Altos funcionarios de los Gobiernos de Duque y de Petro serán investigados por la crisis humanitaria de la comunidad Wayúu en La Guajira.

La Procuraduría General de la Nación acaba de abrir una investigación disciplinaria contra 40 altos funcionarios de los Gobiernos de Duque y de Petro, por el supuesto incumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó atender la crisis humanitaria por la que atraviesa la comunidad Wayúu, en La Guajira.

Desde el año 2024, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría venía adelantando una indagación previa contra funcionarios por determinar de las entidades a cargo de dar cumplimiento al fallo del alto tribunal.

Un año después, el ente de control decidió abrir investigación formal contra más de 40 altos funcionarios tanto del Gobierno del presidente Iván Duque como el del presidente Gustavo Petro, que habrían incumplido con lo ordenado para atender la crisis humanitaria que atraviesa esa población.

En un documento de trece páginas, la Procuraduría General detalló que entre los investigados está Fernando Ruíz, Carolina Corcho y Guillermo Jaramillo, así mismo, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, la exdirectora del Dapre, Laura Sarabia, la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz.

Lo curioso es que entre los funcionarios del Gobierno Petro, hay varios que terminaron salpicados por el escándalo de la UNGRD, uno de esos capítulos, el presunto desvío del contrato para comprar carrotanques que iban a suministrar agua potable en ese departamento, uno de los graves problemas que la Corte pidió atender.

La decisión del ente de control expuso que “De conformidad con la prueba documental obtenida en la indagación previa, se ha conocido que dentro de las gestiones para el cumplimiento de la orden tercera de la sentencia T-302 de 2017, notificada desde el año 2018, en el primer semestre del año 2024 se expidió el Decreto No. 0147 de 2024, que tiene por finalidad constituir el marco normativo para la creación, implementación y seguimiento del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (MESEPP), sin que se hayan conocido más gestiones frente al cumplimiento de la decisión”.

Así fue como más de 40 altos funcionarios de los dos últimos gobiernos en Colombia terminaron investigados porque habrían incumplido con la sentencia que protegió los derechos a la salud, al agua potable, a la alimentación y a la seguridad alimentaria de los niños Wayúu en varios municipios de La Guajira.