Estos son los nuevos magistrados que reciben el expediente de Uribe

A partir de este lunes, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia entregará a los magistrados de primera instancia cerca de 400 procesos contra congresistas, gobernadores y magistrados. El presidente Iván Duque posesionará cinco de los nueve juristas que entrarán a investigar y decidir los casos más sensibles de la justicia penal. 

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Entre los expedientes que más expectativa generan y que no alcanzaron a ser resueltos están el del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, cuya ponencia fue proyectada pero el borrador no fue votado. También, tendrán como asunto prioritario proyectar la decisión en el caso del exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt. El caso terminó su etapa de juicio y ahora los nuevos revisarán una a una las evidencias del expediente. 

No obstante, la mayor tensión en la actuación de los entrantes está en el proceso que investiga al expresidente Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos. El senador del Centro Democrático fue llamado a indagatoria, diligencia que tendrá que ser retomada por los magistrados que asuman el estudio de este expediente.

Además de la diligencia de indagatoria tendrán que dar su última palabra frente a si la interceptación hecha por accidente al expresidente Uribe será válida o no en el proceso. La controversial prueba viene trasladada del expediente del representante a la Cámara Nilton Córdoba Manyoma al haber sido considerada como un hallazgo "imprevisto e inevitable". Sin embargo, su valor probatorio y su inclusión al expediente son temas que le quedan en manos de los nuevos. 

Por lo pronto, el presidente de la corte, José Luis Barceló, ha manifestado que esta evidencia entra a confirmar información que ya tenía la Corte Suprema documentada. "Pero la investigación y el llamado a indagatoria del expresidente no se originan ni se soportan únicamente en esta prueba", dijo en entrevista a SEMANA.

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Sin duda alguna, la principal atención en esta transición que vive este alto tribunal se la lleva esta nueva sala de instrucción. El Acto Legislativo que en enero creó la segunda instancia para aforados lo hizo para sentencias judiciales, pero no para quienes quieran buscar la revisión de decisiones de la sala de investigaciones, por tanto esta puerta sigue cerrada legalmente.

Esto significa dos cosas: que los actuales magistrados de la Sala Penal  tendrán como única competencia ser los jueces de segunda instancia en caso de que las decisiones de los nuevos magistrados sean recurridas. Y que los nuevos seis magistrados serán los únicos con facultad de investigar a los aforados constiticionales.

Los hallazgos de esa sala de investigación pasará a tres magistrados de primera instancia quienes deberán juzgar y emitir fallo. Esos veredictos, en caso de ser recurridos, tendría una segunda instancia ante la Sala Penal. 

Esta consideración fue protagónica en la discusión que durante cinco meses tuvo la Sala Penal para seleccionar a sus integrantes. Después de muchas deliberaciones fueron elegidos cinco magistrados, de los cuales uno dimitió -James Saenz Herrera- antes de la posesión. Lo que quiere decir que quedan dos vacantes por ser ocupadas. 

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Los magistrados de instrucción que posesionará este lunes el presidente Iván Duque son: 

Cristina Lombana Velásquez: Abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, con estudios de posgrado en Derecho Penal en la Universidad Pantheón-Paris II, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; también de contratación Estatal en la Universidad Externado de Colombia; Administración Pública en Ecole National D’Administration –ENA- y candidata a Magister en Derecho Penal de la Universidad EAFIT. Se desempeñó como Secretaria Privada del Despacho del Fiscal General de la Nación en los años 1995 y 1996, cuando la jefatura de la Fiscalía la tenía Alfonso Valdivieso. Fue jefe de la Oficina Jurídica del Instituto Nacional de Vivienda de interés Social y Reforma Urbana, Inurbe. Hasta ahora se desempeñaba como juez de Instrucción Penal Militar en Medellín ostentando el grado de mayor.

Francisco Javier Farfán Molina: Abogado de la Universidad de Los Andes; tiene dos especializaciones, una en la Universidad Externado de Colombia en Ciencias Penales y Criminológicas, y la otra, en Derechos Humanos en la Universidad Complutense de Madrid. Su carrera laboral la ha ejercido en el sector público: inicialmente fue abogado visitador de la Procuraduría General de la Nación y abogado Asesor en la Defensoría del Pueblo (en donde también fue Defensor Público de la OEA). Se desempeñó como abogado asistente de magistrados; director Nacional de Investigaciones Especiales y Procurador Primero Delegado para la Casación Penal. En la Contraloría General fue abogado asesor externo y conjuez en la Corte Suprema de Justicia. Ha sido profesor de Derecho Penal General y Penal Especial de las Universidades Los Andes y Autónoma de Colombia. Ha publicado cuatro libros: Eutanasia, derechos humanos y Ley penal; Eutanasia, derechos fundamentales y Ley penal; Tráfico de drogas humanos y Ley penal; y Jurisprudencia disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura 2ª parte.

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Héctor Javier Alarcón Granobles: Egresado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá y especialista en Derecho Penal, y magíster en Educación de la misma institución. Comenzó su vida laboral siendo Oficial Mayor en la Rama Judicial. Ha sido abogado asesor en la Procuraduría General de la Nación y magistrado Auxiliar en la Corte Suprema de Justicia. Como profesor universitario ha dictado cátedra en la Santiago de Cali, Libre de Barranquilla y Militar Nueva Granada. Ha sido docente de las cátedras de Procedimiento Penal y Penal Especial. Entre sus textos publicados se encuentran, Garantías Constitucionales y la prueba ilícita, y, Garantismo penal en el proceso penal acusatorio colombiano.

César Augusto Reyes Medina: Abogado de la Universidad La Gran Colombia, especialista en Derechos Humanos de la Universidad Santo Tomás y en docencia Universitaria de la Gran Colombia. Se desempeñó durante 17 años como Defensor Público. Fue Conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia durante tres años. Ejerció la docencia en las universidades Santo Tomás y La Gran Colombia, y publicó los libros: Manual general para operadores jurídicos y Módulo de instrucción para defensores.

En cuanto a la nueva sala de juzgamiento de primera instancia, la conformación quedó completa. Fueron elegidos Ramiro Alonso Marín Vásquez y Ariel Augusto Torres Roja, quienes ya están en funcionamiento. Y el tercero de la lista es el exprocudador judicial Jorge Emilio Caldas Vera. 

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Jorge Emilio Caldas Vera:  Es doctor en Derecho; magíster en Ciencias Penales y Criminología; Especialista en Derecho Público; Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, y Abogado de la Universidad Externado de Colombia. También es Comunicador Social y Periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Cuenta con más de 24 años de ejercicio profesional en donde se ha desempeñado como asesor jurídico externo de LIME S.A., La Previsora, Fondo Rotatorio de la Policía Nacional; y socio fundador y abogado litigante, en el área penal, de Caldas Vera Asociados. Magistrado auxiliar de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Defensor Delegado para la Política Criminal y Penitenciaria en la Defensoría del Pueblo. Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal ante la Corte Suprema de Justicia; y Procurador Cuarto Delegado para la Investigación y Juzgamiento Penal ante la Corte Suprema de Justicia. Por 20 años fue Profesor Titular de la Facultad de Derecho en el área Penal (Sustancial, Especial y Procedimental) de la Universidad Externado de Colombia. Y, en la Universidad Católica de Colombia, profesor de Especialización en Derecho Penal.