El 31 de diciembre la senadora Paloma Valencia hizo pública una carta que inmediatamente se convirtió en noticia. En esta, la congresista aseguraba que desistía de su aspiración a ser la candidata del uribismo a la Alcaldía de Bogotá y que apoyaba a su colega Samuel Hoyos. En esa misiva, sin embargo, había un dato muy relevante que nada tenía que ver con esa contienda.
La senadora aseguró que asumió el compromiso de ser congresista con unos "propósitos concretos". Y enumeró entre ellos, lograr garantías para el juzgamiento de los miembros de nuestra fuerza pública, quienes considera que están amenazados por una justicia politizada como la JEP. También el de lograr que los delitos cometidos contra los menores no puedan ser considerados como conexos al delito político, y no sean susceptibles de justicias transicionales.
Pero el punto que llamó más la atención fue su anuncio frente a la reforma a la justicia: "Tengo que conseguir una reforma integral a la justicia, que acabe con la impunidad de los de cuello blanco y permita el juzgamiento de los aforados. Ojalá una sola corte de magistrados mayores, respetables y sin tacha, que facilite la obligatoriedad del precedente. Una justicia, justa. Irme ahora sin haberlo logrado, o al menos intentado nuevamente, sería fallarle a mis ideales".
La idea de la corte única es quizás la más criticada propuesta del uribismo en ese sector. La propuesta la había soltado el presidente en campaña. En los debates que sostuvo con sus competidores a la Casa de Nariño, Duque había dicho que era necesario abrir la discusión sobre si "realmente tener cinco cortes le sirve a nuestro país, cuando 146 países de 195 de Naciones Unidas tienen corte única. Y los 14 países con mejor desempeño en el índice de imperio de la ley, tienen corte única". La propuesta levantó tal polvareda que Duque tuvo que salir a aclarar que era apenas una idea, pero que en ningún momento pensaba imponer su voluntad si era elegido presidente.
A pesar de que el primer mandatario había dado un paso atrás, su partido no. Y así, una vez comenzaron las sesiones en el Congreso, la senadora Valencia propuso este tema en la reforma a la justicia. La iniciativa tampoco cayó bien y finalmente no pasó en el Congreso. El mismo presidente Uribe zanjó la discusión en su momento con un trino. "Apoyaremos la reforma a la Justicia del gobierno, entendemos que no saldrá la magnifica idea de la senadora Paloma Valencia para que haya una sola corte, pero seguiremos proponiendo la reflexión pública porque los partidos no se pueden agotar", dijo. Por su parte, la ministra de justicia, Gloria María Borrero, calificó la propuesta como "inconveniente".
Al final de la legislatura, el gobierno prefirió retirar la totalidad de esa reforma y volverla a presentar en el próximo mes de marzo. Se espera que se presente un texto más robusto con el trabajo conjunto de las cortes, las bancadas y los ciudadanos.
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"Tengo que conseguir una reforma integral a la justicia, que acabe con la impunidad de los de cuello blanco y permita el juzgamiento de los aforados", senadora Paloma Valencia.
¿Por qué es polémica?
La idea de crear una corte única es quizás el tema más sensible en la rama judicial. La propuesta entraña eliminar todas las altas cortes existentes, las cuales pasarían a ser tribunales, y en cambio se creaba una solo organismo, denominado Tribunal Supremo Constitucional. Como la enemistad del uribismo con las altas cortes es un hecho notorio, la propuesta no se ve con buenos ojos.
Si esta fuera aprobada, en el país dejaría de existir la Corte Suprema que es la que en este momento investiga al expresidente Uribe por la presunta manipulación de unos testigos, y también la que condenó a varios miembros importantes de esa corriente política. En el Centro Democrático siempre han dicho que se trata de una corte politizada y que sus fallos son una persecución. Por otro lado, también se acabaría la Corte Constitucional que fue la que frenó la segunda reelección del expresidente, y que es muy valorada por los colombianos por sus fallos hito, así como por el juzgamiento de cierre que hacen de la tutela.
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La corte única no era lo único que tenía el proyecto de Valencia. Otra propuesta polémica tenía que ver con cambios en el juzgamiento de congresistas y funcionarios aforados. La reforma planteaba una disposición que fue entendida como la resurrección de la llamada inmunidad parlamentaria, norma que había estado consagrada desde la Constitución de 1886, pero que fue suprimida por la Constitución de 1991. Antes, ningún congresista podría ser capturado por orden de un juez sino hasta que el propio Congreso levantara la inmunidad.
El proyecto de la senadora Valencia señalaba que "ningún miembro del Congreso podrá ser aprehendido ni llamado a juicio sin permiso de la Cámara a que pertenezca, durante el período constitucional. En caso de flagrante delito deberán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a disposición de la misma corporación”. Al respecto Valencia explicó: "No se puede permitir que todos los jueces estén mandado órdenes de captura porque eso terminaría muy mal”. Argumentó que "en todos los países democráticos lo que tienen es un procedimiento de eliminación del fuero, ese proceso se llama desaforamiento y eso lo hace el Congreso de la República".
Ante las críticas, en gran parte promovidas por los antecedentes de infiltración en el Congreso de fenómenos como los narcos, los paramilitares o las estructuras de corrupción como Odebrecht, la senadora Valencia tuvo que salir a aclarar que su intención no era revivir la inmunidad parlamentaria y que la redacción de este artículo fue de José Obdulio Gaviria, que por la premura quedó redactado así.
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A menos que en los primeros meses del 2019, la senadora Paloma Valencia consiga consensos con diferentes sectores políticos esta iniciativa volverá a ser enterrada rápidamente, como ya ocurrió en su primer intento. El Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia han hecho sus propias anotaciones al proyecto de reforma que presentará el gobierno este año y mantienen levantada su voz en contra de la creación de esta supercorte.