retiró este estatus a aproximadamente 72.000 hondureños y 4.000 nicaragüenses, justificando que las condiciones en sus países de origen han mejorado, lo cual les permitiría regresar con seguridad.

Según la información oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), los beneficios del TPS estaban vigentes solo hasta ayer 8 de septiembre de 2025, fecha límite establecida en la publicación del Registro Federal.

La medida representa un cambio abrupto para miles de residentes de larga trayectoria que han trabajado, pagado impuestos y formado familias establecidas en comunidades estadounidenses durante más de dos décadas.

Aunque el gobierno asegura que la situación en Honduras y Nicaragua ha mejorado, citando avances en infraestructura y turismo en el caso hondureño defensores de derechos humanos y activistas afirman que la decisión carece de fundamento humanitario y pasa por alto realidades como la represión política en Nicaragua o la inseguridad crónica en Honduras.

No obstante, la decisión enfrenta frenos legales. Un fallo reciente de la jueza Trina Thompson impidió la efectividad del fin del TPS, señalando que la medida carece de base legal objetiva y resulta discriminatoria, con expresiones como “el color no es ni un veneno ni un crimen”.

La jueza amplió la protección hasta el 18 de noviembre, lo cual representa un alivio temporal para miles de beneficiarios y permitirá que puedan presentar sus defensas en tribunales.

Organizaciones como la Alianza Nacional del TPS, la ACLU y redes comunitarias han liderado esta lucha legal y ofrecerán asistencia jurídica y recursos a los afectados.

La emergencia es evidente. El TPS fue otorgado tras el huracán Mitch en 1998, y desde entonces se ha renovado repetidamente por desastres naturales, violencia y crisis políticas en ambos países.

Ahora, estas comunidades enfrentan la posibilidad de desplazamiento forzado, pérdida de empleo y separación familiar, a menos que consigan otra vía legal para permanecer en Estados Unidos.

Este momento crítico exige una mirada responsable, Pues miles de personas que han construido sus vidas aquí están a punto de perder una estabilidad alcanzada con esfuerzo. La movilización legal y comunitaria, junto con la presión política, será decisiva en los próximos meses para definir su futuro.