Disidencia de las FARC ¿se van o se quedan?

Hace cerca de un año Pablo Catatumbo, miembro del Secretariado de las Farc, se reunió con un grupo de aproximadamente 300 milicianos de esta guerrilla en Tumaco, Nariño. Les habló del proceso de paz y les dijo que llegado el momento debían concentrarse en zonas veredales, junto a los guerrilleros. Pero los milicianos se negaron y dijeron que ellos no le caminaban al proceso de paz. En ese momento las FARC los expulsaron de sus filas y aún sin terminar los diálogos de La Habana, comenzaron a pensar en uno de los ‘chicharrones’ que tendrían que enfrentar en el momento del desarme. Una cosa sería convencer a los guerrilleros de cananas y fusil de entrar al proceso de paz, y otra, a los centenares de milicianos que, con una pistola al cinto y una moto, hacen lo que se les da la gana en pequeñas ciudades.

Como resultado, En Tumaco, el jefe de ese grupo miliciano, conocido como Don Y, se salió de madre. En un mes había matado a más de 20 personas, por lo que las propias FARC, en un ajuste de cuentas, lo mataron a finales del año. El resto de los milicianos quedaron a la deriva, en medio del fuego cruzado entre bandas criminales y narcotraficantes. Cuando solicitaron ingresar de nuevo las FARC, estas les dieron un portazo por considerarlos delincuentes comunes. Pero para Tumaco era un problema tener un grupo tan grande de jóvenes armados, que aunque querían volver a integrarse ya no sabían cómo hacerlo. Sin embargo, la semana pasada apareció una salida: 117 exmilicianos, que entregaron tres fusiles y 23 armas cortas, se desmovilizaron individualmente.

Esta es apenas una muestra de la magnitud del problema. Desde hace por lo menos tres décadas las guerrillas empezaron a crear las milicias, pues llevar la guerra a las ciudades les exigiría contar con el apoyo de personas que les dieran información, transportaran explosivos, o hicieran ciertas acciones militares relativamente sencillas.

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Las FARC dicen que en sus filas hay varios tipos de milicianos. Unos, más ligados a las operaciones de combate, en su mayoría ya están en las zonas veredales. Otros, que tienen vida de civiles, trabajos y familias, sólo irán a registrar el arma y su nombre, pero no se quedarán en la zona. Los militares han criticado esta fórmula, aceptada por el Gobierno. Consideran un riesgo inmenso que los milicianos sigan en los pueblos a sus anchas, especialmente porque manejan directamente la relación con el narcotráfico. Si no se concentran es imposible controlarlos y a no ser que tengan órdenes de captura, no tienen ningún incentivo para ir a dar la cara por una actividad que hasta ahora ha sido clandestina.

Un tercer tipo de milicianos son estos de Tumaco. Son casi siempre jóvenes, carecen de formación política y se dedican a la extorsión y a otras actividades ilícitas que las FARC no pueden controlar. Pero cuya presencia en las calles de ciudades como San Vicente del Caguán, San José del Guaviare y Puerto Asís, es una bomba de tiempo.

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El Gobierno tiene dos caminos. Uno es tratar a esos grupos disidentes como criminales, detenerlos y llevarlos a la cárcel, luego de que se hayan convertido en un problema de orden público. El otro, que parece haber adoptado, es abrirles la puerta para que se desmovilicen individualmente, que los encamine hacia el estudio y el trabajo. Esta última es una opción mucho más inteligente y eficaz si se tiene en cuenta que se trata casi siempre de muchachos muy jóvenes que viven en la marginalidad absoluta y llegaron a las armas por falta de mejores oportunidades. Esta es una manera de afrontar los líos de un posconflicto que se avizora violento en muchas regiones donde las rentas ilícitas son fuertes.

Por ahora ya van dos grupos que optan por este camino, el del Mojoso, en Caquetá, y el de Tumaco. Está claro que como disidentes ya no hacen parte del proceso de paz. Pero eso no quiere decir que el Estado no deba darles una segunda oportunidad.