El horror de ver a una madre asesinada

El país está impactado con la escalofriante escena de un niño de nueve años que con furia e impotencia golpea las paredes de lata de su humilde casa mientras grita: “¡Mamá, mamá, mamá!”. Frente al niño está tendida su madre, quien acaba de ser asesinada de dos tiros. Esa postal del horror tuvo lugar el viernes pasado en Tierralta, Córdoba, en una barriada ocupada por familias que luchan por levantar ranchos y hacerse con un pedazo de lote donde vivir.

María del Pilar Hurtado, la mujer asesinada, era una líder en ese propósito. Tenía apenas 34 años y había sido amenazada a través de un panfleto en el que aparecieron otros seis nombres. Todos son ocupantes y líderes del proceso por obtener la titulación de la tierra en disputa. La estremecedora escena del asesinato de Hurtado frente a su pequeño hijo inundó las redes sociales y se convirtió en la más reciente muestra de un fenómeno pavoroso que golpea a centenares de líderes sociales a lo largo del país.

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El viernes, como era costumbre, María del Pilar Hurtado salió a trabajar temprano en la mañana cuando dos sicarios a bordo de una moto la sorprendieron y le descargaron el arma frente a su hijo. El niño trató de auxiliarla hasta que comprendió que no había nada qué hacer y estalló en dolor.

Se cumplió así la sentencia que hacía unos días habían hecho pública las Autodefensas Gaitanistas (AGC) con el panfleto. El cuerpo de la mujer tendido en el polvoriento piso y el llanto inconsolable del niño dejaron claro el calibre de la amenaza. “No andamos con rodeos, vamos matando y recuperando el control; y si se busca que el pueblo se caliente, pues se calienta esta mierda”, decían el volante.

A través del comunicado el grupo armado advirtió a los mencionados que si no desocupaban los lotes que supuestamente habían invadido Hurtado y otras personas, se convertirían en objetivo militar. El predio en cuestión, de acuerdo con voceros del colectivo Cordoberxia, pertenece al papá de Fabio Otero, alcalde de Tierralta.   

Hace siete meses la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para esta región del sur de Córdoba. El informe advirtió sobre la reconfiguración de grupos armados ilegales y dio cuenta de hostigamientos contra la población civil. A pesar de que esas alertas llegan al Ministerio del Interior y es obligación del Gobierno tomar medidas, en la región sienten que no sirvió para nada.

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Para la comunidad, lo sucedido con Hurtado se veía venir. La misma alerta detalló expresamente las amenazas de las AGC, un grupo neoparamilitar que se ha instalado en la zona. “Se sabía que la iban a matar. Ella había denunciado, pero nunca nadie le paró bolas. Ella era una persona colaboradora”, dijo a SEMANA una de los vecinas del improvisado barrio 9 de Agosto, donde ocurrió el crimen.

El nombre de María del Pilar no aparecía expreso en el panfleto de las AGC. Sin embargo, en él se hacía referencia a “la mujer del chatarrero”. Con esa referencia se conocía a la madre del niño, una líder entre su comunidad y quien se desempeñaba como recicladora. El repudiable asesinato deja en evidencia una vez más que la política de protección de líderes, así como el desmantelamiento de las estructuras herederas del paramilitarismo, es un fracaso.

La comisión de garantías creada en La Habana para hacerle frente a este fenómeno fue convocada solo una vez por el presidente Duque justo después de tomar posesión. Luego esa instancia fue olvidada y se creó el Plan de Acción Oportuna (PAO). Para muchas organizaciones el PAO desconoce los avances en cuanto a planes y estrategias de protección logrados en el pasado. Además, dicen, no tiene un enfoque integral de prevención de la violencia.

Desde 2016 han sido reportados como asesinados 31 líderes sociales en Córdoba, doce de ellos solo en Tierralta. La organización Cordoberxia, con ocasión del pavoroso crimen de la reclamante de tierra, le pidió al presidente Iván Duque “adelantar con vital urgencia la intervención de Tierralta como Zona Estratégica de Intervención Integral”. Asímismo, esa comunidad solicitó que se comprometan recursos para invertir en temas relacionados con sustitución de cultivos, protección de los derechos humanos e inversión estatal.

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La imagen del hijo de María del Pilar Hurtado quedará como el testimonio más reciente del horror al que se han enfrentado más de cuatrocientos líderes sociales desde la firma de la paz. Un drama que el viernes escandalizó al país y que debería obligar al Gobierno a tomar medidas eficientes para superar este desangre.