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Claudia López mantiene su investidura política

El Consejo de Estado tomó la decisión. La exsenadora fue demandada por no declararse impedida en la votación de un proyecto de ley que pretendía despenalizar la injuria y la calumnia.

6 de septiembre de 2018

Una demanda por no haberse declarado impedida puso en el limbo en su momento la investidura política de la exsenadora Claudia López. En ese entonces según el demantante, la congresista debio haberse declarado impedida para participar en la votación y aprobación de un proyecto de ley  que pretendía despenalizar la injuria y la calumnia. El argumento principal: que López enfrentaba procesos penales con la Corte Suprema por esos delitos.

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"No hay razón justa, ni argumentos valederos que conlleven a una perdida de investidura para continuar ejerciendo su papel político en el país", dijo en un comunicado el partido Alianza Verde, al cual pertenece la excongresista.

No es la primera vez que la exsenadora tiene que librar una batalla legal de grandes proporciones, se puede decir que esta es su tercera victoria, por lo que su marginación de la política no se ve cerca todavía.

La demanda fue interpuesta por Hernán Cadavid, un abogado que quiso aspirar a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático.

El fallo, que se dio en primera instancia por una Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sondieró que la exsenadora no incurrió en conflicto de intereses a pesar de que no se declaró impedida. Según esa sala, López no tenía la obligación de hacerse a un lado de la toma de decisiones sobre el tema en discusión pues cuando se debatía el proyecto de ley no estaba vinculada a ninguna investigación penal por los delitos de injuria y calumnia.

No es la primera vez que la ex senadora tiene que librar una batalla legal de grandes proporciones, se puede decir que esta es su tercera victoria, por lo que su marginación de la política no se ve cerca todavía.

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"No se puede desprender un conflicto de intereses respecto de actuaciones penales, en fase preliminar, que potencialmente pueden ir en contravía a los deberes de respeto y garantía que el Estado tiene respecto de quien informa, opina, delibera o critica asuntos de la esfera pública”, dictó el fallo del Consejo de Estado.