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| 8/11/2018 6:15:00 PM

Los narcomercenarios colombianos en México

Mientras colombianos entrenan en técnicas de combate, secuestro y tortura a los carteles en México, narcos de ese país vienen a comprar y controlar la calidad de la coca.

Mercenarios colombianos entrenan integrantes de carteles mexicanos Estos son algunos de los 17 campamentos encontrados por las autoridades mexicanas en los cuales delincuentes colombianos sirven de ‘instructores’ para capacitar a los sicarios de los carteles mexicanos.

Para nadie es un secreto que los narcos colombianos y mexicanos tienen negocios de tráfico de drogas desde hace décadas. Esa alianza que comenzó hace más de 30 años hoy tiene nuevas características. Aunque en los últimos años es relativamente conocido que los diferentes carteles de México envían decenas de sus lugartenientes a comprar droga en Colombia, se ignoraba la otra cara de esa moneda: colombianos que viajan a ese país para entrenar a los integrantes de esos carteles en técnicas de combate, secuestros y torturas. En el bajo mundo algunos los conocen como narcomercenarios.

El antecedente conocido ocurrió a mediados de los años ochenta cuando el capo José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, envió a 15 de sus mejores sicarios, liderados por un capitán retirado del Ejército, para enseñar a sus socios centroamericanos técnicas sicariales. Hace tres años la revista Proceso de México publicó un informe, basado en documentos de agencias de inteligencia estadounidense, según el cual integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) recibieron entrenamiento de las Farc en las selvas colombianas. Hoy hay muchas más pruebas y el asunto se ha vuelto mucho más complejo.

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En los últimos cinco años la Procuraduría General de la República de México (PGR), el equivalente a la Fiscalía colombiana, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) encontraron en varios lugares de ese país 17 emplazamientos acondicionados para narcoentrenamientos liderados por colombianos. La mayoría de estos lugares pertenecían al CJNG y estaban localizados cerca de varias poblaciones de Jalisco, Michoacán y Veracruz. A comienzos de 2018 en este último estado, en el municipio Jesús Carranza, las autoridades encontraron un campamento con capacidad para 120 personas. Unos meses después la Fiscalía y la Policía del estado de Veracruz hallaron otros tres campamentos, uno de los cuales estaba equipado para enseñar técnicas de explosivos.

En una finca en el municipio de Tlalixcoyan, Veracruz, desmantelaron otra instalación dedicada exclusivamente a preparar a los sicarios en técnicas de tortura. Hace un año cerca del turístico municipio de Tala, Jalisco, la Fiscalía de ese estado allanó un lugar en donde jóvenes entre los 25 y 35 años se adiestraban como sicarios y torturadores. Algunos de los capturados contaron que como parte de su preparación sus ‘entrenadores’ los obligaban a asesinar a sus rivales cortando partes del cuerpo y, una vez terminaba su agonía horas después, debían descuartizarlos y comer trozos.

Los análisis de Migración Colombia evidenciaron que en los últimos cinco años el tránsito migratorio de mexicanos se duplicó, al pasar de 85.492 entradas en 2012 a 175.997 en 2017. 

“Los diferentes carteles mexicanos, especialmente el CJNG, uno de los más violentos, valoran la experiencia de los colombianos. Hemos encontrado en algunos de los campamentos instalaciones similares a las que utiliza la guerrilla, con zanjas de arrastres, trincheras, etcétera”, dijo a SEMANA un funcionario de la Sedena. “En otros narcocampamentos enseñan para las torturas técnicas similares a las empleadas por los grupos paramilitares colombianos. Hemos detectado que los instructores son antiguos integrantes de guerrillas, autodefensas y exjefes de sicarios de carteles desmantelados en Colombia, como los Rastrojos, contratados no solo para enseñar, sino también para entrar en combate contra otros carteles o las fuerzas del gobierno. A los colombianos los aprecian en ese mundo  porque combaten muy bien”, concluye.

Ese nivel de violencia de los delincuentes colombianos los ha llevado incluso a escalar importantes posiciones dentro de los carteles mexicanos, algo que muchos expertos en temas de narcotráfico en el país no veían posible.

El caso más reciente ocurrió en febrero de este año. Dos investigadores de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) llegaron a Puerto Vallarta, Jalisco, para realizar una misión de reconocimiento. Pocas horas después desaparecieron. Cinco días más tarde alguien difundió un video en el que aparecían con evidentes signos de tortura, atados de manos y arrodillados junto a un grupo de encapuchados que les apuntaban con fusiles. Unas semanas más tarde aparecieron sus cuerpos descuartizados. Más de 40 agentes de la PGR descubrieron que un colombiano ordenó el crimen: Mauricio Varela, conocido como Manotas, designado por el CJNG como el jefe de esa organización en Puerto Vallarta. Cuando lo fueron a arrestar, se enfrentó a tiros con medio centenar de uniformados. Quedó herido, pero sobrevivió. Varela fue sicario del cartel de Medellín y posteriormente pasó a la temida Oficina de Envigado antes de ser contratado por el CJNG.

No se trata de un caso aislado. De hecho, es uno más de los llamados narcomercenarios que hacen parte de un negocio en el que la presencia de los mexicanos en territorio colombiano cada vez es más evidente.

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La otra cara

Todas las autoridades colombianas están de acuerdo con que el negocio del narcotráfico se mexicanizó y que por cuenta de ese fenómeno el país viene presenciando una diáspora criminal que ya registran las agencias de inteligencia y las estadísticas delincuenciales.

De ese problema se viene hablando desde hace cinco años y en 2013 el propio presidente Santos durante una visita a Tumaco se refirió al asunto: “Ha habido rumores en torno a que miembros de carteles mexicanos están en el departamento de Nariño. Ya les di instrucciones al director de la Policía, general José Roberto León Riaño, para que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación investiguen bien si esos rumores son ciertos”, dijo el entonces mandatario.

En la actualidad ningún organismo oficial desconoce el problema. Ejército, Policía, Fiscalía y hasta la Defensoría del Pueblo han denunciado con lujo de detalles la presencia de narcotraficantes mexicanos en suelo colombiano. A comienzos de este año el defensor del Pueblo, Carlos Negret, lanzó la primera estocada por medio de una alerta temprana en la que aseguró que el cartel de Sinaloa estaría financiando a las bandas criminales en Córdoba. Una semana después el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, reveló que los carteles mexicanos tienen presencia en diez departamentos y manejan sus propios cultivos de coca.

Y si quedaban dudas, un balance operacional de la Fuerza Naval del Pacífico (FNP) advierte que en esa región del país solo en el primer semestre de este año ya incautaron 50 toneladas de clorhidrato de cocaína y capturaron a 133 narcotraficantes; más de la mitad eran extranjeros.

Estos son algunos de los 17 campamentos encontrados por las autoridades mexicanas en los cuales delincuentes colombianos sirven de ‘instructores‘ para capacitar a los sicarios de los carteles mexicanos.

Los análisis de Migración Colombia evidenciaron que en los últimos cinco años el tránsito migratorio de mexicanos se duplicó, al pasar de 85.492 entradas en 2012 a 175.997 en 2017. Además, otro informe de esa entidad alerta que los centroamericanos cambiaron las ciudades turísticas por pueblos remotos, curiosamente ubicados en zonas cocaleras como Nariño, Cauca, Putumayo, Norte de Santander y otras como Meta, Guaviare y Risaralda. “El 28 por ciento de las judicializaciones a ciudadanos mexicanos corresponden a delitos relacionados con narcotráfico”, concluye el informe. “Junto con la Fiscalía estamos intercambiando información con las autoridades mexicanas con el fin de seguir atacando a las organizaciones y sus integrantes en los dos países como lo hemos venido haciendo”, dijo a SEMANA el general Jorge Vargas, director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín).

La inteligencia militar y policial alrededor de ese fenómeno es tan nutrida que hoy las autoridades cuentan con un completo análisis para resolver a fondo preguntas como ¿por qué llegaron a Colombia esos capos? ¿Cómo operan? ¿Cuál es la nueva jerarquía del negocio? ¿Dónde están? SEMANA tuvo acceso a varios de esos informes que revelan detalles inéditos sobre la nueva mecánica de uno de los negocios ilegales más sangrientos del planeta y su impacto en el país.

Esas agencias advierten, en primer lugar, que todo empezó a cambiar con el espacio territorial que dejaron las Farc tras acogerse al acuerdo de paz con el gobierno. Ese detalle, sumado a que los grandes capos salieron del juego, capturados, extraditados o asesinados, dejó un vacío de poder. Y la estructura del negocio pasó de tener una jerarquía piramidal a una transversal.


La inteligencia militar y policial alrededor de ese fenómeno es tan nutrida que hoy las autoridades cuentan con un completo análisis para resolver a fondo preguntas como ¿por qué llegaron a Colombia esos capos? ¿Cómo operan?

“Eso permitió una independencia de las organizaciones locales, con capacidad logística y de producción para negociar directamente  con organizaciones de crimen transnacional, como los carteles mexicanos”, dice el documento confidencial, tras precisar que existen nexos evidentes con los carteles de Sinaloa, CJNG y los Zetas.

Solo en los últimos 11 meses las autoridades capturaron a 15 mexicanos en flagrancia mientras transportaban en total 7,6 toneladas de cocaína por el Pacífico colombiano. La mayoría de esas operaciones en Nariño y la frontera con Ecuador contaron con la ayuda de agencias internacionales.

Una de ellas tuvo lugar cuando se estrelló una avioneta cargada con coca que intentaba despegar de una pista clandestina en la frontera del sur. Sucedió en marzo pasado y allí las autoridades capturaron al mexicano Ezequiel Córdoba Padilla.

En otra agencia de inteligencia documentaron este año al menos cuatro encuentros de mafiosos mexicanos en territorio colombiano, puntualmente en el parque natural Sanquianga, Nariño. Desde allí coordinarían el envío de cocaína hacia Guatemala y México. Incluso, en otro de los seguimientos se pudo confirmar que el propósito de los mexicanos era visitar laboratorios en Llorente, Nariño.

Para las autoridades está claro que la llegada de los narcos mexicanos a Colombia en un principio se debió a la dificultad de los grupos locales para cubrir la demanda de cocaína. “Una vez aquí descubrieron dos cosas fundamentales para el negocio: mejor precio ante la ausencia de intermediarios y control de calidad”, explicó una fuente militar.

Datos de inteligencia revelan que “consiguen un kilo de cocaína en las costas colombianas a 2.200 dólares, mientras que ese mismo kilo en territorio centroamericano puede valer 8.000 dólares”. Por un kilo de cocaína pagan 30.000 dólares en Estados Unidos, 50.000 dólares en Europa y 100.000 dólares en Australia.

Además, está documentado que a mayor pureza de la cocaína, mayor mezcla al consumidor final, lo que genera mejores rentas a las mafias. “Son tan meticulosos que ahora, para traficar un cargamento, un mexicano sigue el proceso de transporte desde el laboratorio y se embarca en las lanchas o semisumergibles con la droga, mientras un colombiano espera con su par mexicano en el destino final”, afirma el oficial.

Otras de las operaciones con resultados insólitos se desarrollaron a finales de junio pasado en El Charco, Nariño. Allí la Policía Antinarcóticos junto con la DEA capturaron a 16 mexicanos y un ecuatoriano que se hacían pasar por turistas y merodeaban por la región tomando fotos, pero en realidad intentaban traficar 1.300 kilos de cocaína.



En otra agencia de inteligencia documentaron este año al menos cuatro encuentros de mafiosos mexicanos en territorio colombiano, puntualmente en el parque natural Sanquianga, Nariño.

Los carteles mexicanos envían a Colombia a algunos de sus lugartenientes para comprar la droga y controlar la pureza de los cargamentos. Varios ciudadanos de ese país han sido arrestados en el Pacífico con los alijos de cocaína. Hace pocas semanas una avioneta se estrelló en las costas de Nariño.

Y aún son un misterio los tres jets privados que aterrizaron a finales del año pasado en el aeropuerto Matecaña de Pereira, con 35 mexicanos que supuestamente asistirían a fiestas. Si bien en Colombia las autoridades no detectaron algo ilegal, llamó la atención que dos de los vuelos venían de la ciudad de Tapachula, considerada uno de los fortines mafiosos en México.

Esas capturas también se han repetido en el centro del país. Por ejemplo, justamente hace un año cayó en Bogotá Marcela Flores Torruco, alias la Dama de Hierro, considerada ficha del cartel de Sinaloa y solicitada por Estados Unidos. Ese mismo año, las autoridades de Medellín se alertaron por la captura de los mexicanos Irineo Sánchez y Horacio Zúñiga, ambos con circular roja de Interpol. Y a finales de 2016 en Sibaté, Cundinamarca, las autoridades detuvieron a cinco ciudadanos de ese país junto a 2 toneladas de coca que escondían en las boyas de atraque que usan los buques cargueros.

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Para el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, no hay duda de que esos carteles vieron en Centroamérica y en la cuenca del Pacífico una zona para crear nuevos circuitos para el tráfico de drogas. “No extraña entonces que Nariño y Cauca, departamentos colombianos con costa sobre el Pacífico, aparezcan junto a Putumayo y Norte de Santander, a la cabeza de los índices de cultivos de hoja de coca”, sostuvo durante un congreso en Cartagena, tras informar que hay 103 mexicanos investigados por narcotráfico.

En todo ese entramado criminal juegan un papel importante los disidentes de las Farc, el Clan del Golfo y el ELN, con quienes hacen alianzas para aumentar el rendimiento de laboratorios como sucede en el Catatumbo, territorio de los Pelusos. O los cultivos ilícitos que controlan en el nudo de Paramillo, antiguo bastión paramilitar por tratarse de un corredor estratégico que conecta el Bajo Cauca con Urabá y Córdoba.

Daniel Rico, economista y politólogo investigador de economías criminales, advirtió sobre la expansión de los carteles mexicanos y descarta que esa tendencia tenga éxito en Colombia como lo tuvo en Centroamérica. Aquí no funcionaría “una campaña militar como la que protagonizaron los Zetas hace diez años en el norte de Guatemala, cuando decidieron ajusticiar al capo local Juancho León en represalia por el robo de un cargamento, y una vez cazado el blanco, prefirieron no regresar a México con sus cientos de hombres, sino que decidieron asociarse con delincuentes locales”, escribió recientemente en Análisis.

Si bien es cierto que, como afirma Rico, es poco probable que los carteles mexicanos estén interesados en instalarse y buscar control territorial en Colombia, la realidad es que la presencia de decenas de narcomercenarios colombianos en México pone en evidencia que la unión entre organizaciones criminales de los dos países tiene una nueva dinámica y está más fuerte que nunca.

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