Expresidente de Corficolombiana deberá pagar 11 años de cárcel por caso Odebrecht

Después de emitir sentencia condenatoria en contra del expresidente de Corficolombiana José Elías Melo, el juez 14 penal de Conocimiento de Bogotá tasó su pena en 11 años y 7 meses de prisión. 

La denuncia que hace dos años hicieron los empresarios brasileños Luiz Bueno, Luiz Mameri y Luiz Da Rocha Soares, exdirectivos de Odebrech, terminó este lunes en una sentencia condenatoria contra Melo por haber "conocido" y "avalado" una coima de 6,5 millones de dólares para que el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales interviniera en favor del Consorcio Ruta del Sol SA cuyos socios mayoritarios Odebrecht y Episol, filial de Corficolombiana, consiguieron quedarse con las megaobras del tramo dos.

La justicia le dio plena credibilidad al testimonio de Luiz Antonio Bueno, testigo estrella de la Fiscalía para este caso. "Es un hecho que Melo conocía el pago de la coima a Gabriel García Morales, mostró anuencia y permitió que su socio Odebrecht asumiera el pago. Hizo gestiones pertinentes para el reembolso a través de la cesión de un contrato que para el juez es inexistente, ficticio e irreal. Solo fue el vehículo para el pago de la coima", manifestó el juez del caso quien subrayó que las pruebas enseñan el conocimiento que Melo tenía del acto irregular.

En la sentencia, el togado compulsó copias para que se investigue al presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez por este caso. Lo hizo con base en la declaración que rindió Bueno en su momento: "Yo tuve una conversa rápida con el vicepresidente Gustavo Ramírez y le conté lo que había pasado la noche anterior. Al doctor José Elías Melo al final de la conversación le dije del acuerdo con Gabriel Ignacio, él me dijo que le iba a dar conocimiento al señor Luis Carlos Sarmiento Junior, pero no puedo confirmar si lo hizo".

El juez pidió investigar con miras a que se establezca si eso que dijo constituye conducta punible. También pidió investigar a Gustavo Ramírez, vicepresidente de Inversiones de Corficolombiana.

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En sus declaraciones ante el juez, Sarmiento Gutiérrez aseguró que el conglomerado colombiano no tenía conocimiento de las actividades ilícitas de Odebrecht y que el grupo brasileño trató de engañarlos para ocultar las irregularidades cometidas. Señaló que inicialmente no había cómo pensar que la multinacional brasileña no fuera un buen socio. “Eran buenos constructores. Pero a finales de 2015 yo me di cuenta que estaban haciendo contratos irregulares y a finales de 2016 la relación se terminó”, dijo.

La Fiscalía había pedido que fuera sentenciado a 133 meses (11 años) de prisión. Y a una multa de 181 salarios mínimos legales vigentes (150 millones de pesos). Al final, el juez tasó la sentencia en 141 meses de prisión (11 años y 7 meses) y al pago de 174 salarios mínimos legales vigentes. También tendrá una inhabilidad de 159 meses para ejercer cargos públicos.

Además de las versiones entregadas por los tres Luises y de García Morales, el juez acreditó la versión de Enrique Ghisays Manzur, quien aceptó cargos por haber recibido la coima del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, mediante una telaraña de operaciones que incluyó la banca privada de Andorra, en Europa.

El reembolso de la coima a Odebrecht, señaló el juzgado, se hizo a través de un contrato de papel con la firma española DCS Managment. Según Bueno, se reunió directamente con Melo quien le manifestó tener una seria dificultad con la compañia por lo que se pactó que Odebrecht asumiría la totalidad del pago de 6,5 millones de dólares. "Después dividirían los costos a lo largo del proyecto, lo cual tendría lugar únicamente entre Episol y Odebrecht, sin dar participación a CSS Constructores, el grupo de Carlos Solarte, quien no tenía conocimiento del acuerdo”, manifestó el ejecutivo brasileño.

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El juez encontró veraz la declaración de Bueno, en donde asegura que recibió de Melo la autorización para finiquitar el pago de la coima y de la anuencia para que Odebrecht asuma el pago total. "Las reuniones entre Bueno y Melo tenían como fin específico corromper para conseguir el contrato, como en efecto lo hicieron", aseguró el juez.

Otras compulsas

La decisión del juez también ordena trasladar copias a la Fiscalía de evidencias que relacionan a Juan Manuel Barraza, empresario cartagenero; a María Victoria Guarín, asesora de alto nivel de inversiones en la Corporación Financiera Internacional (IFC) y a Andrés Sanguinetti (hermano de Julio María Sanguinetti, expresidente uruguayo) quien habría ayudado a Odebrecht a lavar dinero a través de la banca de Andorra (Europa). Este último fue pedido está detenido en ese país. 

El caso de Guarín está relacionado con el hallazgo de una serie de correos electrónicos por parte de la Superintendencia de Industria que dan cuenta de la forma en que altos directivos de Episol, de Corficolombiana y de Grupo Aval al parecer tramitaron condiciones favorables y las reglas aplicables al proceso de selección con la funcionaria de la IFC, a cargo de la estructuración del proyecto. Para la entidad, hubo un "claro y oculto" aprovechamiento del conflicto de interés que existía entre el vicepresidente de Planeación Corporativa del Grupo Aval y María Victoria Guarín, quien se desempeñaba como alta funcionaria en la IFC.

“Entre las numerosas pruebas, la SIC encontró correos electrónicos en los que Melo le informó a Luis Carlos Sarmiento que María Victoria Guarín, oficial de Inversiones de la IFC cargo de la Ruta del Sol, que era la esposa de Diego Fernando Saravia (Vicepresidente del Grupo Aval) y que se pondrían en contacto con ella para “exponer nuestras expectativas en relación con los términos de la operación””, dijo la Súper-Industria a través de un comunicado de septiembre de 2018.

En ese mismo expediente hay correos electrónicos que dan cuenta de cómo Melo habría propiciado encuentros entre Saravia y Guarín para dar trámite a las expectativas que querían reivindicar respecto de la estructuración del Proyecto Ruta del Sol. Según la entidad administrativa, el "aprovechamiento del conflicto de intereses" habría afectado el proceso de selección contractual en la medida en que le "otorgó ventajas anticompetitivas a la estructura plural en la que participó Odebrecht y Episol, esta última, controlada por Corficolombiana y el Grupo Aval".