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| 4/4/2019 8:21:00 AM

Cero y van tres capturas de altos directivos del sistema penitenciario por actos de corrupción

La reciente captura de la exdirectora de Uspec, Maria Cristina Palau, se suma a otras dos cabezas que rodaron en meses pasados de altos directivos de dos importantes cárceles del país.

Capturan a Maria Cristina Palau, exdirectora de Uspec por presuntos actos de corrupción Cero y van tres capturas de altos directivos del sistema penitenciario por actos de corrupción Foto: Guillermo Torres / SEMANA

Con la captura de la exdirectora de la Uspec, Maria Cristina Palau, ya son tres los altos funcionarios del sistema penitenciario que deberán responder ante la justicia colombiana por actos de corrupción. La lista la encabezan los exdirectores de la cárcel La Picota y La Modelo.

Contexto: Las otras irregularidades encontradas en la Uspec

En la tarde de ayer la exdirectora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Establecimientos Carcelarios (Uspec), Maria Cristina Pelau, fue capturada por la Fiscalía por su presunta vinculación con contratos irregulares que ponían en manos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) proyectos para rehabilitar la infraestructura carcelaria.

El material probatorio revelado por el ente acusador indica que Pelau se habría aliado con algunos funcionarios del Fondo para coordinar la adjudicación de dichos contratos. Entre ellos se encuentran Juan Carlos Montoya, quien parece ser una llave doble, pues fungió como funcionario del Uspec y también en Fonade.

También fue capturado Héctor Julio Álvarez Rivero, exsecretario de infraestructura departamental de Córdoba, exdirector de bienes públicos rurales del Ministerio de Agricultura y, además, exfuncionario de Fonade.

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En el escándalo se ven involucradas dos instituciones públicas: la Uspec y Fonade. La primera se encarga prácticamente de administrar los recursos y los proyectos necesarios para la adquisición, suministro y sostenimiento de los servicios que sean necesarios para la gestión penitenciaria y carcelaria.

La segunda, es una empresa industrial y comercial del Estado que se encarga, en pocas palabras, de la ejecución de proyectos  para el desarrollo del país. Esto le da la facultad de realizar alianzas con el sector privado y público.

El problema no radica en que estas dos entidades se aliaron para llevar a cabo proyectos específicos, el meollo se centra en lo que la Fiscalía señala como una “adjudicación direccionada de la contratación instruida por la exdirectora de Uspec, lo que supuestamente implicaba la exigencia de contratar personas estratégicas de Fonade para manejar irregularmente diversos procesos y además exigir que la entregaran información privilegiada de manera anticipada”.

Cero y van tres

Con la captura de Palau, se suma una tercera alta funcionaria a la lista de altos directivos del sistema penitenciario en Colombia en los últimos meses que están envueltos en escándalos de corrupción. El primero en caer fue el mayor Luis Fernando Perdomo Claros, exdirector de la penitenciaría La Picota, en el mes de octubre de 2018.

Perdomo fue señalado de recibir dinero de parte del exjefe de La Oficina, Byron Piedrahita, para permitirle recibir a su familia en la cárcel durante horarios extraoficiales. Su captura causó una gran polémica por tratarse de una de las cárceles más importantes del país.

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A la cabeza de Perdomo Claros, le siguió entonces la del director de la cárcel La Modelo,  César Augusto Ceballos, el pasado 30 de enero. El funcionario fue acusado por tener montada toda una red corrupta que le permitía a ciertos reclusos acceder a beneficios a través del pago de distintas tarifas.

Una vez ingresaba un recluso al centro penitenciario, Ceballos realizaba ‘un estudio socioeconómico’ del reo para saber en qué patio lo podía ubicar. Según la Fiscalía, “en el patio tres eran ubicadas las personas con más dinero y, presuntamente, debían pagar tres millones de pesos mensuales por su permanencia en ese lugar”.

Los capturados deberán responder ante la justicia, que mantiene sus investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en el sistema penitenciario, cuyas protuberantes problemáticas siguen generando verdaderos dolores de cabeza al Estado colombiano y hace albergar enormes dudas sobre su capacidad institucional para solucionarlas.

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