Prohibición de la pólvora, un debate que se vuelve a encender

Hace 23 años, en diciembre de 1995, el entonces alcalde de Bogotá Antanas Mockus prohibió mediante un decreto el uso de la pólvora en toda la ciudad. La decisión generó polémica, no solo entre los polvoreros, también entre los habitantes de la capital que hasta esa fecha no sabían lo que era una celebración navideña sin pólvora. Por el contrario, voladores, volcanes, pitos, totes y chispitas, eran habituales en todas las calles, entre otras por que se podían conseguir a la vuelta de la esquina, y hasta los menores de edad podían comprarlos. 

Pero fue una de las decisiones de Mockus que empezó a tener resultados inmediatos. El pabellón de quemados del Hospital Simón Bolívar vio disminuir significativamente las emergencias por el número de personas heridas o lesionadas con la pólvora.

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Desde entonces en Bogotá las navidades y las fiestas de fin de año ha disminuido la pólvora, como en ningún otro lugar en el país. Ya no se consigue en cualquier calle de la ciudad, como era habitual hace más de dos décadas, y entre sus consecuencias ha tenido la disminución, año tras año, de personas quemadas. Para la muestra, en diciembre del 2018 no hubo un solo ingreso al pabellón de quemaduras del Simón Bolívar en la capital.

Ahora Antanas Mockus es senador y junto a su fórmula la representante a la Cámara Katherine Miranda, tienen como propósito del nuevo año convertir en ley un proyecto con el que proponen aplicar la experiencia de Bogotá y replicarla en todo el país. La iniciativa pretende prohibir la venta de pólvora a los ciudadanos.

Aunque iniciativas con esta naturaleza han fracasado en el Congreso hasta en tres oportunidades, Miranda considera que las cifras de personas quemadas que fueron reportadas en diciembre son un motivo suficiente para volver a encender este debate.

Según el reporte del Instituto Nacional de Salud, el número de quemados con pólvora ascendió a 625 personas, de las cuales 229 son menores de edad. Y aunque supuso una reducción de 14,5 por ciento respecto a la cifra registrada en el mismo periodo de 2017, cuando se reportaron 731 casos ocurridos en 2017, no deja de ser alarmante.

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Los departamentos con mayor número de víctimas fueron Valle del Cauca, con 76 casos, seguido de Antioquia (59), Atlántico (51), Cauca (45), Cundinamarca (26) y Bogotá (19), y según el reporte del Instituto las lesiones más frecuentes fueron quemaduras, laceraciones, contusiones, amputaciones, daño ocular y daño auditivo.

El proyecto de ley, explica Miranda, busca garantizar los derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la salud y la recreación de todos los habitantes del territorio nacional por medio de la reglamentación en la fabricación, la manipulación, el transporte, el almacenamiento, la comercialización, la compra, la venta y el expendio de pólvora y productos pirotécnicos.

De ser aprobado, quedaría prohibida la pólvora en las categorías 1, 2 y 3, que son aquellos artefactos menos potentes como las chispitas, volcanes, pitos, totes, los que usualmente la gente manipula en la calle. Estos elementos no se podrán comercializar, transportar ni podrán ser manipulados en la vía pública. “Esto ayudará a reducir los quemados en pólvora”, explica Miranda.

Según la congresista, el proyecto no pretende prohibir totalmente el uso de la pólvora sino restringirlo solo a personas que estén en la capacidad de manejar este tipo de artículos pirotécnicos. Contempla excepciones para las personas naturales y jurídicas que cumplan con los requisitos para el uso profesional.

Mockus, que ha sido un abanderado de la pedagogía, considera que frente a la pólvora es más efectivo el “garrote que la zanahoria”, como lo explica la representante Miranda. “Cuando estamos hablando de la vida hay que utilizar el garrote más que la zanahoria”.

En el gremio de los polvoreros hay inquietud frente a los alcances de esta iniciativa. Carlos Andres Carvajal presidente de la Federación Nacional de Pirotécnicos considera que es saludable reglamentar la actividad pues hay mucha pólvora ilegal que se comercializa en todo el país, pero se opone a que la venta de pólvora sea prohibida en todo el país. Por eso plantea un componente pedagógico antes que restrictivo para el uso sin riesgos de la pólvora. “Hay que trabajar por una pirotecnia responsable, legal y segura”, dijo en diálgo con la W Radio. 

El debate está planteado. El gremio de los polvoreros reclama que se desarrolle con argumentos técnicos y no moralistas, mientras que sus promotores insisten en que esta vez el garrote será lo más efectivo en su propósito de salvar vidas. La última palabra la tendrá el Congreso, y su decisión provocará que algunos echen cohetes.