Se solicita que se adelante la respectiva investigación penal que permita identificar la presunta comisión de hechos punibles”, asegura una denuncia del Ministerio de Defensa. El propio Gobierno le pide a la fiscal Luz Adriana Camargo identificar a los presuntos responsables de hechos de corrupción en el Ejército.
Se trataría de personal militar y civil que habría incurrido, según el Ministerio de Defensa, en delitos como interés indebido en la celebración de contratos y contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. Un entramado de presunta corrupción que comprometería a oficiales y suboficiales a cargo del mantenimiento de los vehículos de guerra.
El foco de los hechos denunciados por el Gobierno está en los vehículos de guerra de referencia M113A2, conocidos como Oruga, y ASV M117, los mismos que entregó recientemente Estados Unidos a Colombia luego de la reunión entre los presidentes Trump y Petro.
El Ministerio de Defensa envió a la Fiscalía pruebas documentales que demostrarían la posible alianza corrupta. Entre las evidencias se encuentran cinco oficios que realizaron las inspecciones del Ejército y las Fuerzas Militares, en los que se ponen de presente las anomalías con 9 hallazgos negativos y 18 recomendaciones. El informe con la denuncia fue presentado en la Fiscalía con 17 folios y bajo el radicado 4412.
En los documentos en poder de SEMANA, el Ministerio de Defensa le reportó a la Fiscalía que entre los hallazgos se observaron graves conductas a la hora de hacer los requerimientos para comprar repuestos de los vehículos militares. Irregularidades que dejan dudas en los procesos de transparencia.
Delicada denuncia
En el documento de 17 folios, el entonces secretario general del Ministerio de Defensa, Raúl Alfonso Gutiérrez Romero, advierte deficiencia en la estructuración técnica y económica, lo que abre, al parecer, la puerta a una posible desviación de recursos públicos (dineros del Ejército).
La denuncia conocida por SEMANA pone bajo la lupa la adquisición de repuestos para vehículos blindados ASV 4x4, que el Gobierno de Estados Unidos ha donado a Colombia desde 2020 y que han llegado al país de manera progresiva; incluso los entregados recientemente, presentados en la base militar de Tolemaida.
Según la denuncia, se detectaron deficiencias en la estructuración, “como quiera que en las especificaciones técnicas no se considera la exigencia de identificación de los series número a componentes sujetos a reparación y control”.
SEMANA habló con fuentes militares y señalaron la gravedad del hecho, básicamente porque el Ejército abrió la puerta a comprar repuestos de segunda, remanufacturados y sin la posibilidad de hacer trazabilidad, pues se elimina la identificación numérica que deben tener.
“Estamos hablando de vehículos de guerra y el Ejército está permitiendo que se compren repuestos de dudosa procedencia, o que puedan venir defectuosos. O sea, no se puede hacer una trazabilidad detallada del repuesto”, indicó la fuente experta en los blindados 4x4.
Pero las irregularidades en la adquisición de los repuestos irían más allá. Otra de las anomalías que se reveló en la estructuración de los pliegos para hacer la compra habrían sido las imprecisiones en los análisis y cálculos de los precios de referencia, lo que habría generado “vulneración al principio de la selección objetiva del régimen de contratación estatal”, indicó la fuente que habló con SEMANA.
En la denuncia, el Ministerio de Defensa describió en detalle cuáles son los hechos que señalan un escenario de corrupción en la estructuración de los pliegos. El Ejército compró en 2023 una pieza de ajuste de vehículos por un valor de 976 dólares, pero en 2024 la misma pieza le costó a Colombia 13.645 dólares.
La denuncia afirma que en este caso “no fue tomado el valor histórico, pese a que se contaba con información disponible”. Otro caso alarmante que se encontró en la revisión que se hizo a la contratación del Ejército fue la compra de un enfriador para el radiador del motor. En 2023, el Ejército lo compró en 3.142 dólares, mientras que en 2024 el mismo repuesto fue adquirido en 30.184 dólares.
“Lo anterior denota que ante idéntica situación el comité económico estructurador utiliza metodologías diferentes, omitiendo el deber de justificación establecido en la ley”, dice la denuncia. Pero, además de esto, la denuncia soporta la que sería una entrega de contratación a dedo del Ejército para favorecer los posibles hechos corruptos en este caso. “Se observó la ausencia de publicidad de manera oportuna y completa en el Secop II, de documentos relevantes para la transparencia del proceso”.
En la auditoría a contratos del Ejército entre 2023 y 2024 se encontraron varias deficiencias, según la denuncia. Entre otras, la falta de firmas en los documentos originales, dos avales de cotización con la misma fecha y el mismo número de radicado, desconocimiento del principio de calidad en la información y falencias en la supervisión al momento de recibir los elementos de los contratos.
Al realizar la verificación física en el almacén del generator engine (generador de motor) por un valor de 3.142 dólares, se observó que corresponde a un bien intercambiable, condición no permitida de acuerdo con los documentos del proceso. Para el Ministerio de Defensa, los hechos denunciados perjudican los intereses del Ejército, porque se estarían recibiendo elementos repotenciados, remanufacturados o usados, condición muy distinta a lo pactado, que exige productos nuevos, de fabricación máxima de un año anterior a la vigencia.
Las fuentes castrenses aseveraron que los repuestos están destinados a equipos militares, de uso de guerra de alta presión, por lo que adquirirlos usados y sin trazabilidad conocida supone un riesgo evidente para la vida de los soldados. Además, la denuncia menciona la posible duplicidad de repuestos. Es decir, un elemento que fue comprado con un contrato aparece en otro contrato y por valores exageradamente elevados, con sobrecostos del 961 por ciento en dólares.
Soldados, en riesgo
En la misma denuncia se alerta, como lo revelaron fuentes militares a SEMANA, sobre el riesgo que implica esta indebida modalidad de contratación, en la que lo que está en juego es la vida de los uniformados.
“Esto puede comprometer el estado, la calidad y la confiabilidad de los repuestos adquiridos, aumentando el riesgo de fallas en los vehículos”, señala el documento.
La conclusión de la auditoría realizada a la Dirección de Adquisiciones del Ejército demostró –según los documentos en poder de SEMANA– falencias en la supervisión, recepción de elementos de los contratos, falta de idoneidad para el aval técnico y debilidad en la planeación. Asimismo, se evidencia que esta práctica no sería nueva y se viene ejecutando de manera sistemática desde hace varios años.
“El Ejército, desde la vigencia 2019, para la adquisición de repuestos de los vehículos de caballería, emitió especificaciones técnicas en contravía de los manuales de partner de los fabricantes, pese a la prohibición del Ministerio de Defensa Nacional”.
Las instrucciones son claras. Los vehículos que recibirán los repuestos de segunda son de fabricación norteamericana, y la decisión del Ejército de acudir a esa clase de repuestos, de mala calidad y origen dudoso, pone en riesgo “las regulaciones normativas del Gobierno norteamericano y del Departamento de Defensa”.
El Ejército confirmó que el caso está en la Fiscalía a la espera de decisiones judiciales e indicó: “Como resultado del ejercicio de inspección se compulsaron copias y se dio apertura a 12 actuaciones disciplinarias; tres fueron asumidas por la Procuraduría, cuatro fueron archivadas y cinco se encuentran activas, en etapa de indagación y valoración probatoria”.