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| 4/17/2019 11:55:00 AM

¿Por qué investigan a la gobernadora del Valle?

Según la Procuraduría, en la administración de Dilian Francisca Toro se firmaron 1.100 contratos de prestación de servicios considerados excesivos, ya que la planta de personal departamental es de 1.019 empleados. Ella asegura que entregará todo para su revisión.

Investigan a gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, por presunta nómina paralela Investigan a gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, por presunta nómina paralela. Foto: SEMANA

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Torres, es una de las mandatarias con mejor calificación de gestión en la historia reciente de ese departamento. Según la encuesta Gallup de marzo, alcanza el 64 por ciento de aprobación y apenas un 25 por ciento de los vallunos desaprueban su mandato.

De hecho, después de renunciar al Senado y de estar en prisión durante varios meses tras la investigación que le abrió la Corte Suprema de Justicia por presunto lavado de activos, y de la que salió ilesa con un fallo a su favor, la exsenadora se puso a la tarea de demostrarle a los vallunos que ella sería una buena gobernante, con la obligación moral de hacer las cosas bien por su departamento y alejada de los típicos escándalos que por años rodearon a la clase dirigente de esa región del país.

Pero en plena Semana Santa la Procuraduría lanzó una noticia que dejó fríos a los vallunos y de paso rompió con la buena racha de la que gozaban los dirigentes de ese departamento, al estar alejados del radar de los entes de control y de los escándalos. En un comunicado el ente disciplinario anunció que investiga a la gobernadora por presuntas irregularidades en la contratación, específicamente por la supuesta creación de una nómina paralela.

De acuerdo con el organismo oficial, las dudas surgieron porque el total de contratos de prestación de servicios supera en cifras al de la planta oficial de la gobernación.

Según datos revelados por la Procuraduría, en ese ente territorial existe una planta de personal de 1.019 empleados, pero por OPS (Órdenes de Prestación de Servicios, OPS) fueron contratados otras 1.100 personas, lo que para la entidad fiscalizadora es considerada “excesiva”.

Pero la investigación que le abrieron a la mandataria de los vallunos va mucho más allá y busca establecer si esa contratación se usó para favorecer a su estructura política.

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“La Procuraduría investiga versiones según las cuales se estaría presentado una nómina paralela para beneficiar a personas cercanas al movimiento político de la mandataria, cuyo vínculo con la gobernación se habría dado luego de que el departamento pusiera en marcha una reorganización administrativa que le permitió desvincular a un sinnúmero de funcionarios”, dice el comunicado oficial del ente de control disciplinario.

Aclaran, que con esta investigación buscan establecer el número real de contratistas, “teniendo en cuenta que la información reportada al proceso no incluyó a quienes laboran con el despacho de la gobernadora, las secretarias del Sector Social, Competitividad y Desarrollo Sustentable, Seguridad y Convivencia Territorial y las dependencias de apoyo transversal”.

“La Procuraduría investiga versiones según la cuales se estaría presentado una nómina paralela para beneficiar a personas cercanas al movimiento político de la mandataria, cuyo vínculo con la gobernación se habría dado luego de que el departamento pusiera en marcha una reorganización administrativa que le permitió desvincular a un sin número de funcionarios”.

Insisten en que también serán analizados los contratos que superan el monto permitido “para cargos de secretarios de despacho, directores o funcionarios, a quienes se les habría delegado la firma de los contratos de prestación de servicios”.

La Procuraduría precisa que en 15 días la Gobernación deberá entregar a esa entidad una relación de todos los contratos de prestación de servicios profesionales, que permitan además de identificar al titular, establecer tiempos, montos, funciones y periodicidad del contrato. También aclara que la mandataria podrá ser escuchada en versión libre, si así lo solicita.

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Frente al anuncio de la investigación disciplinaria de la Procuraduría, la gobernadora Toro Torres dijo: “Quiero decirles que estaré dispuesta a entregar todos los contratos para que pueda realizar su revisión y la investigación que requieran”.

Agregó que siempre ha estado disponible para los entes de control, “la transparencia siempre ha sido nuestra premisa en la administración y por supuesto, lo que ellos requieran estaré dispuesta. Para eso estamos los funcionarios públicos, para responder a los entes de control cuando así lo dispongan”.

Al respecto, Diana Vanegas, directora jurídica de la Gobernación del Valle, manifestó estar tranquila frente a las inquietudes formuladas por la Procuraduría, ya que para ella las OPS “no implican que sean nómina paralela, sino contrataciones de profesionales con funciones específicas temporales, relacionadas en el Plan de Desarrollo Departamental”, dijo la funcionaria.

Explicó que, en cuanto al tema del número de contratos, montos e identificación de contratistas, “es precisamente la relación detallada que se le entregará a la Procuraduría”.

Manifestó que todas las OPS son puntuales y con profesionales idóneos para temas específicos “en proyectos de ingeniería civil, apoyo a la defensa jurídica de la gobernación y demás necesidades que surgieron como estrategia para cumplir con lo planteado en el Plan”.

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