Generales en reserva del Ejército piden agilidad en la investigación contra el general Juan Miguel Huertas por presuntos vínculos con alias Calarcá

No cesa la polémica y el debate sobre los presuntos vínculos de altos mandos del Ejército Nacional y funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) con el jefe de las disidencias de las Farc, Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, que delinque en varios departamentos del país.

Mientras se anuncian investigaciones internas para establecer los nexos entre el general Juan Miguel Huertas y otros funcionarios con las disidencias, este miércoles el Consejo de Generales en reserva del Ejército Nacional (CGREN) aseveró que este tipo de situaciones afectan el honor y la honra de los miles de militares que día a día se enfrentan a estas estructuras armadas ilegales.

“Cuando surge la posibilidad —insistimos: la posibilidad— de que un alto oficial haya podido quebrantar ese principio esencial, se produce una herida espiritual en la institución. No se trata solo de un cuestionamiento personal; se trata de una inquietud profunda sobre la fortaleza del vínculo ético que sostiene la confianza del país en su Fuerza Pública”, precisa uno de los apartes del comunicado enviado por el Consejo de Generales.

En este sentido, les solicitan a las autoridades correspondientes que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y eficaz con el fin de corroborar la información que se ha conocido en los últimos días que vincula a este general del Ejército.

“El cargo ocupado por el oficial investigado —jefe del Comando del Personal— no es un puesto administrativo cualquiera. Allí se decide quién asciende, quién comanda, quién accede a información crítica y quién participa en operaciones sensibles para la defensa del Estado”, alegan los oficiales.

La situación que se está presentando, enfatizan, genera una grave repercusión a la seguridad de Colombia, puesto que se le estaría entregando información estratégica a un grupo subversivo y se permitiría realizar acciones en contra de la población civil y de los integrantes de la Fuerza Pública.

“Colombia vive hoy un conflicto híbrido, en el que las organizaciones criminales actúan como sistemas adaptativos complejos: mutan, infiltran, se camuflan, corrompen, manipulan e intentan reemplazar la gobernanza del Estado. En estas condiciones, la integridad moral de quienes ocupan cargos claves no es un detalle ético; es un componente esencial de la seguridad nacional. Este es el fondo del asunto. No se trata de un individuo. Se trata de la arquitectura defensiva de la República”, añaden.

Por todo esto, consideran necesario, por el bien del país y en la credibilidad de la justicia y de sus Fuerzas Militares, que las investigaciones sigan su curso y se llegue a una conclusión de manera pronta y clara.

“Hoy pedimos serenidad, respeto y paciencia con el proceso judicial. El país no puede caer en linchamientos mediáticos ni en presiones políticas que distorsionen la búsqueda de la verdad. La justicia debe actuar sin miedo y sin interferencias. Pero también afirmamos con claridad: la seguridad nacional no puede darse el lujo de la incertidumbre prolongada”, precisan.

“Esta información debe ser rigurosa y transparente, pero también rápida, porque la duda en los altos cargos erosiona confianza, disciplina, moral y cohesión institucional”, enfatiza el comunicado.

Finalmente, se manifiesta que las acciones que realizan los militares en Colombia deben seguir contando con el respaldo de los ciudadanos, puesto que este tipo de situaciones no pueden oscurecer las acciones que se realizan día a día en todo el territorio nacional para defender la soberanía nacional.

“A los colombianos les decimos: el Ejército Nacional seguirá siendo la columna vertebral de la seguridad del país. No permitiremos que ningún actor armado, criminal o político manipule la integridad de nuestras instituciones. La Patria es sagrada, y su defensa exige claridad moral, cohesión y absoluta transparencia”, indican.

Este es el pronunciamiento completo: