El sino trágico de los Salabarría

La maldición macondiana de los Buendía se ve superada por la dolorosa realidad de cuatro generaciones de la familia Salabarría, quienes han purgado un castigo que no tiene nombre. La paz que se pregona en varias regiones del país con el fin del conflicto para ellos aún es violencia y despojo. Hoy, dicen sentirse “utilizados” por un Estado que ha fallado en protegerlos a ellos y a sus bienes, a pesar de ser uno de los ejemplos más visibles de las víctimas y del proceso de restitución de tierras.

Maritza es la tercera de los 12 hijos de Emiro Salabarría, el patriarca de la familia. Cuenta que su vida adulta ha sido un constante huir durante más de 25 años para ponerse a salvo de quienes los han desplazado y se apropiaron de sus tierras en la parcelación Mundo Nuevo, ubicada al margen oriental de la idílica ciénaga de Betancí, a solo 35 kilómetros de Montería. Ella, como líder de las 265 víctimas campesinas de Mundo Nuevo y tras sobrevivir a tres atentados, cuenta apenas con un escolta asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) y para moverse debe pedir prestado un carro sencillo y sin blindaje.

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El 7 de noviembre de 1992, unos 40 hombres armados llegaron a la finca sobre las seis de la tarde. “Iban en dos carros y llegaron disparando ráfagas encima de la casa de mi papá. Debimos dejarlo todo y quedarnos solo con la ropa de trabajo que teníamos puesta. Fue un desplazamiento total”, dijo Maritza a SEMANA, al hablar de nuevo sobre el origen y lo que ha pasado hasta el momento con esta tragedia que no termina. Unas dos semanas antes, otros hombres armados –o los mismos– les habían advertido que debían largarse para no sufrir la suerte de las 43 personas que habían sido masacradas meses atrás en Las Tangas, la hacienda que perteneció a los jefes paramilitares Fidel, Vicente y Carlos Castaño, en Valencia (Córdoba) y que fue centro de operaciones de los temibles Tangueros o Mochacabezas, por su atroz forma de operar.

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Desde ese entonces, el terreno de 110 hectáreas de los Salabarría aún no ha regresado a la familia y, por el contrario, ellos han sido sometidos a persecuciones, vejámenes y asesinatos. Hoy, los 47 miembros viven desplazados en Córdoba, el Urabá antioqueño, Bolívar, Magdalena, Atlántico y los Santanderes. SEMANA contó parte de esa historia en 2007 bajo el título ‘Historia de una persecución’, que denunció por primera vez los hechos.

Llorar a los muertos

En su modesta vivienda de un municipio del Caribe, Maritza dice sentir rabia e impotencia. Habla con miedo porque “cada vez que hace una denuncia, la familia pone un muerto”. La víctima más reciente fue Cristian David Salabarría, degollado el 5 de agosto en un potrero de Montelíbano (Córdoba). Era hijo de Dagoberto Salabarría, también reclamante de tierras, con quien presuntamente lo habrían confundido. Ellos fueron objeto de amenazas recientes, luego de que Maritza denunció que en julio pasado alguien había sacado el ganado familiar, único residente en los dos predios titulados por el Incora, y lo había reemplazado con búfalos ajenos. “No es justo, esto no puede seguir pasando en un país en el que se habla de paz”, reclama ella.

 En 2007 SEMANA divulgó el viacrucis de los Salabarría. Hasta hoy, el Estado ha sido incapaz de protegerlos a ellos y su propiedad. Ahora, demandaron al Estado para que los repare.

La lista de muertos comenzó en 1992 con la desaparición –días después de su primer desplazamiento– de su marido y padre de sus dos hijos, Marcial Antonio ‘Toño’ Fernández, cuando visitaba la parcela para echar un ojo al ganado que abandonaron tras la huida. Cinco años después, el rastro del languidecido patriarca, Emiro, se evaporó luego de irse emocionado –pese a los ruegos de sus hijos– a buscar los caballos y reses perdidas, cuya ubicación le llegó en una carta. El conductor que lo transportaba declaró que hombres armados lo golpearon, lo ataron y se lo llevaron. Ese mismo día, cuando se enteró, murió fulminada por un infarto la madre, Juana Moreno.

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Al poco tiempo, el hermano menor, Ángel Emiro, fue al casco urbano de Planeta Rica (Córdoba) a comprar mercado y no se supo más de él. Versiones señalan que hombres lo subieron a una camioneta y partieron sin más. Su desaparición coincide con un viaje de Maritza a Bogotá a buscar ayuda y presentar el caso a la Comisión Nacional de Reparación.

Trágico ejemplo

Un inconcebible episodio da cuenta de la dura batalla que ha tenido que librar la familia. En 1997, en pleno proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Maritza decidió enfrentar sus demonios e ir hasta Santa Fe de Ralito para entrevistarse con el mismísimo Salvatore Mancuso, para que él hiciera lo que el Estado no había sido capaz: devolverle sus tierras. El ex jefe paramilitar solo contestó a la atemorizada mujer: “¿Por qué vienes tan tarde?”.

Como era de esperarse, nada pasó. Sin embargo, de forma paralela la familia logró que la Defensoría del Pueblo analizara el caso y lograra posteriormente, con apoyo de la OEA, organizar el retorno de los Salabarría, algo que tuvo un extenso cubrimiento de la prensa local. La dicha duró poco. “Al otro día ya había cinco hombres a caballo amenazándonos. Nos decían invasores, guerrilleros, y nos tocó de nuevo salir corriendo”, dijo entonces Maritza.

La esperanza volvió para la familia en noviembre de 2011, unos 19 años después de su primer éxodo. En un acto en Montería, con presencia del entonces ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y del director del extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Juan Manuel Ospina, les hicieron entrega oficial de su finca. “Esta familia es emblema de la tragedia y el dolor en Colombia y lo que estamos buscando es que sea el símbolo de la esperanza”.

Esta fue la primera entrega que el Estado hacía de títulos de propiedad en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Un comunicado del instituto consideró a los Salabarría “uno de los casos más emblemáticos de despojo”. Sin embargo, hoy se sienten traicionados y engañados por el Estado. A pesar de tener los títulos en la mano, no han podido volver a Mundo Nuevo. “Me da mucho dolor haber sido la primera representante de víctimas de esta ley y que no me hayan dado un solo predio. La entrega de títulos fue simbólica porque nos dejaron tirados en Montería, ya que esos señores mantienen la posesión de la tierra”, afirmó Maritza.

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Los “señores” son los ganaderos Jesús Ramírez y Fabio Gutiérrez, dueños de la colindante hacienda El Dominó. Según dice la mujer, ante la ausencia de la familia por la violencia, ellos rompieron las cercas y pusieron su ganado a pastar allí. Y ahora alegan que hace parte de su propiedad. “Que quede claro, que ese señor Ramírez nunca nos compró. En 1995 él quiso hacerlo. Mi papá y yo viajamos, medimos la tierra y después nos ofreció 400.000 pesos por hectárea. Mi papá no quiso vender porque valía mucho más. Le dijo: ‘yo no le regalo la tierra a ese precio’”.

Pero a pesar de que los Salabarría siempre han sido los dueños y así lo reconoció el Estado, la Justicia no ha hecho su trabajo. Las dos partes se han enfrentado en los tribunales, pero, en medio de presuntas irregularidades, los finqueros también consiguieron la titulación del predio, que puede costar fácilmente 2.000 millones de pesos. Maritza ha dicho que está tan cansada de la situación que, si le pagan las tierras al precio que corresponde, estaría dispuesta a olvidar el sueño de su padre. “Lo único que pido es vivir la tranquilidad que no he tenido desde los 18 años”, se lamenta.

Ahora, los Salabarría decidieron jugarse una última carta. En vista de que la vigencia de la Ley de Víctimas termina en 2021, entablaron una acción de reparación directa contra el Estado en cabeza del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Restitución, demanda que lleva un año sin ser admitida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba.

Según explicó a SEMANA Javier Mendoza, abogado experto en derecho de tierras, el proceso, por una cuantía de 8.000 millones, es una “última instancia que la familia no había iniciado. Sin embargo, frente a los sucesivos desplazamientos, buscan que el Estado los repare y que sirva de precedente para otras víctimas”. El jurista anuncia desde ya que si el Estado colombiano “no responde por una serie de medidas para reparar integralmente a los Salabarría, acudiremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para buscar la protección de la familia”.

Si bien Mendoza señala que un proceso de este tipo puede durar unos 12 años mientras llega hasta el Consejo de Estado, dice que “es clave que la justicia observe este caso, que lo ha conocido y lo ha denunciado Human Rights Watch, para que se tramite lo antes posible. Esperaremos este año las medidas del nuevo gobierno o iremos a la CIDH”.

Mientras tanto, los Salabarría siguen siendo víctimas de esta escandalosa trama, en la que todo el aparato oficial dispuesto para protegerlos falló y no ha sido capaz de ofrecerles una segunda oportunidad sobre la tierra, como tampoco la tuvieron los Buendía que vivieron cien años de soledad.