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| 7/17/2019 10:21:00 AM

Con ponencia negativa arranca estudio sobre reanudación del glifosato

El magistrado ponente, Alberto Rojas, propone que la sentencia que prohibió el uso del herbicida en fumigaciones aéreas se mantenga tal cual, contrario a la petición del gobierno que pide modular el fallo. Hay dos magistrados recusados.

Estudio para reanudar la fumigación con glifosato arranca en la Corte Constitucional con ponencia negativa Con ponencia negativa arranca estudio sobre reanudación del glifosato Foto: Archivo particular

La Corte Constitucional arranca este miércoles una discusión clave tanto para el gobierno de Iván Duque como para Estados Unidos: la posibilidad de retomar las fumigaciones aéreas con glifosato. Esa herramienta fue vetada en Colombia desde 2015 cuando por el principio de precaución por sus posibles efectos nocivos en las personas y el medio ambiente, los magistrados constitucionalistas proscribieron el empleo de ese herbicida en asperciones aereas hasta tanto no se cumplieran una serie de requisitos.

Pero para el gobierno las exigencias impuestas son insalbables por lo que Duque solicitó a la corte reconsiderarlas a fin de que el glifosato pueda ser empleado nuevamente en la lucha contra los cultivos ilícitos. El gobierno nacional señala con preocupación que, según la Casa Blanca, en Colombia hay 208.000 hectáreas de coca, y que el incremento de los últimos años se explica por la prohibición de fumigar con glifosato. 

Al magistrado Alberto Rojas le correspondió instruir la discusión en la Corte Constitucional. Rojas es un togado ampliamente reconocido por sus posturas pro ambientalistas por lo que no causó sorpresa que su propuesta sea la de mantener la prohibición del uso del glifosato. En su estudio el magistrado considera que el Gobierno Nacional no ha cumplido con las exigencias que impuso la corte para la reanudación del programa de erradicación de cultivos ilícitos con aeronaves de gran capacidad. 

Dentro de requerimientos formulados por la corte está la expedición de una regulación, a través de un órgano independiente, que garantice la evaluación en los riesgos que se ciernen sobre los derechos fundamentales a la salud y al ambiente de los ciudadanos. Esa regulación además debe tramitarse con participación de las comunidades y estar fundada en estudios que tuviesen en cuenta los distintos riesgos, en grado e intensidad, que causa el herbicida glifosato, a partir de investigaciones científicas con rigor, calidad e imparcialidad.

La corte también exigió crear un mecanismo de alertas sobre las implicaciones del uso del glifosato. Este instrumento debe permitir atender eficazmente las quejas de los ciudadanos para poner en conocimiento de las autoridades las afectaciones que las aspersiones les causen. Pero tal vez la exigencia más complicada es la aportar "evidencia objetiva y concluyente sobre la ausencia de daño para la salud y el medio ambiente". Para muchos esa esa la exigencia insalvable dado que la comunidad científica mundial no tiene una posición definitiva sobre si el glifosato es nocivo. 

En síntesis el magistrado Rojas considera que no están cumplidas las exigencias impartidas para garantizar que el glifosato no genera afectación en personas y la naturaleza, y por tanto propone mantener los postulados de la sentencia que prohibió su empleo. 

Para el gobierno las exigencias son insalvables por lo que Duque solicitó a la Corte Constitucional reconsiderarlas, a fin de que el glifosato pueda ser empleado nuevamente en la lucha contra los cultivos ilícitos.

Hace un mes el ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que en julio se retomaría la aspersión aérea con glifosato en el país. “Nosotros estimamos entre 12 y 16 semanas para arrancar en firme la aspersión aérea, hay unos protocolos para cumplir”, señaló. A juicio de Botero, el glifosato es el mejor herbicida, por eso se descartó el uso de culaquier otra molécula. De acuerdo con el ministro, Nariño, el Catatumbo y Putumayo serán los territorios a los que se le darán prioridad en la reactivación del programa de aspersión que fue suspendido en 2015 durante el gobierno de Juan Manuel Santos. 

El polémico almuerzo con Santos

En marzo, cuando la Corte Constitucional hizo una gran audiencia pública durante todo un día para escuchar argumentos a favor y encontra de las fumigaciones con glifosato uno de los invitados fue le expresidente Juan Manuel Santos, quien fue antagonista del presidente Iván Duque. El primero defendió la prohibición del herbicida mienstras que el actual mandatario solicitó que la corte flexibilice las exigencias a fin de poder reanudar las asperciones con ese herbicida. Pero hacia medio día, en el receso de la audiencia pública, se presentó un problema.

Los magistrados Diana Fajardo y Alejadro Linares decidieron almorzar con Santos en el centro de Bogotá y terminaron recusados por lo que ahora su participación en el debate está en veremos. Al almuerzo también acudió la magistrada Cristina Pardo Schlesinger quien fue secretaria jurídica de Santos, pero precisamente por esa situación esta togada ya se había apartado de la discusión en la Corte Constitucional. Si este miércoles los restantes magistrados aceptan la recusación formulada contra Fajardo y Linares la corte tendrá que acudir a conjueces y la decisión de fondo se tomará varias semanas. 

Luego de su intervención en la audiencia pública sobre el glifosato, Juan Manuel Santos almorzó con tres magistrados de la corte: Diana Fajardo, Alejandro Linares y Cristina Pardo. Los dos primeros resultaron recusados por ello. 

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