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| 9/28/2018 1:14:00 PM

Ñoño Elías y Plinio Olano: Dos caciques electorales que no podrán volver a pisar el Congreso

El Consejo de Estado declaró la muerte política de los exsenadores. Ambos, enredados en el escándalo de Odebrecht, quedaron por fuera de la arena política.

Consejo de Estado declara la pérdida de investidura de Bernardo Miguel Elías y Plinio Olano Ñoño Elías y Plinio Olano: Dos caciques electorales que no podrán volver a pisar el Congreso Foto: Archivo particular

Bernardo Miguel Elías, cacique electoral de la Costa, y Plinio Olano, elegido tres veces al Congreso por los boyacences, afrontan desde la cárcel sendos procesos judiciales por corrupción. Sus nombres hacen parte de la lista negra de políticos que terminaron supuestamente poniendo al Congreso de la República al servicio de Odebrecht en varios de sus megaproyectos en Colombia.

Mientras sus casos avanzan en la justicia, el Consejo de Estado acaba de vetarlos para que accedan a cualquier cargo de elección popular; con ponencia del magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas les fue declarada su muerte política. 

La demanda fue presentada por el director de la Red de Veedurías Pablo Bustos Sánchez, quien pidió se declarara la pérdida de investidura contra los dos excongresistas por haber incurrido en tráfico de influencias y, en consecuencia de ello,  haber hecho hecho una indebida destinación de dineros públicos, o haber violado el régimen de incompatibilidades. 

En el caso de Bernardo Miguel Elías, el Consejo de Estado retomó el fallo proferido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que lo sentenció a pagar 6 años y 8 meses de prisión, previa aceptación de cargos, por los delitos de cohecho y tráfico de influencias. Aunque esta decisión no fue la base de su pérdida de investidura, los magistrados hicieron un análisis del precedente. 

Al respecto, los magistrados encuentran como una causal el hecho de que Bernardo Elías hubiera desplegado una actuación irregular y reprochable dirigida a gestionar para la multinacional Odebrecht, por lo menos, un contrato de estabilidad  jurídica y el otrosí No. 6 del tramo Ocaña-Gamarra, a cambio de un beneficio económico.

De otro lado, los magistrados consideran que estas gestiones estuvieron precedidas de acuerdos, lo que permite concluir que la actuación del Ñoño se desarrolló en forma, no culposa, sino intencional. "Deliberada y conscientemente orientó sus facultades intelectuales y volitivas al servicio de intereses privados con grave detrimento del interés general", dice la decisión. Sin estudiar otras causales, el Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura de Elías Vidal por haber incurrido en tráfico de influencias.  

A conclusiones similares llegaron los magistrados frente al caso de Plinio Olano, quien fue dos veces representante a la Cámara, y después senador por el Partido de La U. Actualmente, está acusado por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de tráfico de influencias, concierto para delinquir y cohecho. 

El ingeniero y político boyacense dijo en su defensa que no se criminalizó el control político del Congreso, en relación a los señalamientos en su contra de supuestas presiones a la Agencia Nacional de Infraestructura a través de este mecanismo del Congreso. La justicia tiene documentadas evidencias de los llamamientos a rendir cuentas al entonces director Luis Fernando Andrade como una supuesta presión para la adjudicación de la Ruta del Sol tramo 2. 

Dice el Consejo de Estado que existió un verdadero interés y un manejo hábil de su parte dirigido a gestionar, para Odebrecht, diversos procesos contractuales y prebendas. Esto no solo frente a entidades públicas sino ante el propio Congreso, a partir de su desempeño en la Comisión Sexta y el reconocimiento público. Esto bajo el compromiso de gratificación de su gestión.
 

"La misma naturaleza de las gestiones, precedidas como estuvieron, de acuerdos, permite inferir que la actuación de Olano Becerra se desarrolló en forma, no culposa, sino intencional, y que deliberada y conscientemente orientó sus facultades intelectuales y volitivas al servicio de intereses privados con grave detrimento del interés general que le concernía atender".

Aunque Olano no ha sido condenado por la justicia, el Consejo de Estado hace un detallado recuento de los testigos y las evidencias en su contra para concluir que obtuvo un beneficio económico por cuenta de usar su papel como integrante de la Comisión Sexta del Senado, el conocimiento pleno del manejo de la infraestructura del país y de las entidades que tienen la función contractual.

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