Grave crisis de la inteligencia militar en el gobierno Petro. Los detalles del documento del Consejo de Generales de la reserva

Colombia ha vivido duros episodios de orden público en los últimos días. El grave atentado contra el Batallón Bolívar en Tunja dejó claro que ni siquiera las zonas que se consideraban tranquilas están a salvo del riesgo. En medio de esa amenaza, la inteligencia, uno de los eslabones más importantes para combatir a las estructuras criminales vive una fuerte crisis.

Así lo demuestra un documento elaborado por el Consejo de Generales de la Reserva del Ejercito Nacional y conocido por SEMANA. En este se hace un detallado recuento del preocupante debilitamiento de la inteligencia estratégica durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, desde su principal agencia: la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

“La inteligencia es la herramienta más importante para el inicio del planeamiento de operaciones contra las amenazas a la seguridad nacional”, asegura el texto. El documento describe a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia como “uno de los proyectos institucionales más complejos y sensibles del Estado contemporáneo”.

“Sin embargo, con más de una década de su fundación, esta agencia se encuentra en una encrucijada, marcada por profundos cambios doctrinarios, lo cual se ha traducido en una crítica de inestabilidad institucional, presentando graves controversias que han reavivado el fantasma del espionaje político y la mala gestión”, asegura el texto.

Una de las conclusiones del informe es que “el uso inadecuado de la inteligencia por parte del actual gobierno ha ocasionado el fracaso de su principal bandera política: “La Paz total”. Con el fin de terminar el conflicto, ha negociado con los grupos ilegales, respaldando su actuar bajo los parámetros legales establecidos en la Ley 2272 de 2022. No obstante, las directrices han tenido un efecto rebote, se han incrementado todos los indicadores de seguridad, además del aumento de hombres y mujeres en los grupos al margen de la ley", detalla.

En el documento están las cifras de la grave situación de orden público del país, comenzando por la explosión de los cultivos ilícitos que han llegado ya a las 353.000 hectáreas (Según el último informe de la UNODC que fue en 2023). En el informe se narra que el gobierno decidió adoptar el concepto de la “Seguridad Humana” como eje central, “priorizando la protección de la vida por encima de la seguridad estatal tradicional”.

Como consecuencia de esto, dice el escrito, la misión de la DNI ha girado casi por completo. No solo es un tema de fondo. El informe, por ejemplo, destaca la falta de continuidad de quienes han estado al mando, pues han pasado tres directores en menos de dos años, “todos exmilitantes del M-19 y nombrados por criterios de confianza política más que por pericia técnica”.

“Esta situación ha estado acompañada de “silenciosas purgas” de personal experimentado, nombramientos cuestionados, como el de Jorge Lemus, quien al posesionarse en un cargo directivo en 2022 tenía una inhabilidad vigente de la Procuraduría y un ambiente de paranoia interna y externa sobre la vigilancia estatal", agrega.

En el documento se enlistan los temas más polémicos, desde la compra de un dron de 9.000 millones de pesos que permanece inutilizado, la adquisición de casas prefabricadas por 1.500 millones que quedaron abandonadas, la intervención de la DNI en los ascensos de más de 600 policías, el rol que cumplió la entidad en polémicos casos como el de Mocho Olmedo y el paso del hoy prófugo Carlos Ramón González por la dirección de la entidad.

La lista Clinton

“La reciente inclusión del Presidente de la República, de Armando Benedetti -un ministro polémico y clave en el desarrollo de la financiación de su campaña- y miembros de su círculo familiar cercano, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos introduce un factor de complejidad adicional y potencialmente disruptivo para la entidad, especialmente en lo referente a la cooperación internacional en materia de inteligencia, lo que supone nuevos elementos de complejidad a lo analizado”, destaca el informe.

El documento hace una serie de advertencias sobre lo que podría pasar: “”na suspensión de facto o una limitación drástica de los acuerdos de cooperación, intercambio de información sensible y asistencia técnica entre las agencias de inteligencia de EE.UU. (CIA, FBI, DEA, entre otras) y la DNI, especialmente si se percibe que la información compartida podría beneficiar directa o indirectamente a los sancionados, en particular al presidente Petro”.

Colombia también estaría perdiendo acceso a información crítica “para enfrentar amenazas transnacionales como el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. La designación OFAC erosiona profundamente la confianza y podría cerrar el acceso a información, tecnologías y capacidades de análisis vitales proporcionadas por EE.UU., degradando aún más la capacidad prospectiva de la entidad”.

Gustavo Petro habla tras su inclusión en la lista Clinton:

Por otro lado, “la falta de acceso a información o herramientas proporcionadas por EE.UU. podría afectar negativamente operaciones en curso contra objetivos prioritarios vinculados a intereses estadounidenses (ej. narcotraficantes solicitados en extradición, terroristas, crimen organizado), complicando aún más la ya tensa relación bilateral en la lucha antidrogas”. Los expertos aseguran que la designación OFAC representa un “shock externo de considerable magnitud para la DNI”.

Al final, el informe concluye: “La priorización de la lealtad política e ideológica sobre la competencia técnica ha derivado en una gestión deficiente, escándalos de corrupción y una notoria degradación de la calidad analítica, dejando al Estado con puntos ciegos en amenazas estratégicas. Para la defensa nacional, este camino implica un debilitamiento de la postura estratégica del país. Para la legitimidad, la combinación de escándalos de espionaje y corrupción es devastadora, erosionando la confianza ciudadana. Para la democracia, el riesgo es aún mayor: una agencia de inteligencia sin contrapesos, empoderada por encima de otras ramas del poder y utilizada para monitorear a la oposición, la prensa y la justicia, representa una amenaza directa a las libertades fundamentales. Reencauzar a la DNI hacia su mandato legal, técnico y apolítico es una tarea urgente para la salvaguarda del Estado de derecho en Colombia”.