“El uniforme no está por encima de la ley”: el duro reproche de la Fiscalía a policías implicados en las ‘chuzadas’ a Marelbys Meza

El juicio contra dos policías de la Dijín procesados por la manipulación de los informes judiciales que derivaron en la interceptación de comunicaciones Marelbys Meza y Fabiola Perea, dos exempleadas de Laura Sarabia, terminó y la Fiscalía pidió una condena en su contra.

Se trata del capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y el patrullero Jhon Fredi Morales Cárdenas, los dos estaban adscritos a la dirección de Policía Judicial y cuando se conoció del hurto en el apartamento de la entonces jefe de gabinete del Gobierno nacional, Laura Sarabia, recibieron la orden de buscar un fiscal, engañarlo y solicitar órdenes de interceptación de comunicaciones.

Fueron ellos, de acuerdo con la Fiscalía, los que convirtieron a Marelbys Meza y a Fabiola Perea en dos integrantes del Clan del Golfo de alto valor para la Policía y conocidas con los alias de la Madrina y la Cocinera, una casualidad en el entendido de que una era niñera y la otra, empleada de servicio.

“Estas coincidencias son más propias de un libreto construido por la inventiva de un elocuente escritor y no de la realidad, pues no tiene explicación coherente cómo una persona descrita como integrante del Clan del Golfo tiene acceso a los abonados telefónicos de dos personas sin relevancia pública, ubicadas en Bogotá, que no tenían conexión con la estructura investigada”, explicó la Fiscalía.

Para la fiscal del caso se resolvieron las dudas frente a la responsabilidad que tendrían los dos uniformados en los hechos que fueron investigados y ahora juzgados. En las audiencias fueron presentados todos los elementos de prueba, documentos, declaraciones y análisis técnicos forenses, que advirtieron cómo utilizaron su cargo para engañar a la justicia.

“Quedó demostrado que, para la época de los hechos, los acusados Carlos Andrés Correa y John Fredi Morales eran servidores públicos (...). Los documentos que suscribieron los hicieron en ejercicio de sus funciones como investigadores con función de policía judicial”, explicó la fiscal.

Al pedir la condena contra los dos uniformados, la Fiscalía advirtió que ni siquiera tener el uniforme se convierte en una excusa para estar por encima de la justicia. Atentar contra la tranquilidad de los ciudadanos y aprovechar su cargo para completar una actividad criminal que, aparentemente, salió desde la seguridad presidencial.

“Este caso trata de la fe pública quebrantada, de la administración de justicia engañada y de la intimidad de ciudadanos vulnerados, con quienes paradójicamente tenían el deber de proteger.. Se enviará un mensaje claro de que en un Estado social de derecho ni siquiera quienes portan el uniforme están por encima de la ley”, dijo la fiscal.

Queda pendiente que la jueza defina si acepta los argumentos de la Fiscalía en el sentido de definir la responsabilidad de los policías y emitir un fallo condenatorio. Por este caso otros aceptaron cargos y fueron condenados a través de un preacuerdo con el ente acusador.