La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al representante a la Cámara por el departamento del Chocó, Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, quien llegó al Congreso gracias a los habitantes de esa región, que está golpeada por las irregularidades que cometió cuando estuvo al frente de esa gobernación.
Desde el alto tribunal confirmaron que el caso pasará de instrucción a la Sala de Primera Instancia para que sea un magistrado de esa división quien lo lleve a juicio por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
El caso pasará a reparto en los próximos días al interior de la Sala de Primera Instancia para que se designe a un magistrado ponente contra Palacios; hay que recordar que esa sala está conformada por los magistrados Ariel Torres, Blanca Barreto y Jorge Caldas.
Irregularidades en la contratación. #SalaDeInstrucción de la @CorteSupremaJ acusó al Representante a la Cámara por Chocó Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. pic.twitter.com/HN2eH809F3
— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) January 22, 2026
El representante a la Cámara por el partido Liberal ahora tendrá que responder por su presunta participación en las irregularidades que le salieron a un contrato destinado para desarrollar el sistema masivo de gas natural para los municipios de Itsmina, Tadó, Unión Panamericana y Condoto.
Desde la Corte Suprema de Justicia informaron que las actuaciones del congresista Palacios cuando era gobernador del Chocó provocaron que ese contrato para la obra de gas dejara un daño patrimonial al departamento por más de 17.000 millones de pesos.
La investigación también dejó un hallazgo insólito que vincula a Carlos Palacios con una orden para pagarle al contratista los compromisos pactados para construir el esquema de suministro de gas, pese a que incumplió sus obligaciones y el proyecto nunca se terminó.
El magistrado César Reyes, ponente de este caso, dijo en su decisión que “el aforado, como ordenador del gasto y representante legal del departamento de Chocó, a sabiendas del reiterado incumplimiento de Universal de Servicios S. A. ESP de sus obligaciones contractuales, tenía el deber de agotar el debido proceso establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, para proceder a declarar el incumplimiento del contrato”.
El entonces secretario de Infraestructura de Chocó, José María Córdoba, confirmó que el exgobernador Palacios le dio la orden de sancionar y multar a la interventoría de esta obra, pero tras una solicitud de aplazamiento de la aseguradora y una deliberación, se archivó ese proceso.
La Corte concluyó que el contratista Universal de Servicios S. A. incumplió sus obligaciones con injustificados retrasos de la obra que terminaron saliendo a flote cuando la empresa reconoció que no tenían conectado a ninguno de los más de 13 beneficiarios de ese sistema de gas que se convirtió en un elefante blanco.
