¿Por qué está tan quieta la agenda legislativa en el Congreso?

Por estos días los pasillos del Capitolio andan más vacíos que de costumbre. Se trata de un fenómeno que, con distintos grados de intensidad, se repite cada cuatro años en la época de elecciones. Durante estos comicios, los políticos se juegan el todo por el todo. 117.830 candidatos aspiran a ocupar cargos de elección popular en el ámbito local y regional. Y los senadores y representantes saben que deben hacer un trabajo político intenso para lograr que sus aspirantes salgan victoriosos este 27 de octubre. 

Sin embargo, líderes de los partidos como Roy Barreras, Angélica Lozano, Juan Fernando Cristo, Rodrigo Lara y otros tantos, han afirmado que la quietud en el Congreso, más que a las correrías políticas de los parlamentarios, obedece a la falta de agenda del gobierno. ¿Qué es lo que realmente está pasando? 

El trasfondo de la situación va más allá del momento coyuntural de las elecciones. Desde su inicio, el gobierno marcó las pautas de una relación tensa con el legislativo que se ha extendido hasta hoy. A su llegada al poder, el presidente se la jugó por cumplir tres de sus promesas de campaña que sentaron las bases de la que sería una época de poco movimiento legislativo: 1) jugársela por no dar mermelada, 2) conformar un gabinete técnico y alejado de la política y 3) modificar los acuerdos de paz.

Temas como los ajustes de fondo a la estructura de la JEP, la prohibición del consumo de drogas, la cadena perpetua para violadores de menores, o la eliminación de la conexidad del narcotráfico con el delito político, fueron mal recibos entre los partidos y marcaron la pauta de la tensión entre el Palacio y el Capitolio. “Estos son proyectos ideológicos y no de solución a los problemas cotidianos de la gente” le dijo a SEMANA la senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano. El gobierno logró sacar adelante asuntos centrales para el funcionamiento del Estado como la Ley de Financiamiento o la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, pero se quedó corto a la hora de alcanzar las mayorías para sus proyectos bandera.

Aunque los miembros del partido de gobierno le atribuyen la mala hora de Duque en el legislativo a su política de no entregar mermelada, esta podría ser el factor menos importante. Esa fue una de las principales banderas del presidente durante la campaña y aún así logró, para la segunda vuelta, concretar los apoyos de todos los partidos tradicionales. Así las cosas, al momento de posesionarse, Duque tenía las condiciones para construir gobernabilidad. Sin embargo, esa posibilidad se fue cerrando con la determinación del presidente de no llamar a los partidos a ser parte del gobierno. El enfoque técnico que Iván Duque quiso darle a su gabinete fue bien recibido en algunos sectores pero en el mundo político no cayó nada bien.

El hecho de que el nuevo mandatario hubiese armado su gabinete con una combinación entre tecnócratas y alfiles del Centro Democrático, empujó hacia la independencia a partidos que con un par de cargos estratégicos hubieran estado dispuestos a hacer parte de la coalición de gobierno como el Liberal o Cambio Radical. “El gobierno ha cometido errores desde el origen. Se metió en el estrambótico modelo de gobernar sin los partidos y eso hizo que tuviera que renunciar a la grandes reformas” le dijo a SEMANA el senador Roy Barreras.

Luego vino el episodio de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP que acabó con las pocas posibilidades que tenía Duque de conformar mayorías. Con esa decisión, en términos políticos, el presidente quedó en el peor de los mundos. Quienes habían votado por el candidato uribista esperando que este hiciera cambios de fondo al acuerdo de paz quedaron inconformes y sintieron que Duque les había incumplido. Por el lado político, las objeciones permitieron la conformación de un bloque multipartidista que salió a defender los acuerdos de paz y que desde entonces sigue poniendo en jaque cada iniciativa que salga de Palacio hacia el Congreso. La unión que se forjó era improbable. Enfilados en contra de Duque en ese episodio estuvieron German Vargas, Gustavo Petro, César Gaviria, los verdes, el Polo, el MAIS, la ASI y prácticamente todos los demás. En el intento de modificar los acuerdos Duque se quedó solo con el apoyo del Centro Democrático y un sector de los conservadores.

Desde entonces, cuando en Palacio empezó a tener claro que las mayorías no estaban su lado, el ritmo y la audacia con la que el gobierno aborda sus pretensiones legislativas ha bajado. Como cada derrota en un tema central tiene un costo político alto, el gobierno ha empezado a adoptar la estrategia, de alguna manera entendible, de no meterse en batallas que con toda seguridad va a perder. Las grandes reformas estructurales como la política, la pensional o la de justicia, han pasado a un segundo plano y la agenda en el Capitolio, más que por el presidente, ha sido dictaminada por el Centro Democrático. Ese no es un problema menor, pues ha quedado claro que Duque es un hombre mucho más moderado y conciliador que varias de las cabezas del ala radical de su partido.  

Esto no solo ha causado tensiones entre el jefe de Estado y el partido que llevó al poder sino que se ha traducido en una dinámica parlamentaria que poco le conviene al país. Al ser el Centro Democrático un partido que adopta posiciones que por muchos son vistas como radicales, sus apuestas legislativas suelen estar enfocadas en temas que, además de no tener posibilidades de ver la luz en el Congreso, generan polarización. Apuestas como modificar la estructura de la JEP, crear una sala especial para los militares, o cualquier otra intención de cambio a los acuerdos de paz quedaron sin apoyo en el Capitolio y coparon la agenda del primer año de gobierno.

Para el segundo año, en el que el presidente tendrá que concentrarse en las reformas de fondo, el panorama de la gobernabilidad sigue siendo incierto. Hoy están pendientes la reforma pensional, la reforma política, la reforma a la justicia, y está por verse si se hará necesario tramitar una nueva ley de financiamiento. Un paquete legislativo de ese trasfondo y de esa envergadura necesitará de unas mayorías sólidas para salir adelante. Para llegar a eso el gobierno tiene dos caminos: llamar a los partidos a gobernar o sumar apoyos a punta de consensos en el parlamento.

Sin embargo, las dos opciones tienen complicaciones. Por el lado del gabinete, desde hace meses se viene rumorando que habría relevos en carteras como la del Interior o de Defensa pero por lo pronto el presidente ha seguido la línea de mantener a sus ministros. Además, ya no es claro que los partidos estén dispuestos a subirse al bus en este punto del camino.

Si Duque se mantiene en la idea de gobernar con un equipo de la entraña del uribismo, la carta que le queda por jugarse es la de buscar las mayorías convenciendo a los parlamentarios a punta de discurso. Ese tampoco es un camino fácil pues el Centro Democrático es su agente en el Congreso y todo indica que para el segundo año ese partido volverá a apostar por proyectos que polarizan. Con temas como la Ley Arias, la cadena perpetua para violadores de menores, la propuesta para revocar los fallos de la Corte Constitucional vía referendo, o la no conexidad de los delitos sexuales con el delito político, será muy difícil que el presidente pueda marcar su agenda propia en el Congreso.

Aunque esas serán las principales apuestas del Centro Democrático, el gobierno ha dejado saber que su atención legislativa estará enfocada a la lucha contra la corrupción. “Vamos a concentrarnos en generar los consensos necesarios para sacar adelante los proyectos que salieron de la mesa de concertación con los partidos que tuvo lugar luego de la consulta anticorrupción. El gobierno hará todo lo que en sus manos esté para sacar adelante esta agenda que significa un cambio fundamental en las costumbres políticas del país y un paso muy importante en la lucha contra la corrupción” le dijo a SEMANA la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutierrez

En este punto del camino, el presidente tiene en sus manos una decisión difícil. Tendrá que elegir entre llamar a los partidos a gobernar, a riesgo de herir susceptibilidades en el uribismo, o quedarse con el Centro Democrático y los conservadores como su principal apoyo. Lo primero, tiene el riesgo de alejar a Duque de su base electoral, pero abriría la puerta para que él marque una agenda propia en el Congreso. Lo segundo, daría un aire de calma en el uribismo pero pondría en el peligro las mayorías para sacar adelante las grandes reformas.