El Juzgado 11 de conocimiento de Bogotá ratificó la medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario en contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, en el desarrollo del proceso que se adelanta en su contra por el escándalo de corrupción que saqueó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El exfuncionario se encuentra prófugo de la justicia desde agosto de 2025, pues salió del país días antes de que una jueza de control de garantías definiera la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía General en su contra.
Tras resolver un recurso de apelación presentado por la defensa del exdirector de la Función Pública, el juez de conocimiento aseveró que la medida de aseguramiento se hace necesaria para salvaguardar los principios constitucionales y legales.
En la decisión dada a conocer este miércoles 25 de febrero, el juez de conocimiento manifestó que el exfuncionario representa un peligro para la sociedad, rechazando así los argumentos presentados por la defensa.
En este sentido, se consideró que la fiscal delegada ante la Corte Suprema, pese a los reproches expuestos en la apelación, sí presentó evidencia suficiente.
Manrique Soacha es procesado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
Los señalamientos contra Manrique Soacha
Según la investigación de la Fiscalía General en el año 2023, el entonces director del Departamento de Función Pública fue clave para el direccionamiento de millonarios contratos con el fin de cumplir unos “pactos” que habían firmado los directivos de la UNGRD con un grupo de contratistas.
Por su “gestión”, Manrique Soacha recibió una coima de tres mil millones de pesos. Este dinero le fue entregado en efectivo por el exsubdirector de la UNGRD, Luis Carlos Barreto Gantiva.
Como lo reveló SEMANA, las entregas se hicieron tanto en la sede del Departamento de Función Pública, en el centro de Bogotá, como en el apartamento de Manrique Soacha, en el sector de Chapinero Alto, en el nororiente de la capital de la República.
La gestión clave de Manrique Soacha consistió en desviar cien mil millones de pesos de un contrato compartido y que estaba en poder de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
“Se interesaron en la contratación por el valor de los recursos reducidos del convenio que el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tenía con la Agencia Nacional de Tierras (...), que estaban designados a atender la problemática de desabastecimiento de agua en el departamento de La Guajira”, precisó la fiscal en la audiencia celebrada el pasado 6 de junio.
En contra de César Manrique Soacha pesa una condena de diez años de prisión por utilizar de manera indebida su cargo para beneficiar directamente a una empresa con un contrato para la adquisición de cien motocicletas eléctricas para la Policía Metropolitana de Bogotá en el año 2012.