Las reacciones por la revelación de SEMANA sobre los planes del régimen de Nicolás Maduro para tratar de pescar en el río revuelto de la protesta indígena e infiltrar la minga en el Cauca han ocupado parte de la agenda política e informativa en las últimas horas. Y no es para menos, ya que no se trata de un asunto menor.
Por parte del alto gobierno una de las primeras voces en referirse al tema fue la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. “Francamente, digo que eso no tendría nada de raro. Me da pesar que se aprovechen de lo que es el clamor de un pueblo indígena, para tenerlo más presente y más visible, y que terminen utilizándolo para un afán politiquero de hacerle daño a un gobierno, porque eso muestra mezquindad y pobreza intelectual”, dijo durante una un encuentro con gremios y alcaldes en Cúcuta.
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Las declaraciones tiene que ver con la publicación de SEMANA en la que se reveló cómo el máximo organismo de consulta para la planificación, asesoramiento y toma de decisiones en temas de seguridad nacional de Nicolás Maduro y su régimen, el Consejo de Defensa de la Nación (Codena), hizo una serie de graves sugerencias al jefe del régimen venezolano que afectarían la seguridad en Colombia.
Esa entidad está conformada por una veintena de personas, en su mayoría militares activos y retirados, quienes son los encargados de hablarle al oído al mandatario venezolano. La mayoría de sus recomendaciones al presidente se convierten en órdenes que se deben ejecutar sin dilación.
SEMANA tuvo acceso a varios documentos secretos del Codena. En uno de estos le hacen una serie de sugerencias a Maduro, aprovechando el paro indígena que lleva más de 20 días y ha causado graves problemas de orden público, económico y social en el suroccidente del país.
“El actual escenario de protestas indígenas den Colombia favorece al gobierno venezolano en la medida que el presidente Iván Duque orientaría toda su atención a la crisis interna colombiana…”, dice el comienzo del documento en cual continúa con tres puntos que son una mezcla de análisis y líneas de acción a seguir
“1. Politización política en Colombia tiene a incrementarse. 2. El apoyo del gobierno (de Venezuela) a las protestas indígenas deben estar orientados a: —Que se conviertan en protestas que afecten la gobernabilidad de Colombia. —Abrir otro frente de conflicto a Duque para evitar que se siga involucrando en los asuntos internos de Venezuela".
El punto 3 de esta parte del documento llama la atención porque el Codena habla sobre las eventuales consecuencias que podría tener en Venezuela ese plan de respaldar la minga indígena en Colombia.
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“Existe el riesgo que a mediano y largo plazo dicho escenario (las protestas indígenas) podrían replicarse en Venezuela con el pueblo indígena Pemón (sur del estado Bolívar), creando brotes de secesión. —Se podrían fortalecer los movimientos indígenas en América Latina”.
Además, también se dice: “Gobierno colombiano podría descalificar las protestas por estar financiadas y apoyadas por el gobierno (de Venezuela), en su afán de satanizar la legitimidad del Gobierno de Maduro”.
Tras esta primera parte el documento tiene un segundo capítulo en el que realizan las “recomendaciones” finales a Maduro sobre el tema indígena tanto en Colombia como en Venezuela.
“Apoyar y financiar los movimientos sociales y protestas indígenas en Colombia para debilitar a Duque y mantener la apertura de otros frentes de conflicto. Impulsar campaña mediática nacional e internacional orientada a que la integridad del espacio geográfico no debe estar por encima de los intereses de los pueblos indígenas”.
Finalmente, tocan el tema de los derechos indígenas para usarlo como arma de blindaje: “Fortalecer y blindar el principio de integridad del espacio geográfico a través de la ANC (Asamblea Nacional Constituyente), reformando el capítulo sobre los derechos de los pueblos indígenas para: Otorgarle más deberes a los pueblos indígenas en función de su responsabilidad con la seguridad de la nación. Mantenimiento de la integridad territorial. Identidad nacional. Contribución al desarrollo nacional. Mayores condiciones para la demarcación de las tierras y habitas indígenas. Evitar que la consulta previa a los pueblos indígenas tenga carácter vinculando para el estado".