Niños con discapacidad se quedarán sin aulas especiales en colegios públicos. Grave denuncia contra el Ministerio de Educación

A partir de una denuncia, plasmada en un derecho de petición que padres de familia de niños en situación de discapacidad le hicieron llegar al Ministerio de Educación, se afirma que, bajo la figura de inclusión, se dispuso que las aulas especiales para atender a niños en situación de discapacidad en los colegios públicos iban a desaparecer.

La decisión, confirmada entonces por el que fuera ministro de Educación, Alejandro Gaviria, centraba la decisión en el cierre de esas aulas de colegios públicos para que sus estudiantes adelanten sus procesos formativos en las aulas donde están los demás alumnos, lo que implicaría una educación igualitaria.

Sin embargo, la decisión está siendo polémica porque, según los padres de estos niños, afecta a cuenta gotas a niños que por años se ganaron el derecho de contar con una educación que, más allá de igualitaria, es equitativa, en la medida que se ajusta a sus necesidades y les brinda las herramientas necesarias en su contexto.

Según los padres de familia de cientos de niños, llevan años tratando de hacer entrar en razón al Ministerio de Educación, intentando hacerle ver que el camino escogido para que los niños sean ‘incluidos’ en una estrategia no es el correcto, porque no todos los casos son iguales y las dinámicas, como los problemas de salud, son diferentes.

Ahora, la decisión que está entrando en vigor echa para atrás esos esfuerzos.

“Cerrar las aulas transitorias del Colegio Villemar El Carmen - Sede B no es un simple cambio administrativo. Es arrancarles de las manos a nuestros niños un espacio que para ellos significa seguridad, confianza, adaptación y la oportunidad real de aprender según sus capacidades. Es condenarlos a una inclusión falsa, una inclusión que solo existe en el papel”, señala el derecho de petición, que busca salvar las aulas especiales en los colegios públicos.

Advierten los padres de familia que la propuesta que hace el Gobierno al eliminar las aulas transitorias es, a la larga, un problema mayor para los niños con condiciones tan complejas como distintas. Integrarlos a los salones con niños que gozan de otras capacidades los pone en una situación difícil, particularmente cuando vienen de procesos efectivos para sus situaciones específicas.

El asunto es que, al eliminar las aulas, no se propone una solución distinta a mezclar los niños con otros estudiantes.

“En esas aulas [las especiales], nuestros hijos no son ‘el niño diferente de la clase’, son parte de un grupo que los entiende, con docentes que conocen sus tiempos, miedos, avances y luchas diarias. Allí han logrado decir sus primeras palabras, escribir su nombre, compartir con otros sin temor y mirar el mundo con esperanza”, señala el documento que fue remitido al Ministerio de Educación.

Las complejidades son variadas, pero los colegios ya habían avanzado años en programas académicos diseñados, estructurados y desarrollados para esa población.

Por eso la situación actual es más compleja. Porque de un plumazo, el Ministerio de Educación ordenó eliminar las aulas sin otro argumento que un estudio, alejado de la realidad según los padres de familia, y que obliga a los niños con autismo, síndrome de Down o discapacidad múltiple o retraso cognitivo a compartir aulas con otros que no tienen esas dificultades.

“Pretender que pueda adaptarse de un día para otro a un salón con más de 38 estudiantes es no conocer la realidad, es negarse a ver que la educación inclusiva no se trata de amontonarlos en un aula para cumplir una cifra, sino de garantizar que cada uno tenga las herramientas y los apoyos para florecer”, advierte el derecho de petición.

En la directiva del Ministerio de Educación, incluso se habla de asuntos contractuales —reseñan los padres de familia en su derecho de petición—, de profesionales para atender la población de niños en situación de discapacidad que, según criterio de los padres, no están legalmente establecidos y, por tanto, no garantizan los programas de inclusión.

“La atención educativa no debe estar supeditada a la contratación individualizada de personal, ni se debe condicionar el acceso, la permanencia o el avance en la trayectoria educativa de los estudiantes con discapacidad a un profesional o cuidador ‘sombra’ que no se encuentra establecido en la normatividad vigente y no responde a la apuesta de inclusión”, señalan.

Así, los padres de familia denuncian que las advertencias de suspender las aulas transitorias se hicieron realidad y no hubo siquiera un proceso de adaptación, simplemente fueron notificados.

“Los niños que actualmente están en aulas transitorias no han recibido la preparación ni los apoyos necesarios para su paso a aulas regulares, lo cual, además de ser injusto, puede resultar tortuoso e irremediable en sus procesos educativos y emocionales”, detalla el documento.