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Juvenal Silva Manchola y Jeferson Monroy murieron en el operativo del ejército. Las autoridades a cargo de la operación reseñaron sus muertes como “daños colaterales”.

CONFLICTO

Otra operación crítica

En mayo de 2018 el ejército realizó en Caquetá una emboscada contra un grupo de disidentes. Murieron varios menores, pero nunca lo informaron. Un niño sobreviviente alertó sobre el reclutamiento forzado en la zona.

18 de noviembre de 2019

El polémico bombardeo contra una disidencia de las Farc en el que murieron al menos ocho niños no es el único operativo en Caquetá sobre el cual el Ejército ha informado parcialmente. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, perdió su puesto cuando el senador Roy Barreras reveló que en el bombardeo murieron más menores que adultos. El Ejército y el ministro recibieron fuertes críticas porque habían informado al país sobre una operación impecable, sin mencionar que entre los abatidos había incluso una niña de 12 años. SEMANA descubrió que una omisión similar ocurrió en un operativo militar anterior, en la misma zona al sur del país. Se trata de otro episodio oficialmente presentado como un éxito sin anunciar que murieron varios menores reclutados forzosamente por los jefes de las disidencias.

Este caso sucedió en el Gobierno anterior, con el entonces ministro de Defensa Luis Carlos Villegas. Ocurrió el 27 de mayo de 2018, justo el domingo de las elecciones presidenciales. Pasadas las seis de la tarde, una decena de disidentes al mando de Óscar Méndez Galvis, alias Sabajón, llegó a la finca de Juvenal Silva Manchola, en la vereda Miramar de Montañita, Caquetá. Sabajón le ordenó a Silva transportarlo con sus hombres en su campero de estacas. Varios testigos afirman que este no tuvo más opción que obedecer. Se puso al volante, y Jeferson Monroy, trabajador de la finca, a su lado, en la cabina; mientras en la parte posterior del vehículo iban los sediciosos. 

El Ejército, al informar sobre la operación, no mencionó que entre los muertos había otros tres menores de edad: Alexis Palencia Múnera, de 13 años; Alcibíades Castiblanco, de 16; y Diego Mahecha Martínez, de 17.

Según el expediente, por información de inteligencia, el Gaula del Ejército sabía que el grupo se desplazaría por la vía rural y lo aguardaba con una operación –emboscada lineal tipo asalto– dispuesta desde la mañana del domingo. A las diez y media de la noche, en un paraje oscuro, los soldados balearon el campero. Los subversivos trataron de reaccionar, pero todos cayeron. Todos, salvo uno.  

El general César Augusto Parra informó sobre el operativo contra el grupo disidente de alias Sabajón, sin mencionar que allí murieron varios menores.

La maniobra dejó las llantas del lado derecho del campero enterradas en el barro. El vehículo recibió disparos desde 6 metros de distancia por la parte delantera, derecha y trasera. La operación dejó 12 muertos en total, entre estos Silva y Monroy, civiles a quienes el Ejército reseñó como “daños colaterales inevitables”. Entre los diez subversivos abatidos estaba el comandante de la disidencia, alias Sabajón, y su hermano Hiller Méndez Galvis, alias Carracas. La información oficial resaltó estas bajas y que los muertos portaban cinco fusiles AK-47, dos pistolas, lanzagranadas y munición. Además de esto, aseguraron haber rescatado una persona. 

Efectivamente, quienes viajaban en el platón del campero quedaron uno encima de otro en posición fetal. Y en medio de los cadáveres y el armamento, alguien mostró signos de vida. El sobreviviente, un menor de 15 años, sangraba, pero no tenía lesiones mortales. Los militares le brindaron primeros auxilios y luego lo entregaron al Bienestar Familiar, entidad que lo sacó de la zona y lo tiene bajo su protección (Ver testimonio).

SEMANA descubrió que una omisión similar ocurrió en un operativo militar anterior, en la misma zona al sur del país. Se trata de otro episodio oficialmente presentado como un éxito sin anunciar que murieron varios menores reclutados forzosamente por los jefes de las disidencias.

Pero el Ejército, al informar sobre la operación, no mencionó que entre los muertos había otros tres menores de edad: Alexis Palencia Múnera, de 13 años; Alcibíades Castiblanco, de 16; y Diego Mahecha Martínez, de 17. Los adultos abatidos llevaban prendas militares; los menores iban vestidos con sudaderas negras, botas pantaneras y camisetas de sus equipos de fútbol.

Habían reclutado forzosamente a dos de los niños solo un mes antes, y sus familias lo habían denunciado ante la inspección de Policía y la Comisaría de Familia de San Vicente del Caguán. Castiblanco, el adolescente de 16 años, estaba con ellos desde solo dos días atrás, cuando se lo llevaron a la fuerza en la vereda El Sábalo del municipio de Solano. Su familia explicó que no había denunciado porque no tenía una autoridad cerca. 

Los detalles del operativo militar quedaron registrados en el expediente, pero los medios no supieron de la muerte de los menores. El comunicado, firmado por el Batallón de Inteligencia Militar n.° 6 junto con el Gaula Militar de Caquetá, solo dejó constancia de los dos civiles muertos y del rescate de un niño herido. Al día siguiente, en rueda de prensa, el general César Augusto Parra, entonces comandante de la VI División del Ejército, señaló: “Son 11 personas neutralizadas. El sujeto alias Sabajón y su hermano habían amenazado al señor alcalde y al gerente de la electrificadora; o sea, retaron a las Fuerzas Militares y al país. Hoy le decimos al país: aquí están sus Fuerzas Militares”.

El alto oficial pasó de la VI Brigada al Departamento Conjunto de Planificación y Transformación de las Fuerzas Militares. Este fue su último cargo antes de salir del Ejército en julio pasado en medio del escándalo por irregularidades que van desde el desvío de millonarias partidas de combustible hasta la adjudicación de contratos amañados.

El vehículo recibió disparos desde 6 metros de distancia por la parte delantera, derecha y trasera. La operación dejó 12 muertos en total, entre estos Silva y Monroy, civiles a quienes el Ejército reseñó como “daños colaterales inevitables”.

El caso por la emboscada no prosperó en la Fiscalía regional. El fiscal de Caquetá, Kristhiam Hurtado Areiza, después de recoger informes del operativo, dejó una constancia el 24 de agosto. Allí concluye que el proceso debía quedar en manos de la justicia penal militar, donde efectivamente está. Para el investigador, las tropas del Gaula no podían prever la muerte de los dos civiles, dado que la fuente que delató el traslado del grupo criminal no alertó sobre su presencia en el desplazamiento. A Hurtado le resultó claro que el Ejército actuó en cumplimiento de su función y conforme a los actos del servicio.

Sin embargo, llama la atención que el fiscal de Caquetá no tuvo en cuenta que en el operativo murieron tres menores de edad y uno más salió herido. Debió considerar esta situación al evaluar si el caso le correspondía a la justicia ordinaria.

Como el fiscal no ahondó en esas observaciones, el caso quedó en la justicia castrense, concretamente en el Juzgado 66 de Instrucción Penal Militar de Caquetá. Ese despacho realizó su primera actuación en noviembre del año pasado: citó a indagatoria a los siete militares que participaron en el operativo, pero hasta ahora ninguno ha acudido a la cita. Y por estos días los militares implicados están de comisión fuera del país.* (Ver nota al final de artículo)

De otra parte está la historia del adolescente sobreviviente. Su versión ha corroborado que, junto con él, los disidentes reclutaron más menores para integrar este grupo, conformado el 20 de mayo (siete días antes de la emboscada). En su versión a las autoridades, señaló que lo tenían para labores de guardia y que conocía de otros niños reclutados en un campamento. “No sabía qué hacían, pero alcancé a escuchar que ellos (alias Sabajón y Carracas) eran los que ponían bombas para volar las torres, y que amenazaron al alcalde de Florencia”, señaló ante una defensora de familia del ICBF. El menor salió de la emboscada con dos disparos en la pierna derecha, además de esquirlas en el hombro derecho.

Llama la atención que el fiscal de Caquetá no tuvo en cuenta que en el operativo murieron tres menores de edad y uno más salió herido. Debió considerar esta situación al evaluar si el caso le correspondía a la justicia ordinaria.

El relato del sobreviviente, sumado al silencio del Ejército sobre los niños abatidos en la emboscada, genera preocupación. Claramente, las disidencias de las Farc, con su reclutamiento forzoso de menores de edad en Caquetá, configuran un fenómeno mucho más brutal y amplio de lo que el país se imagina. Ese es el principal crimen tras el bombardeo que le costó la vida a otros ocho adolescentes en agosto pasado. No obstante, al tratar de ocultar la información sobre esa barbarie, las Fuerzas Militares cometen un error garrafal.

“Los menores íbamos vestidos de civil”

El día de la emboscada, cuatro menores de edad fueron los últimos en ser montados al campero de estacas del que solo logró salir con vida una persona. En la noche del 27 de agosto del 2018, a los jóvenes los pusieron a hacer guardia a la salida del pueblo y desconociendo cómo o para qué les ordenaron que se montaran al Toyota.

El sobreviviente es un joven de 15 años cuyo testimonio ahora es clave para las investigaciones. Él llevaba algunos meses reclutado forzosamente para integrar un grupo nuevo de disidentes que comenzó a delinquir desde el 20 de mayo. Se hacían llamar los ‘chichipelados’ y eran comandados por Osnar Méndez Galvis, alias Sabajón.

Cuando llevaban algún trayecto de camino en el camión fueron sorprendidos por los tiros. “Primero le dispararon al conductor, ahí se paró el carro, dispararon como media hora más”, relató. Ante una defensora de familia del ICBF el menor aseguró que se desmayó y cuando despertó los soldados lo estaban alumbrando con linternas junto a los cadáveres. “Me desperté y de una vez hablé con ellos y me auxiliaron”.

El menor sobrevivió a dos disparos en la pierna derecha, una fractura y esquirlas en el hombro derecho. Junto a él, viajaba otro menor que llevaba 12 horas como integrante de ese grupo criminal. “No sabía qué hacían ellos, pero escuché que ellos eran los que ponían bombas para volar las torres y amenazaron al alcalde de Florencia”, dijo.

La versión de este joven alerta por la presencia de más menores reclutados en el campamento donde se encontraba. Dice que el día en que fueron atacados, los jóvenes iban vestidos de civil y no tuvieron oportunidad de reaccionar al ataque.

* (Nota aclaratoria) Por un error involuntario este artículo originalmente decía que el funcionario judicial a cargo del juzgado 66 de Instrucción Penal Militar estaba de comisión fuera del país. Esa afirmación es equivocada. Son los militares implicados, y no el juez penal militar, quienes están ausentes en virtud de una misión oficial. SEMANA ofrece excusas por este error y aclara el punto.