Descertificación: turismo, financiamiento, comercio. María Claudia Lacouture explica los enormes costos que tendría esta decisión

SEMANA: AmChan presentó un informe en el cual asegura que ve una probabilidad del 70 % para una descertificación. ¿Por qué comenzar a “sacar cuentas” ante esta eventual decisión?

María Claudia Lacouture (M. C. L.): Una descertificación no sería simbólica. Por mandato legal en Estados Unidos, aun con sanciones leves, puede traducirse en restricciones o condicionamientos a la cooperación antinarcóticos y al apoyo para desarrollo social, además de mayores obstáculos en el acceso a financiamiento de organismos multilaterales. Estos recursos no solo son montos relevantes, son herramientas operativas para reducir el narcotráfico con mayor eficacia y para apalancar proyectos de crecimiento y desarrollo territorial.

Adicionalmente, eleva el riesgo país: aumenta la prima de riesgo soberano (CDS y rendimientos de bonos), encarece el fondeo para el Estado y el sector privado, puede presionar el tipo de cambio y deteriorar la percepción de calificadoras e inversionistas.

SEMANA: ¿Cuáles son los efectos de todo eso que nos menciona?

M. C. L.: Esto se traduce en efectos reales. El primero tiene que ver con la inversión y el empleo, pues mayores costos de capital postergan proyectos y reducen flujos de IED. Lo segundo es el turismo. Podrían venir alertas de viaje y percepción de riesgo que afectarían las llegadas y el gasto en Colombia. Y en tercer lugar, habría impactos en materia de comercio y seguros; por ejemplo, más exigencias de cumplimiento y primas más altas en seguros y garantías.

SEMANA: Los escenarios que plantea AmChan de una descertificación son amenazantes.

M. C. L.: Sacar cuentas no es alarmismo, es gestión responsable del riesgo. Cuantificar escenarios permite dimensionar la exposición, priorizar medidas y dar certidumbre a actores públicos y privados (planificación fiscal, continuidad de programas sociales, cronogramas de inversión y cobertura cambiaria).

Desde AmCham Colombia hemos promovido una ruta que preserve la cooperación mediante una certificación por “interés nacional” condicionada, manteniendo la alerta sobre la necesidad de un plan de acción de corto plazo con metas verificables y seguimiento público.

SEMANA: Usted ha dicho que ve probable una “descertificación intermedia”. ¿Cómo sería eso?

M. C. L.: El régimen de certificación antidrogas se sustenta en la Foreign Assistance Act (FAA) —Ley de Asistencia Exterior—, especialmente sus secciones 489 y 490, que permiten condicionar, restringir o suspender asistencia y, de forma excepcional, otorgar una certificación por “interés nacional” (national interest waiver). En la práctica reciente, la designación anual también se enmarca en la Foreign Relations Authorization Act (FRAA).

SEMANA: ¿Y cómo se entiende este escenario?

M. C. L.: Es un resultado adverso, pero con salvaguardas, que no corta totalmente la cooperación. Suele adoptar la forma de descertificación con restricciones parciales. Y me gustaría enumerar los rasgos típicos de este escenario:

1. Suspensión o reorientación parcial de programas de cooperación (formación en seguridad, asistencia técnica) y desembolsos condicionados a hitos.
2. Restricciones de acceso a ciertos programas de financiamiento o comercio y mayor condicionalidad en banca multilateral cuando el voto de Estados Unidos es determinante.
3. Retiro o enfriamiento de respaldos diplomáticos en foros internacionales.
4. Vigilancia reforzada y debida diligencia más estricta por parte de agencias de cumplimiento (por ejemplo: OFAC, CBP) y contrapartes financieras.
5. Impacto reputacional que eleva la percepción de riesgo y puede afectar clima de inversión.

SEMANA: ¿Y de dónde sale ese 70 %?

M. C. L.: Es una probabilidad. Colombia enfrenta retos estructurales en la reducción de cultivos ilícitos, aunque presenta avances verificables en incautaciones, interdicción y extradiciones. Según el análisis técnico de AmCham Colombia, existe hoy una alta probabilidad, 70 %, de un escenario adverso. Sin embargo, también permanece abierta la opción de una certificación condicionada por interés nacional, siempre que el Gobierno adopte y ejecute un plan de acción claro, verificable y con resultados inmediatos, que dé señales inequívocas de voluntad y compromiso frente a este desafío.

SEMANA: ¿Qué efectos tendría esa descertificación intermedia?

M. C. L.: Una descertificación sin waiver no implica aislamiento total, pero sí activa sanciones previstas en la Sección 490 de la Foreign Assistance Act: suspensión de parte de la cooperación económica y militar, condicionamientos en el financiamiento multilateral y un mayor escrutinio de agencias de control estadounidenses. La aplicación no es automática ni uniforme, pero genera efectos materiales severos y un deterioro de confianza.

SEMANA: En el informe de AmCham están medidos unos impactos, ¿cuáles serían esos costos para el país de una descertificación?

M. C. L.: De acuerdo con el análisis de AmCham Colombia, con base en variables determinadas por Anif, los impactos pueden oscilar entre rangos probables como:

• Turismo: caída del 10–20 % en visitantes de Estados Unidos, equivalente a pérdidas entre 237 y 475 millones de dólares anuales.
• Cooperación bilateral: recorte de 30–40 %, unos 136–181 millones de dólares.
• Financiamiento multilateral: bloqueos o demoras del 25–35 % de créditos.
• Inversión y riesgo país: deterioro reputacional con alza de 100–150 puntos básicos en el riesgo país y posible reducción de 10–20 % en flujos de IED desde Estados Unidos, es decir, entre 551 y 1.101 millones de dólares menos.

En suma, este escenario no suspende toda la cooperación, pero sí representa una sanción material con efectos directos en divisas, financiamiento e inversión, y una señal de pérdida de confianza estratégica que presionaría a Colombia a presentar un plan verificable de resultados inmediatos.

SEMANA: ¿Y en un escenario de descertificación severa?

M. C. L.: Teniendo en cuenta el mismo análisis de AmCham Colombia, se elaboró un escenario que nunca se ha aplicado a Colombia y que, de hecho, no se espera que llegue a implementarse: la descertificación severa. No obstante, con el fin de proyectar los riesgos de manera integral, es importante señalar que, de darse, sus impactos serían significativos, tanto en la cooperación bilateral como en el financiamiento multilateral, la inversión extranjera, el turismo y la percepción de riesgo país.

SEMANA: ¿Cuáles serían esos impactos?

M. C. L.: También me gustaría enumerarlos:

1. Turismo: podrían perderse hasta 1.000 millones de dólares anuales en divisas por el endurecimiento de alertas de viaje.
2. Cooperación bilateral: estaría en riesgo de reducción o suspensión (del orden de 400–500 millones de dólares anuales, según programas).
3. Financiamiento multilateral: se incrementaría la condicionalidad y podrían bloquearse aprobaciones cuando el voto de Estados Unidos sea determinante, afectando proyectos de infraestructura y desarrollo social.
4. Inversión extranjera y financiamiento: aumento del riesgo país y del costo de fondeo soberano y corporativo en 150–200 puntos básicos (≈1,5–2,0 pp), con efectos en inversión, empleo y tipo de cambio.

SEMANA: ¿Qué pasará exactamente el 15 de septiembre?

M. C. L.: El 15 de septiembre, o antes, el presidente de Estados Unidos puede notificar al Congreso su decisión sobre los países de la lista de mayores que se ha tomado la decisión de descertificar. Ese día se conocerá si hay certificación condicionada con waiver de interés nacional, o descertificación.

SEMANA: ¿Qué puede pasar después?

M. C. L.: De acuerdo con la Sección 490 de la Foreign Assistance Act (22 U.S.C. 2291j), una vez emitida la decisión, se abre un proceso en el que el Congreso tiene la facultad de revisar la determinación presidencial, pero en la práctica, la decisión del Ejecutivo es la que prevalece. La misma norma otorga al presidente un margen amplio de discrecionalidad para modular las sanciones, exceptuar programas específicos o ajustar la cooperación en función de intereses estratégicos, de seguridad o de política exterior.

SEMANA: Cuando se conozca la decisión, ¿en qué momento se comienzan a sentir los efectos?

M. C. L.: Las sanciones no son automáticas ni uniformes: pueden aplicarse de manera parcial o condicionada. Además, si Colombia adopta compromisos verificables en reducción de cultivos ilícitos, interdicción, extradiciones y cooperación judicial, la Casa Blanca puede revisar, modular o flexibilizar las medidas en los meses siguientes.

En síntesis, después del 15 de septiembre comienza un periodo clave para la diplomacia colombiana: la decisión presidencial abre un marco legal de acción, pero el peso real estará en la capacidad de Colombia de demostrar avances concretos y verificables, lo que puede influir en la aplicación, graduación o levantamiento de las sanciones.