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| Foto: Archivo SEMANA

JUDICIAL

Red criminal alcanzó a chuzar por lo menos 800 líneas telefónicas

Un juez de Cali envió a prisión a tres oficiales retirados; una de las capturadas anunció que negociará con la justicia. Durante la audiencia, se conocieron detalles de los audios que comprometerían la responsabilidad del general (r) Guatibonza.

6 de agosto de 2018

A medida que avanza el proceso contra las cuatro personas capturadas y señaladas de conformar una red que chuzaba las comunicaciones de políticos, empresarios y funcionarios de la rama judicial, se conocen nuevos detalles que enredan aún más la supuesta participación de un ex alto oficial de la Policía. A cuenta gotas se van conociendo detalles de cuál fue la presunta participación de tres exmilitares, una exfuncionaria del Ministerio de Comunicaciones y hasta el posible rol que habría jugado el famoso general retirado Humberto Guatibonza.

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Aunque el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, aclaró este lunes que el exoficial no hacía parte de la red criminal, en la tarde, el juez 29 penal con función de garantías en Cali ahondó en detalles sobre otros audios interceptados dentro de la investigación y dio más luces sobre el papel que habría jugado el hombre de hierro en el Gaula.

La Fiscalía insiste en que una firma allanada por las autoridades -A&G Seguridad- es de propiedad de Guatibonza, quien según el fiscal actuaba como cliente de esta organización criminal. Entre los servicios que ofrecía A&G Seguridad estaba la obtención de la sábana de los abonados celulares, que es el registro de todas las llamadas entrantes y salientes de un celular. 

Así también lo ratificó durante la audiencia el funcionario judicial, quien se refirió a varias interceptaciones en las que se menciona a Guatibonza como un cliente habitual de los servicios que ofertaba la red de chuzadas. Uno de esos audios se refiere a la llamada que el coronel (r.) Jorge Salinas le habría hecho a Guatibonza para hablar sobre “un tema pendiente con el camionero de Bucaramanga”.

En otros audios, se deja entrever que en el plan de expansión de la red criminal hacia ciudades como Medellín, Cartagena, Bucaramanga, Barranquilla y Ecuador, "se hablaba de una alianza con el general Guatibonza y la existencia de los equipos técnicos, junto a peritos de la Policía", argumentó el juez.

La citada conversación ocurrió el 15 de junio del 2018. En ella, Salinas habla de su plan de expansión. El coronel (r) manifesta que tiene una empresas de gestión de riesgo y de investigaciones en alianza con el general Guatibonza, lo cual le permitirá tener un buen respaldo.

Los documentos que estudió el juez fueron determinantes para dictar medida de aseguramiento en contra de los tres oficiales en retiro capturados. El juez explicó que esta presunta red criminal alcanzó a monitorear los números celulares de 800 abonados entre funcionarios de la Policía, Fiscalía, Fuerza Aérea, Ejército, Gobernación de Nariño, Alcaldía de Ipiales, y empresarios del sector de seguridad, transporte y la industria petrolera.

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La Fiscalía capturó a los militares retirados Jorge Humberto Salinas Muñoz, Carlos Andrés Pérez Cardona, Luis Mesías Quiroga Cubillos y la exfuncionaria del Ministerio de Comunicaciones María Alicia Pinzón Montenegro; todos ellos acusados de cinco delitos: concierto para delinquir agravado, uso ilegal de redes, acceso abusivo, software malicioso y violación de datos personales.

En el caso de Pinzón Montenegro, anunció una negociación con las autoridades para entregar información clave de clientes y víctimas de estas chuzadas. Su papel es clave porque justamente era ella quien cumplía las funciones de hackeo de claves, contraseñas y acceso a redes sociales.

La investigación tuvo como punto de partida el 4 de mayo de 2017, cuando los investigadores le seguían el rastro a una banda que contrabandeaba en la frontera con Ecuador. Allí se encontraron los contactos que venían adelantando desde la firma JHS Consultores -del excoronel Jorge Salinas- con Ecuador para supuestamente brindarles ayuda en las investigaciones que se estaban adelantando. En dichas conversaciones ofrecían el nombre de Guatibonza, como experto antisecuestro, a manera de gancho para atraer nuevos clientes.  

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A partir de ahí y gracias a labores de contrainteligencia, se pudo establecer de las presuntas actividades ilegales que se llevaban a cabo en el grupo mecanizado número tres del batallón José María Cabal de Ipiales.

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