La lista de exfuncionarios de la Gobernación del Atlántico, comprometidos con las irregularidades en un millonario contrato para la compra de 200 cascos para lanchas pesqueras artesanales, sigue creciendo.
Este martes, la Fiscalía confirmó que otras tres personas fueron imputadas, por lo que se advirtió una serie de irregularidades para beneficiar a un contratista con los recursos que estaban destinados a cubrir algunas necesidades de pescadores artesanales en el departamento.
Por las presuntas irregularidades detectadas en un contrato que tenía por objeto el suministro de 200 cascos de lanchas artesanales pesqueras, las Fiscalía imputó y vinculó formalmente a los exasesores de la Gobernación de Atlántico Jorge Luis Sampayo Herrera y Gertrudis María… pic.twitter.com/yEpdC6Ug1g
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) February 10, 2026
En 2014 se firmó el contrato y allí participaron, según la Fiscalía, varios funcionarios de la gobernación, todos con el propósito de facilitar la contratación en favor de un proponente que, de acuerdo con la investigación, no contaba con la experiencia y la capacidad de cubrir las necesidades que requería el mismo contrato.
“La Fiscalía General de la Nación vinculó formalmente a dos exfuncionarios de la Gobernación de Atlántico y a un particular a la investigación que se sigue por las presuntas irregularidades detectadas en un contrato que tenía por objeto garantizar el suministro de 200 cascos para lanchas pesqueras artesanales”, explicó la Fiscalía.
Luego de la imputación de cargos que hizo la fiscalía entregan detalles de quienes habrían participado en las presuntas irregularidades cuál fue su vinculación con los hechos materia de investigación y además el grado de responsabilidad que tendrían en la millonaria contratación que se metió a través de tajos en los proyectos de la gobernación.
“Se trata del exasesor financiero, Jorge Luis Sampayo Herrera; y la exasesora jurídica, Gertrudis María Peralta Vásquez, imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento sin requisitos legales y falsedad ideológica en documento público; así como el contratista Julio Cesar Altamar Rodríguez, a quien les fueron formulados los cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y peculado por apropiación”, dijo el ente acusador.
Advierte la Fiscalía que, según los elementos materiales probatorios, el contrato 059 de julio de 2014, por más de 1.000 millones de pesos, habría sido direccionado para beneficiar a una fundación privada representada por Altamar Rodríguez, la cual no tenía la idoneidad para la construcción de embarcaciones.
“En ese sentido, el contratista presuntamente presentó un Registro Único de Proponentes (RUP) expedido en Cámara y Comercio de Barranquilla, el cual contenía información falsa para acreditar la experiencia requerida y así cumplir con uno de los requisitos habilitantes”, señaló el fiscal durante las audiencias preliminares.
Los exasesores ahora investigados, de acuerdo con la Fiscalía, hicieron parte del comité evaluador que otorgó altas calificaciones a la fundación y se afirmó que cumplía con todos los requisitos habilitantes exigidos cuando no era cierto para dar viabilidad a la propuesta presentada.