El Ejército sigue en el ojo del huracán por la reciente crisis de seguridad en el Catatumbo, en Norte de Santander y en el Guaviare.
En el Catatumbo, la crisis humanitaria se mantiene generando miles de desplazados y muertos sin que la zona haya sido estabilizada por el Ejército, pese a contar con casi medio billón de pesos que recibió de la conmoción interior y donde parte del dinero lo gastó en pocillos, camisetas y gorras, como lo denunció SEMANA.
En el Guaviare, la guerra entre las disidencias de las Farc de Iván Mordisco y alias Calarcá ha dejado más de 25 muertos, todos presuntos integrantes de los grupos criminales.
Pero las falencias en el Ejército no solo están en el tema operativo; algunas contrataciones han sido objeto de denuncias ante los entes de control y judiciales.
SEMANA revela otro capítulo que deja mal parado al Ejército, en materia de contratación, en el Comando de Ingenieros y que estaría relacionado con posibles contrataciones direccionadas por parte de la entidad militar hacia contratistas ‘amigos’.
El sistema consistiría en entregar millonarios contratos a determinadas empresas y auditorías, que estarían trabajando en llave para quedarse con los dineros de los colombianos, aprovechándose de la malintencionada planeación de las obras.
La denuncia la hizo el contratista del Ejército, Álvaro Arcila, quien aseguró haber descubierto cómo opera el presunto mecanismo de corrupción dentro de la institución militar.
Explicó a SEMANA que, al contratista que no haga parte del supuesto esquema de corrupción, la propia institución armada inicia una persecución en su contra con un fin específico: que ceda el contrato o le aplican procesos sancionatorios sin fundamento para sacarlo del camino.
Arcila denunció que así le sucedió con una obra que en la actualidad está a su cargo, y lo único con lo que se ha encontrado en el camino es con un Ejército que le ha puesto todas las trabas posibles para entorpecer la entrega del proyecto.
Se trata de la Base Militar La Pedrera, ubicada en el Amazonas. Arcila, con su empresa, se ganó el millonario contrato por 4.500 millones de pesos para construir alojamientos, baterías de baños, oficinas, centro de monitoreo, comedor de tropa, entre otros.
Según la fuente, los hechos que revela a SEMANA ya están en poder de la Fiscalía 212, para que se indague sobre el presunto sistema corrupto que tendría el Ejército.
El contratista reveló que cuando participó en la licitación de La Pedrera, destapó que dos de los contratistas que estaban participando se habían postulado con documentos falsos.
Al poner en evidencia la situación —dice—, el Ejército se vio obligado a adjudicarle el contrato de la base militar por los 4.500 millones de pesos.
Según Arcila, luego se enteró de que ese contrato estaba dirigido presuntamente a uno de los contratistas que quedó descalificado y que haría parte del sistema corrupto del Ejército.
Álvaro Arcila indicó que después de la adjudicación del contrato vino su desgracia y el Ejército inició una persecución en su contra.
“Soy una víctima de algo que considero está perfectamente articulado, porque está demostrado que es una actuación de falta de planeación que tiene un trasfondo”, dijo Arcila.
De acuerdo con el denunciante, como el contrato estaba dirigido a un contratista ‘amigo’ del Ejército, presentaba varias inconsistencias, como que no se estableció un tiempo exacto para la entrega de la obra. “Si se lo hubiera ganado el contratista favorito, entonces permite que lo ejecute en el término de tiempo que la administración quiera otorgarle”, añadió.
“Pareciera ser que tienen unos contratistas favoritos, pareciera ser que son los contratistas de siempre, pareciera ser que siempre son los mismos, con las mismas interventorías. Los funcionarios que designan han tenido relación en contratos anteriores, para un contratista nuevo como el caso mío, encontrarse en una contratación en la Cenac de ingenieros es encontrarse con la peor desgracia que le puede pasar a un contratista (...) me arrepiento y es la peor desgracia que tenía en la vida haciendo empresa en Colombia”, dijo a SEMANA el contratista Arcila.
Sobre lo pactado en el contrato, según Arcila, se estableció que debía recibir el 30 % del anticipo del proyecto, es decir, unos 1.300 millones de pesos, pero que el Ejército nunca se los desembolsó, que le ha puesto múltiples trabas y que del patrimonio de su empresa tuvo que invertir cerca de 2.000 millones de pesos.
“Hay contratistas favoritos amparados por altos mandos militares que designan a funcionarios para que controlen y supervisen todo y les ayuden y les favorezcan”, agregó Arcila.
SEMANA conoció que esta obra fue objeto de un fuerte control de advertencia de la Contraloría General de la República hacia el Ejército, en el que se determinó un posible daño patrimonial.
Incluso la Contraloría, en el 2024, en un hecho insólito, no pudo realizar una auditoría en terreno a la base militar por problemas de orden público.
Por su parte, Gustavo Correa, asesor jurídico de Arcila, indicó que dentro de la denuncia identificaron conductas presuntamente ilegales de integrantes del Ejército durante el proceso licitatorio. “Identificamos documentos falsos en los otros dos oferentes y el Ejército se vio obligado a adjudicarnos el contrato por ser los únicos habilitados”, señaló Correa.
Correa también indicó que el Ejército no les ha dado respuestas sobre dónde están los recursos del anticipo que tenían que entregarles para iniciar la obra.
Por su parte, el Ejército inició procesos sancionatorios contra el contratista que se encuentran en curso.
