Nación
Alcaldía de Bogotá tiene 15 días para trasladar a la comunidad emberá de la UPI La Rioja por orden de la Corte
El Distrito confirmó que las instalaciones del Idipron tienen condiciones críticas y con graves problemas eléctricos y sanitarios.
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La Corte Constitucional le dio un plazo de 15 días a la Alcaldía de Bogotá y a la comunidad indígena emberá para que se trasladen de las instalaciones de la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja que se destinó para los cientos de personas que llegaron a la capital del país, afectadas por el conflicto armado.
La orden de los magistrados Héctor Carvajal y Natalia Ángel Cabo, integrantes de la Sala Octava de Revisión de la Corte fue “ordenar a la comunidad emberá que habita la UPI- La Rioja y a la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación que, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta providencia, efectúen el traslado de los integrantes de la comunidad emberá, que fueron víctimas del conflicto y permanecen en dicho lugar”.
La decisión se dio después de que dicha Sala observó que la situación en la UPI La Rioja es de “alto riesgo y requiere una medida inmediata”, pues en cualquier momento puede ocurrir una explosión, caída de techos, y en general, muertes individuales o masivas, que se han logrado evidenciar durante las extensas revisiones".
De hecho, la Corte Constitucional detalló que hay suficiente evidencia que así lo demuestra, como las alertas que ha venido realizando el Idiger desde el año 2023, cuando informó que “la evacuación definitiva de la edificación, toda vez que el proceso de degradación de las redes, la infraestructura y en general la funcionalidad de la UPI La Rioja se están viendo comprometidas en el corto plazo”.
En noviembre de 2023, la compañía de seguros Positiva también expuso la existencia de un “alto riesgo” a los problemas de infraestructura tanto para los ocupantes de la sede como para los visitantes y colaboradores, así mismo, informó un grave riesgo de contaminación biológica por acumulación de residuos, así como problemas con los techos y el piso que pueden provocar peligro para quienes frecuentan el lugar.
El alto tribunal vinculó a este proceso a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para que en un plazo de cinco días, identifique un predio cercano a Bogotá que sirva como refugio temporal para la población emberá, en caso de que el Idipron no tenga concepto favorable sobre los predios que tiene a disposición. Esa información será entregada a la Consejería Distrital de Paz del Distrito.
Por su parte, el Idiger tendrá 24 horas para entregar extintores en La Rioja y el Idipron contará con tres días para informar a la SAE y a la Consejería de Paz, si el traslado de la comunidad en la UPI La Rioja a La Florida, implica un “cese o disminución en la prestación de los servicios sociales de sus programas de política social”.
La Corte consideró que la medida “no genera un daño desproporcionado para las partes involucradas”, al considerar que aunque podría traer dificultades a la población para la venta de sus artesanías por el cambio del lugar que habitan, la decisión es “necesaria” para proteger la vida de los adultos y menores de edad que viven en ese lugar en el occidente de la ciudad.
