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Corte Constitucional decidió mantener la sentencia (T-236 de 2017). | Foto: Archivo particular

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¿Le ganó el presidente Duque el pulso al expresidente Santos en la corte?

Después de que la Corte mantuviera las seis condiciones que impuso para la aspersión de glifosato, muchos se preguntan si esta decisión fue una victoria para el actual gobierno o para el anterior. Análisis de Daniel Rico.

19 de julio de 2019

Por Daniel Rico*

Muchos se preguntan si el presidente Iván Duque le ganó al expresidente Juan Manuel Santos el pulso sobre el glifosato en la corte, y la respuesta es sí. Por segunda vez el presidente Santos ve frustradas sus aspiraciones en torno a que la Corte Constitucional suspendiera definitivamente el programa de aspersión, es decir que la decisión política que el expresidente tomó en julio de 2015 al suspender la aspersión aérea con glifosato se queda en el plano de lo político sin un respaldo de tipo legal. El gobierno Duque puede celebrar que la corte no solo no prohibió el químico, sino que hizo dos aclaraciones favorables y moduló una de las restricciones.

Pero no, porque la audiencia que fue solicitada por el gobierno Duque evidenció fisuras y divisiones dentro del mismo gobierno (como quedó claro en la intervención del ministro de salud) y desconocimiento e improvisaciones como las del ministro de defensa, por eso terminó siendo políticamente mejor capitalizada por el expresidente Santos, quien logró un exitoso lavado de imagen, al pasar de ser el exministro de defensa y expresidente de mano dura que coordinó la aspersión con glifosato de casi un millón de hectáreas, a posicionarse con nuevas credenciales como líder antiaspersión y prolegalización de las drogas.

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1. ¿El fallo da luz verde al regreso de la aspersión?

Sí, por que mantiene los mismos criterios de la sentencia T-236 que permiten bajo unas restricciones básicas la continuidad del programa de aspersión, y además aumenta la discrecionalidad y potestad del Consejo Nacional de Estupefacientes para decidir sobre el programa de aspersión aérea, un espacio institucional donde el gobierno siempre tiene la última palabra.

Pero no, porque, aunque superados los temas legales quedan otros temas sin resolver, como lo son los presupuestales, logísticos y sobre todo los sociales y étnicos. No es claro aún ni cuánto cuesta ni cómo se va a pagar la aspersión aérea, tampoco cuál será el rol de la cooperación de los Estados Unidos en los aportes de equipos y pilotos y lo más importante, el gobierno deberá tener algún grado de interlocución efectiva con las comunidades, de lo contrario se expone a una seguidilla de paros cocaleros como los de 1996. Si resolver la viabilidad jurídica que era la parte fácil del asunto les tomó un año, resolver lo complejo les tomará por lo menos otro tanto.

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2. ¿Con este fallo podrá el Gobierno reducir los cultivos ilícitos?

Sí, en caso de que el ministro Botero cumpla su palabra de reactivar la aspersión aérea en un plazo máximo de 16 semanas (fecha que genera enormes dudas), el efecto en el corto plazo seria significativo por la escala que puede llegar a tener el programa (si logran financiarlo) al asperjar casi mil hectáreas diarias. El efecto disuasivo se evidenciaría especialmente en las zonas con cultivos industriales de coca que no son objeto de la sustitución voluntaria, y por ende serían los territorios priorizados para la aspersión.

Pero no, porque en el largo plazo la única manera de combatir la resiembra es por medio de una estrategia integral que incluya en el mismo combo la aspersión y la reconversión productiva de los territorios. Este es un factor crítico si se consideran los antecedentes negativos de la coordinación institucional entre el garrote de la aspersión y la zanahoria del desarrollo alternativo, la deficiencia de “cordinol” institucional hasta ahora no ha sido superada en los once meses que lleva este gobierno.

3. ¿Valió la pena la intervención de la Corte Constitucional para condicionar el uso del glifosato?

Sí, porque permitió que la compleja realidad de un municipio como Novita en el Choco, quedara expuesta, que se escucharan voces técnicas, regionales, expertas y no expertas con argumentos a favor y en contra, debate que sin duda enriquece la democracia. Y genera además un precedente jurídico muy importante para la defensa jurídica de la Nación frente a las billonarias demandas que enfrenta el Estado por afectaciones a la salud causadas por el glifosato.

Pero no, porque al no existir una sentencia de unificación que armonice otros pronunciamientos previos de la corte, siguen algunos temas constitucionales sin cerrarse en materia de glifosato, y por ende nuevas tutelas y acciones populares seguirán llegando para ser valoradas por el alto tribunal. Es decir, que la respuesta de ayer no será la última palabra frente a las aspersiones aéreas.

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4. ¿Se equivocó el gobierno al solicitar la modulación de la sentencia de la corte?

Sí, porque valoró equivocadamente la sentencia que estaba vigente, perdió un año de su mandato en solicitar una modulación innecesaria, y las aclaraciones a la sentencia T-236 sobre lo que es evidencia científica (que si se requerían), las hubiera podido solicitar por una vía ordinaria mucho más expedita. Ese tiempo perdido no lo uso el gobierno Duque en actualizar y aprobar los nuevos protocolos como lo exigía la sentencia, tampoco en avanzar en la renovación de las licencias ambientales, ni en profundizar en los estudios sobre el impacto en salud y medio ambiente del glifosato, todas estas tareas fueron postergadas innecesariamente hasta el pronunciamiento de la Corte.

Pero no, porque logró llevarle al país un mensaje de ponderación de derechos donde la seguridad prima en las decisiones de política antinarcóticos, y brinda una justificación frente a la necesidad de asperjar con glifosato a comunidades mayoritariamente pobres y marginadas. Aunque la Corte rechazó estos argumentos, a una parte del electorado estos conceptos si le encajaron, y esto es muy importante en vísperas de un proceso electoral.

*Columnista de Semana.com