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| Foto: Yolvis de de la Cruz Morales

MIGRANTES

Capurganá, el infierno de los migrantes africanos

Con temor, con hambre, enfermos y sin tener para dónde ir, se encuentran alrededor de 400 migrantes africanos y asiáticos en la pequeña localidad fronteriza de Capurganá, Chocó.

Juan Arturo Gómez Tobón
2 de febrero de 2018

Hacinados en cambuches, y al amparo de un delgado plástico negro en la mitad de la selva del Darién, pasan los días y las noches niños de brazos, mujeres embarazadas, jóvenes y ancianos quienes le huyen a la guerra o al hambre en países como Siria, Sierra Leona, Bangladesh, Pakistán, India o Eritrea. 

Taha está tendido en la tierra húmeda, ardiendo en fiebre y con sus pies llenos de llagas. Tres veces ha cruzado la frontera colombo-panameña, pero siempre ha sido devuelto por el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, Senafront. Él repite frases sin cesar, mediadas por un silencio delirante que le llama la atención a una médica pakistaní y un enfermero cubano; las barreras idiomáticas no son una limitante, la desesperanza los une. Reinel*, un llamado coyote, ha estado pendiente de Taha, recibe las indicaciones del enfermero, coge el camino hacia Capurganá y a los pocos minutos regresa con una bolsa plástica; en ella trae dos perniles de pollo, unas cuantas papas, un caldo de gallina y los medicamentos para Taha.

«Taha llegó a Capurganá a finales de noviembre, ya son tres intentos, él solo tuvo para pagarme el primer viaje.  Este drama se vive desde finales de noviembre, acá puede haber 400 migrantes, la mayoría están sin un dólar en sus bolsillos, Nadie les ayuda, ellos no existen para los gobiernos, ni para las Ongs. Sobreviven gracias a la caridad de la gente de Capurganá y la nuestra, esos que llaman coyotes. Sí, existen coyotes que los estafan y les roban, pero no todos, yo también he sufrido los horrores de la guerra y el desplazamiento», relata Reinel.

Taha y Ganjeet, en su último intento, lograron llegar a los límites con Costa Rica, pero mediante el engaño de darles un salvoconducto, la Senafront los subió a una patrulla y los llevó al campamento para migrantes en Lajas Blancas, Provincia del Darién. Allí les tocó vivir en una de las improvisadas carpas hechas de una sencilla tela. Las noches eran una tortura: nubes de zancudos les robaban la poca tranquilidad que les podría brindar el sueño nocturno. Poca agua, una comida diaria y sin atención humanitaria, los mantuvo por dos meses la guardia panameña. La rutina solo era rota por la llegada diaria de decenas de migrantes que como ellos eran retenidos a escasos a kilómetros de la mítica Loma de la Muerte.

Un día muy de madrugada,  seis guardias, como arriando ganado, obligaron a 200 migrantes  a coger la selva. Ya llegada la noche, al grito de «No los queremos ver más en Panamá», fueron dejados a su suerte en las selvas del Tapón del Darién cerca a Colombia. Eso relata Ganjeet, compañero de Taha, no sin antes sentenciar, «allí en Lajas Blancas vimos morir a un sirio de malaria y a mediados de diciembre, en nuestro segundo intento íbamos en la ruta para llegar a la carretera y una  creciente súbita del río Armila mató a treinta migrantes». Ganjeet enmudece y rompe en llanto.

Por qué huyen de Eritrea

Para Gangeet Eritrea es la Corea del Norte de África. «Esclavitud, tortura, asesinatos y encarcelamientos se sufre en Eritrea, en mi país quien practique una religión diferente a las tres oficiales está en peligro; el servicio militar es obligatorio y prácticamente indefinido, por eso huimos». Hasta noviembre de 2016, mes en el cual Panamá reforzó los controles en la frontera, un  total de 602 migrantes de Eritrea salieron por el muelle del Waffe con destino a Capurganá.

Taha es  un joven de 23 años, pero aparenta 40. Huyó de Eritrea hace ocho meses junto con quince compañeros de universidad. Una mañana de abril llegó el ejército a reclutar jóvenes a la universidad, pero Taha, Ganjeet y sus compañeros salieron de Eritrea  bordeando el Mar Rojo y cruzaron Sudán y parte de Egipto hasta llegar a Puerto Said en el mar Mediterráneo. Allí, un barco por dos mil dólares los llevó hasta Puerto Santos, Río de Janeiro; de ahí viajaron en bus hasta Manaos; allí contactaron al primero de los coyotes, quien los entregó a otro en Tabatinga, Perú.

Y de las garras de los coyotes cruzaron por dos semanas la selva del Amazonas de Brasil, Perú y Ecuador; a Colombia entraron por Puerto Hormiga, Putumayo. Según Gangeet en Colombia han sufrido estafas, robos y constantes amenazas de deportación por parte de las autoridades, las cuales no se hacen realidad a cambio de dinero. «50 dólares en la vía a Cali, 300 en la ruta Medellín y 150 en camino a Turbo. En el único lugar que no nos han pedido un solo dólar es en Capurganá».

Según el informe de la comisión de la ONU de 2016, en Eritrea se han violado sistemáticamente los Derechos humanos desde su independencia de Etiopia en 1995, siendo la esclavitud uno de los que más preocupa. El mismo informe especifica que el gobierno ha permitido la esclavización de entre 30.000 a 400.000 personas. Para la misma comisión, en Eritrea se ha instaurado un régimen de terror para desestimar la oposición, con base en la tortura, el asesinato y la persecución por religión o etnia. Cabe resaltar que en Eritrea no están permitidos los periódicos, emisoras o canales de televisión particular o comunitaria. Según el informe, la libertad de prensa en el mundo de 2017 de Reporteros sin Fronteras, Eritrea ocupa el penúltimo lugar mundial en  violación a la libertad de prensa antecediendo a Corea del Norte.

Un negocio de miles de pesos

Según Fabricio Marín, del Muelle el Waffe de Turbo, hasta noviembre de 2107 salieron, con salvoconducto y con destino a Capurganá, 670 migrantes por mes, pero de forma repentina el 26 de noviembre esa cifra bajó a cero, número que aún se mantiene. Las razones por ese cambio tan brusco son los fuertes operativos implementados por la guardia panameña desde el mes de noviembre para controlar el paso de migrantes por la frontera y la negativa por parte de Migración Colombia de entregar salvoconductos para continuar para Panamá, es de anotar que el salvo conducto no es otra cosa que una deportación  voluntaria que firma el migrante, en la cual se le da un plazo no superior a 15 días de abandonar Colombia por la frontera que ingresó.  

Hacer el trayecto de forma legal entre Turbo y Capurganá tiene un costo de 65.000 pesos, pero este costo para un migrante  ilegal está entre 2 millones y 3 millones de pesos. Tomando en cuenta las cifras oficiales, este negocio les ha representado a las bandas encargadas del tráfico de personas como mínimo 1.400 millones de pesos mensuales. 

Una nueva crisis migratoria

En agosto de 2016, cerca 5.000 migrantes cubanos represados en Turbo por cerca de 6 meses salieron despavoridos huyendo a una inminente deportación por parte de Colombia. Ante este drama humanitario el abogado Walter Leandro Aguirre Mazo instauró una solicitud por la protección de los Derechos de los migrantes.  El 8 de agosto de 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un fuerte llamado de atención a Colombia por el trato dado a los migrantes: “De conformidad con las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos, la Comisión llama al Estado colombiano a implementar todas las medidas que sean necesarias para proteger la vida, integridad y seguridad de todos los migrantes bajo su jurisdicción. La garantía efectiva del derecho a la vida exige que el Estado debe adoptar medidas de prevención, protección y asistencia cuando tiene conocimiento de situaciones de migrantes en peligro. El Estado también debe adoptar medidas para garantizar los derechos al debido proceso y a la protección judicial en el marco de procedimientos migratorios, a la unidad familiar, a solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución (non-refoulement) y la prohibición de expulsión colectiva de extranjeros. Asimismo, los Estados deben adoptar las medidas necesarias para prevenir y sancionar los abusos que particulares y autoridades estatales puedan cometer en contra de personas migrantes…”.

Para el doctor Aguirre es claro que este llamado de atención al Estado de Colombia obliga a respetar los acuerdos suscritos por Colombia en tema de migración: “Son varios los instrumentos jurídicos que consagran la protección de los derechos de la población migrante no importa del país o lugar que provengan, en sus diversas formas y condiciones, entre ellos los principales son La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre la cual en su artículo 27 consagra el derecho a pedir asilo, además, existe como garantía El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas que consagra el derecho de asilo, de derecho a la libre circulación, el derecho al debido procedimiento en materia de migración y el derecho a la contradicción en caso de querer expulsarlos del país residente y, el principal instrumento que existe referente a los derechos de la comunidad migrante es el Convenio Relativo al Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, en el cual se fijan las principales reglas y derechos de esta población, empezando por su definición, la obligación del refugiado de acatar las leyes”.

Aguirre también cita el principio de no discriminación a la hora de aplicar el convenio por las partes contratantes, la condición jurídica y los derechos mencionados anteriormente y otros como derecho de asociación, derecho de acceso a los tribunales, a los derechos como empleado migrante, entre muchos otros. Además, “la Convención Americana de Derechos Humanos consagra esos mismos derechos y sus organismos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han ordenado a Colombia la protección integral de los refugiados y migrantes, tal como sucedió en el caso de los migrantes cubanos en el año 2016, en el cual al Estado vía tutela y solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana se le ordeno el respeto al debido proceso y en especial el principio de no devolución del migrante o refugiado”.

El viernes 2 de febrero, después que cesará un fuerte aguacero, un grupo de 80 migrantes tomaba de nuevo la trocha hacia a Panamá por la selva del Darién. Por el camino iban hombres, niños de escasos 10 años y Angelique, una bebé nueve meses. 

Taha recuperaba la cordura después de sufrir una intensa fiebre por tres días. Ganjeet contaba que la gente de Capurganá lo había llevado para hostales abandonados y que Claudia organizó un convite para recolectar ayudas. Hasta los turistas participaron. Ganjeet puso al tanto a su amigo de los últimos acontecimientos: “hoy partió un grupo para Panamá. Eso haremos nosotros cuando te recuperes”.