Cortocircuito en Hidroituango: ¿quién responde?

Ya se conoce el estado y se avanza en el análisis de la situación de la casa de máquinas del proyecto Hidroituango. Se abre paso la posibilidad de que la hidroeléctrica pueda salvarse porque el macizo, al parecer, soportó el paso descontrolado del río Cauca por las cavernas. Casi en forma simultánea, EPM, en un comunicado, fijó su posición frente a la situación por venir en materia de responsabilidades por los costos que ha generado la emergencia, que se calculan extraoficialmente en unos 3 billones de pesos.

EPM aseguró que le iban a transferir los sobrecostos por la crisis a la sociedad accionaria, Hidroituango S. A. E. S. P., en la que participan el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) –entidad de la Gobernación–, la propia EPM y el departamento. El hecho generó un cruce de declaraciones y versiones que han aumentado las tensiones en la región por la crisis de este proyecto que está a punto de cumplir un año.

EPM, para cobrarle a la sociedad accionaria, se apoya en el contrato primario, llamado Boomt, del inglés “construir, operar, mantener, explotar comercialmente y devolver” (en este caso a 50 años), que especifica que los riesgos asociados al diseño y al diseñador-asesor corren por cuenta de Hidroituango S. A. E. S. P. Para hacerlo, EPM se basa en los resultados del estudio causa-raíz, realizado por la firma noruego-chilena Skava. Según ellos, “la hipótesis más probable es que la obstrucción del túnel auxiliar de desviación (GAD) se debió a la ‘erosión progresiva de una zona de cizalla a nivel del piso de la GAD’, para la cual el diseñador-asesor no dispuso el tratamiento adecuado”. En un comunicado anterior, EPM había señalado al Consorcio Generación Ituango, compuesto por las empresas Integral Ingeniería de Consulta S. A. e Investigaciones Geotécnicas Solingral S. A., como el responsable del diseño y asesoría del proyecto.

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Hasta este punto, y de acuerdo con en el informe de Skava, EPM parece tener la razón. Sin embargo, no solo el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, sino también varias voces del Concejo de Medellín han cuestionado el informe. Han dicho que a la empresa de servicios públicos no se le puede creer porque contrató su propio juez. Además, han señalado que el estudio tuvo varias entregas y devoluciones hasta el resultado final. La firma ha rechazado todas estas afirmaciones. Hay que recordar que el propio gerente de EPM, Jorge Londoño, le dijo a SEMANA que ellos propenden por la objetividad, pues sería su mayor argumento a la hora de entablar diálogo con las aseguradoras, de las que se sabe muy poco hasta el momento. La Alcaldía de Federico Gutiérrez, quien preside la junta directiva de EPM, no se ha pronunciado después de conocerse el comunicado de este conglomerado de servicios públicos.

Entre los críticos del estudio apareció uno inesperado: Integral, que por medio de una carta se despachó contra el informe de Skava. Asegura que carece de rigor y que la firma desconoció los roles de las diferentes empresas que rodean el proyecto.

Para Luis Pérez, gobernador de Antioquia, es inaudito cobrarle a la entidad pública y no a los constructores.

En la carta, firmada por Carlos Eduardo Isaza Aguilar, presidente de Integral, y por Gabriel Jaime Cano Ramírez, representante legal, y dada a conocer el 15 de abril, dicen: “No aceptamos que al consorcio diseñador se le impute la responsabilidad por la ocurrencia de la contingencia, basándose en una hipótesis no probada y carente de rango cuantitativo. La firma Skava indicó que en el estudio Causa Raíz utilizó el Método Científico, además del uso del Método del Árbol de Falla (mayúsculas del texto original). Ambos métodos fueron aplicados de manera no ortodoxa, sin el rigor científico debido y las formalidades metodológicas requeridas para cualquier estudio de este tipo, y que se echan de menos, particularmente, en un informe derivado de un evento de la relevancia que la contingencia del proyecto Ituango requiere; sumado a que tampoco ejecutó el cálculo explícito de las probabilidades asociadas a cada evento, por lo que la selección del evento ‘más probable’ no tiene sustento metodológico”.

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Integral aclara que el 6 de marzo le presentó a EPM documentos en los que exponen errores de inconsistencia en el estudio de Skava. Sin embargo, la carta pública se hace necesaria, al parecer, después de que EPM insistió en atribuir la responsabilidad al diseñador-asesor. Pues entre otros argumentos expuestos, el diseñador-asesor asegura que le advirtió a la empresa constructora que el túnel requería losa de cemento y tratamiento especial por el tipo de roca que había en la montaña. Pero no le oyeron.

En el comunicado dice también que “la realización de estas actividades no está acreditada, aspecto este que, como es bien sabido por los actores del proyecto, no hace parte del alcance del trabajo del diseñador”. Esto parece apoyar lo dicho por el gobernador Luis Pérez en varios comunicados y en los dos libros que ha escrito sobre el tema: uno, que el tercer túnel no estaba estipulado en los diseños originales, y dos, que lo construyeron sin licencia ambiental.

SEMANA habló con Pérez sobre esta disputa: “La carta de EPM (la de transferir los costos a la sociedad) es muy desafortunada. Uno observa que EPM desde un principio empezó por cuenta propia a construir lo que no se le había encargado. Al mirarlo cronológicamente, se observa que EPM desvió el río Cauca por dos túneles sin compuertas; el modelo original que le entregó a EPM exigía hacerlo con compuertas. Ese es un primer error constructivo cometido contra la voluntad de los propietarios”.   

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Agrega que “ellos decidieron, también contra la voluntad de sus propios asesores internacionales, hacer el tercer túnel que estalló. Así se salieron del diseño original y dirigieron el proyecto por caminos no convencionales”.

EPM, gerenciada por Jorge Londoño, se basa en el contrato primario para transferir los costos a Hidroituango S. A.

Pérez asegura que no hicieron análisis geológicos, pues el constructor asumió que la montaña tenía la misma estructura. “El tercer túnel era para 1.200 metros cúbicos por segundo y todos los abriles, desde hace 50 años, el río Cauca ha llegado a tener hasta 3.500 metros cúbicos por segundo en sus picos más altos. O sea que el río no cabía por ese túnel y empezó a trabajar a presión. Y eso lo dice el estudio de Skava, porque ese informe también le echa la culpa a EPM, y eso que es el propio juez que escogió EPM y también lo condena. Es inaudito que EPM le cobre a la entidad pública y no a los constructores; esto lo puede llevar a cometer otro tipo de errores y a quedarse sin el pan y sin el queso”.

Este debate ya tuvo un antecedente, cuando hace unas semanas miembros de la junta directiva de Hidroituango rechazaron algunas de las afirmaciones de Luis Pérez, asegurando que las hacía en su calidad de gobernador y no como presidente de dicha junta. Recordaron que el gobernador ha anunciado sanciones, multas y denuncias ante diferentes organismos en contra de EPM, como si estas acciones obedecieran a una decisión de la junta directiva. Se espera que en los próximos días la sociedad se pronuncie sobre la transferencia de costos.

A todas estas, ¿quién va a pagar? Quizá todo termine en largos juicios en los tribunales. Mientras tanto avanzan las investigaciones que la Fiscalía y la Contraloría adelantan contra EPM por los daños ambientales y los procesos de contratación. Sin embargo, aún falta que nuevos actores aparezcan en la controversia, como el consorcio constructor, del que muchos se preguntan su posición.

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