Descertificación | ¿Cuánto le costará a Colombia? ¿Se vive lo mismo que en la época de Samper? Alfonso Gómez Méndez explica

SEMANA: El país acaba de recibir la noticia del gobierno de los Estados Unidos. Usted fue fiscal en 1997, después de la descertificación del país y, luego, en 2013, fue ministro de Justicia. Ayúdenos a poner en contexto lo que está pasando hoy.

Alfonso Gómez Méndez: Tendría que comenzar por el concepto mismo de la descertificación, que se refiere a cuando un país —en este caso, los Estados Unidos— decide quién ha contribuido o no en la lucha contra el narcotráfico. Aquí quisiera enfatizar que la lucha contra el narcotráfico es un fenómeno con muchas aristas: la oferta, el consumo, el control de los precursores químicos y muchos otros elementos de una misma cadena. También hay que entender como parte de esta lucha el lavado de activos, el control de las fronteras y la relación entre la política, la economía legal y el narcotráfico. Entonces, en ese orden de ideas, una certificación o descertificación suele estar referida a todos estos aspectos. También debo hacer una segunda consideración.

SEMANA: Adelante.

A. G. M.: En ese orden de ideas, ningún país que tenga problemas graves de oferta, consumo, producción de sustancias, precursores químicos o nexos de la política con el narcotráfico debería tener la potestad de otorgar la certificación. Esa certificación, entonces, debería darla un mecanismo u organismo que ya existe: la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que pertenece a las Naciones Unidas y tiene sede en Viena. Eso, en términos generales.

SEMANA: ¿Y en relación con Colombia?

A. G. M.: Colombia, en los últimos años —casi desde la declarada guerra de Nixon contra el narcotráfico— ha hecho, en términos generales, todo lo que la comunidad internacional le ha pedido. Cito algunos casos. Por ejemplo, ha aumentado sensiblemente las penas. Yo creo que este es uno de los países en América Latina donde muchas veces resulta más grave enviar dos kilogramos de coca que matar a una persona.

SEMANA: ¿Qué consecuencias cree que va a tener esta decisión?

A. G. M.: Lo primero es que por las circunstancias en que se dio esta descertificación, todo lo que queda más o menos es que más que una descertificación al país, es una descertificación al gobierno, que muestra también las tensiones que hay entre los dos países. Obviamente, hay cosas como el tema del aumento de los cultivos o las extradiciones que se han omitido en relación con reconocidos capos a los que se les está dando de alguna manera tratamiento político.

Pero dicho esto, lo que uno ve es que no se van a dar las consecuencias que algunos estaban esperando. No hay sanciones económicas, no hay alteración de los créditos, las llamadas ayudas, dijéramos para eso, no afectarse. Entonces es más el efecto político que el efecto práctico económico de lo que hubiera podido significar una certificación de esta naturaleza.

SEMANA: El comunicado del Departamento de Estado contiene un regaño muy fuerte al presidente Petro. Marco Rubio lo llamó errático. La respuesta del presidente también se dio en un tono muy elevado. ¿Qué piensa del tono en que se ha dado este debate?

A. G. M.: Como le dije, de un tiempo para acá, las relaciones venían de mal en peor. Acuérdense que hubo incluso llamada de embajadores. Las relaciones con Estados Unidos se han deteriorado, y la reacción que se ha dado en ambas partes es una demostración de que, por lo menos en lo que queda este gobierno, no hay indicios de reconciliación.

SEMANA: Colombia ha tomado históricamente muchas medidas en esta lucha. ¿Cuáles han sido, para usted, las más significativas o llamativas?

A. G. M.: Hemos hecho muchas cosas en este frente. No hay que olvidar que llegamos a tener justicia penal militar para los narcotraficantes, y el resultado fue que sectores del Ejército terminaron corrompidos y eso no sirvió. Hemos afectado incluso principios generales del derecho, como cuando establecimos jueces sin rostro, fiscales sin rostro, investigadores sin rostro, para impedir que los asesinaran. En el tema de la extradición, tal vez con la notable excepción de la Constitución del 91, que la prohibió, Colombia ha cumplido la tarea.

SEMANA: ¿Cómo comenzó la extradición de ciudadanos colombianos a Estados Unidos?

A. G. M.: El gobierno de Julio César Turbay negoció con los Estados Unidos el tratado de extradición. En ese momento, el embajador era Virgilio Barco. Cuando ese tratado empezó a cumplirse, surgieron problemas: los narcotraficantes comenzaron a amenazar a la Corte Suprema, que cumplió su misión. ¿En qué consistió? En que no cedió a los embates de los narcotraficantes para tumbar la extradición. Cruelmente, esos magistrados terminaron asesinados en el Palacio de Justicia en 1985 y, en diciembre de 1986, esa misma Corte tumbó el tratado de extradición. Tumbado el tratado, el presidente Virgilio Barco se “dio la pela”, como se dice popularmente, para aplicar por vía administrativa la extradición de nacionales.

Los presidentes, en general, han extraditado a los narcos que han sido solicitados, porque Colombia no puede ofrecer la extradición, pero sí concederla. Solo hubo un bache cuando lo prohibió la Constitución, pero luego fue restablecida por el gobierno de Samper en 1997. Las pocas excepciones de no extradición han estado ligadas a procesos de paz.

SEMANA: ¿Cómo vivió Colombia la descertificación en el gobierno de Samper?

A. G. M.: Cuando se descertificó a Colombia en el gobierno de Ernesto Samper fue por la financiación de la campaña del cartel de Cali, a pesar de que también fue el mismo Samper quien terminó capturando y extraditando a los hermanos Rodríguez Orejuela, líderes de ese grupo. Esa decisión tiene muchos matices, no es en blanco y negro, y a veces deja secuelas muy negativas. Fíjese que, casi como consecuencia, a Samper le quitaron la visa. Luego, el país volvió a ser certificado plenamente con el cambio de gobierno a Andrés Pastrana, que abrió los diálogos del Caguán.

SEMANA: ¿Usted cree que haya algún punto de comparación entre esto que está pasando y lo que pasó con Samper o estamos ante escenarios muy distintos?

A. G. M.: Hay similitudes, sí, porque en el caso de Samper, también fue una, digamos, sanción al gobierno por la alegada financiación de la campaña, pero diferencias en cuanto a que allí sí hubo consecuencias de carácter económico que no parece que va a haber en este caso. Y una diferencia, en el caso de Samper, estuvo precedida o fue simultánea a la cancelación de la visa al presidente, cosa que no parece tampoco que en este caso se vaya a dar.

SEMANA: El retiro de la visa a Samper se convirtió también en una bandera política para él. ¿Cómo fue eso?

A. G. M.: Eso terminó, al menos en el caso que yo recuerdo, en un desenlace trágico. Ernesto Samper fue a Chaparral justo cuando le habían quitado la visa. Ahí dijo la famosa frase: “No necesito visa para venir a Chaparral”.

La gente en ese momento estaba enardecida con el gobierno norteamericano. Y allá quemaron una bandera de los Estados Unidos. A ese señor que la quemó lo mataron pocos meses después. Su imagen está en el Concejo de Chaparral porque era concejal. De manera que esto tiene muchas facetas y aristas. Pero lo que quería decir en el punto anterior es que la extradición, como mecanismo, se ha cumplido, con un ítem adicional.

SEMANA: ¿Cuál?

A. G. M.: Los narcos pasaron de la fórmula “prefiero una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos” a preferir una cárcel en los Estados Unidos para negociar allá. Eso fue lo que viví como procurador y como fiscal. Y luego, como ministro de Justicia, me tocó otra realidad: los narcotraficantes querían extradiciones exprés, es decir, que los enviaran rápido a Estados Unidos para poder negociar allí.

SEMANA: ¿Y hoy, cómo estamos?

A. G. M.: El tema de la certificación hoy está ligado casi exclusivamente, por lo que he visto, al aumento de los cultivos ilícitos. Entonces, la pregunta es: ¿eso, por sí solo, es suficiente para endilgarle a todo un país el no haber hecho lo que debía en la lucha contra el narcotráfico? Creo que ese es el debate que debe darse hoy en Colombia.

SEMANA: Este tema desata muchas pasiones políticas. Hay quienes aseguran que lo que se vive hoy es consecuencia del acuerdo de paz con las FARC.

A. G. M.: Me parece que el proceso de paz inicialmente estuvo bien concebido, desde el punto de vista de lograr una desmovilización y sobre la base de que, si las FARC estaban involucradas —como era evidente— en el narcotráfico, entonces este fenómeno iba a disminuir. Pero se cometieron dos errores en ese momento, errores que ya han sido aceptados por el propio presidente Santos, gestor del proceso.

SEMANA: ¿Cuáles son esos errores?

A. G. M.: El primero fue no cubrir las zonas que iba a abandonar la FARC, que luego fueron copadas por delincuentes comunes, las disidencias, el Clan del Golfo, en fin. El segundo, que el gobierno anticipó una sustitución de cultivos y, entonces, se dispararon las siembras para recibir subsidios del Estado. Ese fue un error en la implementación de la política de sustitución, pero no hay una relación directa entre el proceso de paz y el aumento de los cultivos ilícitos.

SEMANA: ¿Y entre la paz total de Gustavo Petro y el aumento de los cultivos ilícitos?

A. G. M.: No es una relación única, pero sí tiene algo que ver. Como consecuencia de la paz total, se ha perdido el control del territorio en buena parte del país y, en regiones como el Catatumbo, Nariño o el Cauca, han aumentado los cultivos ilícitos. Pero insisto, como lo sostuve en mi columna: el problema de los cultivos ilícitos es consecuencia del abandono del Estado. Si tuviéramos una verdadera reforma agraria, sería muy difícil que los campesinos se involucraran en esto. Pero sí existe cierta relación.