“No es posible hablar de derechos ni de garantías”, jueces de Bogotá expresan apoyo a defensores públicos tras cese de actividades

Los derechos del capturado, que recitan policías cada vez que alguien es detenido y que hasta se convirtió en guion de cine, advierte que los delincuentes tienen derecho a un defensor público, en caso de no tener recursos para una defensa de confianza.

“Tiene derecho a un abogado; si no tiene, el Estado le suministrará uno”, reza el listado de derechos de los capturados y es justamente lo que está en riesgo; la defensa pública pagada por el Estado. Los profesionales del derecho que hacen esta compleja labor están sin salario desde diciembre y el Gobierno, en lugar de pagar, anunció recorte.

Los defensores públicos son los que se encargan de representar a personas privadas de la libertad Foto: Tomada de Ramajudicial.gov.co

A través de un comunicado, los defensores públicos advirtieron que entraron en un cese de actividades, lo que automáticamente frena la actividad o rutina de la justicia penal, pues todos los días atienden a quienes son capturados y no tienen dinero para pagarse un abogado de confianza.

“La Asociación Nacional de Servidores Públicos de la Defensoría del Pueblo, organización sindical con cerca de 30 años de trayectoria y negociación en la mesa nacional estatal, informa a la opinión pública que tras agotadas las instancias de diálogo y realizar las gestiones administrativas pertinentes, convoca a la segunda jornada nacional de un día sin audiencias para el próximo 19 y 20 de enero”, señalaron los defensores públicos.

Los jueces de Bogotá expresaron apoyo a los defensores públicos y advirtieron la importancia que tienen en la actividad de la Rama Judicial como protectores de derechos y garantías de los procesados. Para los servidores judiciales es una contradicción que quienes deben velar por los derechos, ahora estén afectados en sus derechos.

“Su rol es fundamental dentro del Sistema Penal Acusatorio, en la medida en que garantizan el acceso oportuno y efectivo a la administración de justicia para todas las personas, especialmente para quienes requieren una defensa técnica adecuada”, señalaron los jueces de Bogotá.

Insisten los representantes de la justicia en que los defensores públicos han sido relegados por el propio Estado y su labor, que resulta indispensable para el funcionamiento del sistema, no tiene la relevancia suficiente para las autoridades y en particular para el gobierno nacional que debe garantizar el pago de honorarios.